Hasta hace unos años, en el mercado de capitales se tenía la idea de que el único aspecto importante para la sostenibilidad de una compañía eran los beneficios económicos. Esta suposición ha ido cambiando a lo largo del tiempo, en particular con la irrupción de la “generación de los valores” o millenials, llegando a la concepción de que los factores ESG —medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, según sus siglas en inglés— son igual de importantes para asegurar la viabilidad de largo plazo de una sociedad.
Dichos criterios han sido incorporados de forma histórica por Feller Rate dentro de sus clasificaciones de solvencia, desde la perspectiva de cómo los riesgos y oportunidades de las variables ESG pueden afectar la capacidad y voluntad de una entidad para cumplir con sus compromisos financieros. Por otra parte, estos han tomado particular importancia en nuestro país, donde el cambio climático es una realidad cada vez más apremiante, con una contingencia social que derivó en el proceso de construcción de una nueva Constitución y donde el avance de la pandemia —que exacerbó los problemas sociales existentes— generó una revisión a los principios de gobierno corporativo.
En este escenario se enmarca el auge de los bonos verdes, sociales y sostenibles. El nacimiento de estos se remonta al año 2007, con los primeros bonos verdes —los de mayor ponderación dentro de los bonos ESG—, bajo la premisa de que los ingresos obtenidos con la emisión se utilizarían para el financiamiento de iniciativas o proyectos ecológicos.
Si bien la mayoría de los primeros bonos verdes fueron emitidos por bancos de desarrollo y usados para proyectos no dañinos para el clima y el medio ambiente, con el paso del tiempo el mercado creció y el número de bonos verdes también. De esta forma, en los primeros seis meses de 2021, estos instrumentos se emitieron en 29 monedas y 49 países (hace cinco años, estaban disponibles en 16 monedas y 24 países), con una emisión general que alcanzó cerca de US$ 294.000 millones, cifra próxima a los US$ 309.000 millones emitidos durante todo el año 2020 y muy por sobre los US$ 35.000 millones que figuraban en el año 20141.
En el caso de nuestro país, en 2017 CMPC se convirtió en la primera compañía chilena en emitir un bono verde en el extranjero, por US$ 500 millones a 10 años plazo.
A ella se han sumado, con emisiones nacionales o internacionales, Aguas Andinas, Esval, AES Gener y Celulosa Arauco y Constitución, entre otras, y se espera que, dada la tendencia global, sean cada vez más las compañías y las emisiones que se realicen utilizando este tipo de instrumentos.
En el contexto actual, los bonos ESG representan una opción atractiva no solo para inversionistas, sino también para los emisores. Para estos últimos, dichos instrumentos contribuyen a generar un mayor reconocimiento dentro de sus grupos de interés, junto con entregar mejores oportunidades de mercado. De esta manera, a medida que el mercado de bonos ESG crezca, las empresas verán aumentado su acceso al mercado de capitales, pudiendo acceder a condiciones más favorables que las observadas en el mercado más usual, como ya se ha visto en este tipo de colocaciones.
Como reflejo de ello, en marzo de 2021, el Ministerio de Hacienda informó la primera emisión de un bono sostenible de la República de Chile por US $1.500 millones, con una tasa de colocación del 3,5%, la más baja conseguida por un soberano a través de un bono Formosa. Asimismo, la operación consiguió el menor spread entre emisiones soberanas de economías emergentes en el plazo de treinta años, desde que inició la pandemia.
En tanto, las compañías podrían ver disminuidas las probabilidades de verse afectadas por cambios tributarios o mayor regulación respecto de dichos temas, lo que se torna particularmente importante ante las modificaciones esperadas en la nueva carta magna.
Ahora bien, a pesar de que en los últimos años se ha incrementado de forma relevante la emisión de este tipo de instrumentos, hay quienes afirman que no son más que una herramienta de greenwashing, o lavado en verde, donde las firmas o los gobiernos no cumplen sus supuestos compromisos ecológicos, sociales o de gobiernos corporativos. A ello, se suma el hecho de que, hoy en día, las distintas emisiones no están sujetas a los mismos estándares de cumplimiento ni de seguimiento.
Por lo anterior, si bien para un instrumento ser catalogado como “verde” podría reportar ciertos beneficios, la relevancia de estos estará sujeta al grado de cumplimiento e impacto que realmente sean capaces de demostrar los emisores.
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