Es corriente escuchar, en diversos medios de comunicación, a directivos empresariales y gremiales una queja amplia y generalizada por la incertidumbre, la falta de previsibilidad, el no respeto a las normas y la creciente judicialización de los conflictos socioambientales, entre tantas otras demandas. También es habitual que en los territorios, continua y crecientemente, se objeten proyectos y operaciones, ya sea por contaminantes, por la mala calidad de evaluación de sus impactos –en especial los sociales–, por la nula participación e incidencia de los afectados, por las externalidades negativas para las comunidades donde se insertan o, derechamente, porque su operación obstruye o daña capacidades productivas de los territorios y sus habitantes.
Así, es afirmación habitual que en Chile el derecho no logra dotar de legitimidad a sus mandatos y normas. En rigor, enfrentamos una crisis profunda de legitimidad para la operación y proyectos de empresas en los territorios.
El promedio de inversión no materializada, proveniente del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), es decir, proyectos nuevos y en disputa judicial de los últimos seis años, es de US$ 9.736.000, con un aumento de 250% del número causas. La estadística pública del INDH y la CPC es contundente y acredita aumento del número de conflictos socioambientales no resueltos y la acumulación de stock de inversión no materializada y en disputa en tribunales de justicia.
No solo se discute sobre operaciones y proyectos y sus impactos, sino también respecto de un concepto fundante de la convivencia social y del Estado: la legitimidad de la norma estatal vinculada a la legitimidad social o material, es decir, al acatamiento voluntario libre y consciente de los habitantes del territorio, sean individual o colectivamente considerados. Nuestra crisis entonces es, además de política, económica y social, también de legitimidad.
Revisaremos en particular la situación de la empresa entendida como organismo con pertenencia e impacto social en esta crisis global.
Frente a esta realidad visualizamos que empresas y proyectos tienen dos caminos principales y opuestos. Una primera vía: detenerse, evaluar y esperar, postura que tiene el beneficio aparente de no arriesgar más recursos. El problema es que no se sabe con certeza la extensión y duración de los principales cambios y ajustes en materia constitucional y/o legal. Sí sabemos que serán varios años y es muy probable que no se vuelva nunca a una situación de estabilidad completa.
La segunda opción es conectar con las nuevas realidades sociales y territoriales, tomar la iniciativa y actuar. Partir por reconocer el cambio sideral y de época que ha vivido la sociedad chilena en el último tiempo, abandonar la queja o la frustración con la realidad social producida. Chile de hoy transita con rapidez hacia una sociedad multicultural, multiétnica, paritaria, territorial, igualitaria, laica y horizontal. Una sociedad emergente que desafía nuestros relatos hegemónicos y unitarios propios de la formación y consolidación de la República. Esta nueva sociedad emerge y se manifiesta en forma específica en cada pueblo y territorio y en muchos casos ha construido identidad en la impugnación del actuar de empresas y proyectos.
Empresas y organizaciones conectadas en los territorios en disputa permitirían generar un camino hacia la construcción de legitimidad reclamada por empresas y organizaciones, hoy objetada activamente en los territorios.
Si reconocer es lo primero, un segundo paso es generar una estrategia consensuada basada en la nueva realidad territorial y social. No dar por sentado nada de lo hecho previamente y revisar con ojos críticos y nuevos en especial los vínculos comunitarios e impactos sociales y ambientales, atendiendo que la crisis de legitimidad afecta también los representantes de organizaciones sociales, fuertemente cuestionada por sus representados. El conjunto de planes, programas que impactan al territorio, muchos construidos unilateralmente, hoy deben pasar por un test intenso de legitimidad. Hoy la escucha activa puede permitir reorientarlos o reformularlos desde y por los territorios.
Hace poco una transnacional, Nestlé, anunció que sacaría del mercado su famosa marca “Negrita”, rebautizándola como “Chokita”, así muy rápido. Innumerables fallos de la Corte Suprema han impugnado proyectos y actividades productivas en el territorio, en ambos casos, por lejanos que parezcan, hablamos sustantivamente de lo mismo: legitimidad, sea de una marca, potencialmente percibida hoy día como discriminadora, peor aún, racista, y de actividades productivas que en el fondo reciben reproche de ilegitimidad de nuestro máximo tribunal. Marketing y fallos judiciales fundando decisiones desde sus respectivos ámbitos, en la legitimidad sea de un nombre o de la viabilidad de un proyecto u operación. Le toca a la empresa y organizaciones comprender, proponer y responder.
La controversia es clara, se extiende por todo el territorio de Chile hace largo tiempo, parece que este el momento adecuado para que empresas y proyectos busquen caminos de comprensión y entendimiento.
La queja puede abrir paso a la escucha activa. Para que empresas y proyectos pasen a ser constructores de legitimidad social y material en cada uno de los territorios en que actúan e impactan con sus operaciones. Junto a las personas, sus comunidades y organizaciones.
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