#MiTerritorio: un nuevo desafío con responsabilidad compartida



En las circunstancias actuales, el reto de administrar una comuna en la zona sur del país tiene, entre muchos otros desafíos, el de gestionar y planificar los acelerados cambios demográficos, económicos, sociales y medioambientales que estamos viviendo. Esto ocurre en medio de fenómenos globales inéditos, como la pandemia COVID-19 o la crisis climática, que golpean con mayor fuerza a ciertos territorios, y que nos obligan a replantear la forma en que pensamos y hacemos  políticas públicas. En esa línea, esta reflexión pretende evidenciar y reunir aquello que a los municipios nos falta para hacernos cargo de este desafío.
Siendo una de las comunas con el mayor aumento de subdivisiones prediales de Chile, el caso de Puerto Varas es bastante ilustrativo del complejo presente que están sufriendo varias comunas en el sur del país. Desde 1982 el crecimiento demográfico de esta comuna ha sido de un 204%, esto sin considerar la explosiva migración post-COVID-19 entre 2020 y 2021 que aún no está cuantificada. En el contexto de la tan ansiada descentralización, esto debería significar una gran noticia, sin embargo, definitivamente la zona sur no está preparada para esta súbita presión. Al no contar con los instrumentos de planificación territorial necesarios o los servicios básicos requeridos, estamos, a lo menos, al borde del colapso.
El resultado de esta ecuación es múltiple y sistémica en varias comunas sureñas: en el sector urbano, estamos evidenciando una acelerada densificación en altura, y en los sectores rurales, un cambio exponencial de suelo agrícola a residencial, mediante subdivisiones de terrenos agrícolas en parcelas de agrado. ¿Qué impactos está trayendo esto?
Por lo menos en Puerto Varas, el parque automotriz aumentó explosivamente y, en consecuencia, el flujo vehicular comunal e intercomunal se ha multiplicado sin inversión en infraestructura vial o sistemas de transporte público, con una congestión vehicular creciente y nunca antes vista.
También el sistema sanitario se ha visto desbordado: la mayor demanda se complementa con una escasa inversión en manejo de aguas lluvias, colapsando los colectores y contaminando nuestros cuerpos de agua. En paralelo, el precio del suelo se ha disparado, acrecentando el déficit de viviendas sociales y excluyendo a muchos vecinos y vecinas que no pueden costear una vivienda en su propia y encarecida ciudad. En las zonas rurales, el desregulado mercado inmobiliario rural vende terrenos sin contemplar zonas de riesgo, áreas de alto valor ecológico o necesidades básicas de los nuevos habitantes, como, por ejemplo, el retiro de residuos domiciliarios, que solo en Puerto Varas ha aumentado un 30% respecto al año 2020, incluso la provisión de agua potable para las familias es otro de nuestros desafíos latentes. Por muy extraño que suene, en comunas lacustres en las cuales supuestamente sobra el agua, estamos repartiendo y racionando agua con camiones aljibe, con múltiples pozos profundos que se secan en verano.
Esta cruda realidad no ocurre solo en Puerto Varas, de hecho es una preocupación de varios alcaldes y alcaldesas que vemos cómo la migración entre regiones provocada por la pandemia y la crisis climática nos pone desafíos para los cuales no tenemos herramientas, atribuciones, ni recursos suficientes. El país se está descentralizando demográficamente y, para responder a esta nueva realidad, debemos descentralizar también la mirada y enfocarla hacia una gestión sostenible de los territorios.
A quienes nos toca buscar soluciones desde los gobiernos locales, estamos enfocados en la construcción de #MITerritorio, una instancia de gobernanza local, donde desde la planificación territorial y la gestión intersectorial buscamos responder a las urgencias pero con mirada de futuro.
Entonces la pregunta es: ¿qué necesitamos para eso? Primero, que desde el nivel central se evalúen nuevos y mejores instrumentos de planificación territorial de carácter normativo. No solo de las zonas urbanas sino también rurales, que nos permitan corregir aquello que hoy requiere no solo de más y mejor coordinación intersectorial, sino además de una real conciencia sobre lo que produce la migración pospandemia que ha profundizado el colapso de varias comunas. Si el SAG tiene la atribución para aprobar parcelaciones, parece inconcebible que el Minvu no se entere y que los municipios tomemos conocimiento cuando tenemos nuevos vecinos instalados a quienes debemos atender.
Este es solo un ejemplo, pero en ese mismo sentido, somos varias las autoridades comunales las que nos preguntamos si en el nivel central se está haciendo el análisis de lo que institucional y legalmente se debe adaptar a partir de los aprendizajes que nos deja la pandemia. Porque es cierto que la planificación de un territorio no pasa solo por establecer un nuevo Plan Regulador Comunal o un Plan de Desarrollo Comunal, sino pasa también por modificaciones legales, por presupuestos que se ajusten a la especificidad y requerimientos emergentes de los territorios.
Construir #MITerritorio es una tarea de las comunidades, de la academia, de las organizaciones, de los actores públicos y privados. Desde Puerto Varas estamos iniciando ese trabajo, empoderando a las comunidades locales para la toma de decisiones y la construcción participativa en los territorios. Sin embargo, en tiempos de transformaciones sociales y políticas, necesitamos que desde todos los roles del Estado se abra una conversación que nos lleve a un camino que nos permita cumplir nuestro rol con herramientas, mecanismos y recursos para un habitar digno, coherente con el nuevo Chile al que todos aspiramos y que sea un legado de vida sostenible para los que vendrán.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



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