Las esperanzas puestas en el trabajo de la Convención Constitucional que ya sesiona están centradas en la construcción de un Chile más justo, equitativo e inclusivo. Al menos esos fueron algunos de los discursos que se levantaron desde el 18 de octubre en adelante y que dieron origen a este proceso inédito que vive el país.
Aunque la inclusión es un ideal ético, también supone prácticas concretas y específicas destinadas a promover el reconocimiento de las diferencias que existen en una sociedad. Sin embargo, en la base de este ideal debe existir la voluntad de otorgarles legitimidad a tales diferencias y a quienes encarnan la diversidad, principalmente colectivos minoritarios.
Es indiscutible que la sociedad chilena ha logrado avanzar en el reconocimiento de las diversidades, en especial en el reconocimiento y mayor valoración hacia los pueblos originarios, los grupos LGTBIQ+, los extranjeros, las personas en situación de discapacidad y otros segmentos de la población que hoy reclaman sus derechos ciudadanos en igualdad de condiciones. Incluso más, muchos de estos colectivos tienen presencia al interior de la Convención, lo que de alguna forma permite albergar esperanzas en torno a que sus demandas –tanto históricas como actuales– sean incorporadas en la nueva Constitución.
Sin embargo, poco se ha dicho de la migración y, mucho menos, de la infancia migrante. La OCDE ha definido a niños, niñas y adolescentes migrantes como un grupo de máximo riesgo social, haciendo hincapié en la necesidad de definir políticas públicas para su apoyo específico, debido a la doble vulnerabilidad que encarnan: aquella que deriva de su condición de menores de edad y la que se añade por su estatus migrante.
La niñez en una sociedad adultocéntrica se configura como una posición subalterna desprovista de carácter político, donde las y los niños han sido construidos socialmente como sujetos incompletos, pasivos y frágiles por su etapa cronológica. Esto implica que la voz de niños, niñas y adolescentes no se considera, pues no se estima que sean sujetos de derecho y, por lo tanto, no se promocionan condiciones idóneas para desarrollar su participación activa dentro del proceso constituyente. Por otro lado, considerando múltiples investigaciones educativas, la niñez migrante está mayormente expuesta a diversos tipos de vulnerabilidad, riesgos de deserción escolar, discriminación racial y violencia sexual. Todo esto además se intensifica en un contexto donde la migración es abordada desde una lógica centrada en el control y la seguridad, no en un enfoque de derechos.
En este escenario, se vuelve necesario y urgente contar con políticas y normativas que consideren los derechos de niños, niñas y adolescentes como ejes de acción de los Estados, en especial en el ámbito educativo, debido al rol de este en la producción de sentido, de pertenencia e inclusión, la transmisión de actitudes cívicas y valores democráticos.
Como integrantes del Grupo de Investigación e Intervención en Educación (GRIINTE), y desde las evidencias que hemos generado en nuestro trabajo, somos conscientes de la necesidad de abordar estos temas, en especial sobre los modelos de gestión de la diversidad, las estrategias de acogida para niños, niñas y adolescentes migrantes, el trabajo con la diversidad lingüística, los cambios curriculares para avanzar hacia una perspectiva intercultural, y el reconocimiento de derechos sin condiciones para este grupo de especial protección.
En ese sentido, abogamos por la necesidad de resolver aquellas problemáticas más urgentes para la infancia migrante, desde diversos ámbitos y con múltiples actores involucrados. Si bien reconocemos que el país ha progresado en este ámbito, tenemos la convicción de que es preciso aprovechar esta oportunidad histórica que hoy vivimos, en especial cuando la Convención Constitucional tiene la misión de diseñar nuevas reglas para el país que ponen en juego normas de convivencia, derechos, deberes y, por supuesto, la posibilidad de sentar las bases para la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.
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