Un juez de control decretó este 1 de octubre la prisión provisional contra Javier “N”, acusado del asesinato del activista Samir Flores Soberanes y detenido el jueves 30 septiembre en Cuatla, Morelos.
El sospechoso se encontraba ya en la cárcel acusado de un delito de venta de drogas y otro de intento de homicidio, por intentar presuntamente matar a los policías que trataron de arrestarlo en julio de 2020, según confirmaron fuentes oficiales a Animal Político. La audiencia se reanudará el próximo miércoles, cuando el juez deberá decidir si vincula o no a proceso al sospechoso por homicidio calificado. Según anunció el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, hay todavía otras dos órdenes de aprehensión pendientes.
Prisión preventiva contra presunto homicida de Samir Flores
•Será la próxima semana cuando se desarrolle la audiencia de vinculación a proceso
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— FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 1, 2021
Javier “N” llevaba bajo custodia desde julio de 2020, un año y cinco meses después del asesinato de Samir Flores, indígena náhuatl y opositor al proyecto de termoeléctrica en Morelos. Las autoridades no confirmaron desde cuándo tenían sospechas de que él podía ser uno de los posibles autores materiales del atentado, pero no lo capturaron hasta un año y dos meses después de su primer arresto. Los investigadores trataban de poder dar caza a los otros dos sospechosos y el Ministerio Público podría emitir una orden de búsqueda u ofrecer una recompensa, aunque según publicó La Jornada, uno de ellos habría sido asesinado en enero de 2020.
Estas tres personas serían las autoras materiales, las que el 20 de febrero de 2019 acudieron al domicilio de Flores Soberanes en Amiltzingo, Morelos, preguntaron por él y cuando estaba en el exterior dispararon cuatro tiros con dos armas diferentes, para luego dejar una cartulina en el suelo.
David Peña, abogado que acompaña a la familia de la víctima, insiste en que detrás del atentado hay un móvil político y económico que está quedando probado en la carpeta de investigación. Frente a las palabras del fiscal Carmona Gándara, quien dijo al anunciar el arresto que no había indicios que vinculen el homicidio con la actividad política de la víctima, sus abogados aseguran que el móvil ha quedado acreditado en la carpeta de investigación. Según dijo Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, hay testimonios y análisis de contexto que explican el asesinato por los “perjuicios económicos y políticos” que la acción del activista estaban causando.
“El crimen es propiciado por el activismo que tenía Samir. Es un crimen que va en contra de su trabajo como defensor de derechos humanos. Hay motivaciones políticas y económicas, que es lo que se está determinando en la investigación. Hay que analizar qué intereses se vieron afectados y qué motivó que se solicitara la ejecución”, dijo David Peña en conferencia de prensa.
Policías vinculados a grupos delictivos
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos hay testimonios, reportes de inteligencia, análisis de contexto y dictámenes policiales que apuntan a la responsabilidad del ahora detenido en el asesinato. En la audiencia celebrada en Cuautla se escucharon también testimonios que vinculan a policías municipales de Temoac con grupos delictivos, especialmente con aquel al que pertenecía Javier “N”.
Esta es una línea de investigación que todavía se trabaja. “Varios de los policías municipales de Temoac tienen vinculación con grupos criminales. Hay policías municipales vinculados con este grupo (el del ahora detenido, del que no se ofrecieron más detalles). Ya no hay seis líneas de investigación, solo hay la de su activismo, pero hay varias sublíneas que se tienen que seguir investigando”, afirmó el abogado.
La presencia de estos grupos delictivos en la zona y el hecho de que dos de los tres presuntos autores materiales sigan libres llevó al abogado a solicitar medidas de protección, tanto para la familia de la víctima como para los integrantes de la plataforma que se pone el Proyecto Integral Morelos, un plan energético que cuenta con una termoeléctrica en Huixtla y un gasoducto.
El asesinato de Flores Soberanes se produjo días antes de una consulta organizada en la zona sobre la continuidad del proyecto de termoeléctrica. Tras el homicidio, los movimientos sociales pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que diera un paso atrás y paralizara el referéndum. Finalmente la votación se llevó a cabo y dio el “sí” al proyecto aunque sin la participación de los principales afectados.
A pesar de los avances en la investigación, hay sospechas entre los activistas que acompañaban a Flores Soberanes. “Exhortamos, exigimos a la Fiscalía que de un trabajo serio, que no lo ha dado en todo este tiempo. Nada nos asegura que se den investigaciones para saber los verdaderos responsables, porque estos son los niveles más bajos”, dijo Juan Carlos Flores, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
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