Académico Pablo Soto: «es difícil pensar en la sobrevivencia del Tribunal Constitucional como institución»



Incertidumbre sobre el futuro del Tribunal Constitucional expresa el académico Pablo Soto, quien junto a su colega Viviana Ponce de León acaba de editar un libro sobre el tema.
Consultado sobre la supervivencia del tribunal en el marco de la nueva Carta Magna, Soto expresó que probablemente sea necesario establecer algún mecanismo de control de constitucionalidad de la legislación, “aunque es difícil pensar en la sobrevivencia del Tribunal Constitucional como institución luego de que el país experimentara su modelo de funcionamiento”.
“Cualquier nuevo diseño institucional requerirá separar la política del órgano de control, así como establecer regulaciones claras sobre la deferencia hacia el legislador, promoviendo, además, mecanismos de decisión que impidan decisiones partisanas como las que se han apreciado en los últimos años en el Tribunal Constitucional”, señaló.
Como causa la situación, Soto apunta a los cuestionamientos se refieren a que el Tribunal Constitucional ha excedido su ámbito de control y actúa como un actor político a cargo de ejecutar el programa ideológico detrás de la Constitución de 1980, defendiendo la subsidiariedad, la primacía del interés privado (en especial de aquellos con mayor poder económico), así como la restricción de la acción estatal en materias que pueden estar plenamente justificadas, como aconteció cuando el Tribunal declaró inconstitucional gran parte del proyecto que fortalecía al Sernac para proteger los derechos de los consumidores.
“Es cuestionable, asimismo, la visión limitada que sobre los derechos humanos tiene ese órgano, su interferencia en las causas relativas a delitos de lesa humanidad de la dictadura y su falta de deferencia con el legislador democrático”, remató.
Fallos y prácticas
La obra “El Tribunal Constitucional frente al proceso constituyente” (Thomson Reuters Chile) busca poner de relieve el vínculo entre los fallos y las prácticas del Tribunal Constitucional con la crisis institucional y política del país, y aportar al debate sobre el diseño del sistema de justicia constitucional en el marco del proceso constituyente en curso. Fue lanzada el pasado viernes.
El texto comprende catorce ensayos elaborados por dieciocho integrantes de la Red de constitucionalistas por la Nueva Constitución Social y Democrática (Red•CON), conformada por un grupo de académicas y académicos de Derecho público durante el año 2020, con el objetivo de trabajar por una nueva Constitución de carácter social y democrático.
“El origen del libro está en la necesidad de contribuir al proceso constituyente desde la academia en un asunto fundamental como es el control de constitucionalidad de la ley”, señala Soto, doctor en Derecho por la Universidad Diego Portales y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile.
“Quienes escriben en el libro, entre ellos cuatro convencionales constituyentes, han trabajado desde hace varios años en un diagnóstico crítico sobre el Tribunal Constitucional, y faltaba una obra colectiva que documentara las razones por las cuales esa magistratura ha perdido legitimidad, algo que se ha acentuado en los últimos años, a medida que el Tribunal interviene más intensamente y de forma política en cuestiones de interés público que afectan la vida y los derechos de las personas”.
Extralimitación
Como se indica en la introducción de la obra, el Tribunal Constitucional ha aportado decisivamente a la crisis de legitimidad del orden institucional y ha mostrado “una tendencia sistemática a extralimitarse en el ejercicio de sus funciones”.
Así sucedió tratándose del aborto en tres causales, donde ese órgano creó una objeción de conciencia institucional que no estaba presente en la ley; cuando eliminó la posibilidad de que el Sernac impusiera multas a los proveedores que no cumplieran la regulación el consumo; o cuando redujo las multas en el Caso Cascadas. Esta última sentencia, además, es una demostración de que el Tribunal Constitucional se transformó en una instancia de litigio ordinario que especialmente ha favorecido a grupos aventajados.
Los ensayos abarcan tres áreas. En la primera, se examinan ciertas prácticas del Tribunal Constitucional, como su activismo político, la relación con el lobby, la resistencia al derecho internacional de los derechos humanos, y la paralización de los juicios contra agentes de la dictadura (Capítulos 1 a 4).
Enseguida, se analizan los pronunciamientos de la magistratura en materia de derechos fundamentales: la defensa que ha hecho el Tribunal Constitucional de la conexión entre heteronormatividad y familia, el rechazo a la titularidad sindical, el mercado de acceso a la justicia constitucional, el reconocimiento de la mujer, y el derecho a la educación (Capítulos 5 a 9).
Finalmente, se critica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el rol del Estado, a propósito del caso Sernac, del reglamento para la objeción de conciencia en el aborto, de cuestiones medioambientales, la inconstitucionalidad de las modificaciones al Código de Aguas, y la inconstitucionalidad de la reforma constitucional por el retiro anticipado de pensiones (Capítulos 10 a 14).
Para sus autores, se trata de una obra que permite entender la trayectoria del Tribunal Constitucional hacia su propia crisis. Ese camino es, al mismo tiempo, lo que justifica hacer cambios profundos en la justicia constitucional de la Nueva Constitución.



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