El pleno de la Corte invalidó, por mayoría de 8 votos, la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas.
El Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, que fue uno de los que votó a favor por la invalidación, advirtió que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos. Aseguró que es “inconvencional” y no es posible estar ampliando delitos que la ameritan aún cuando se considere que ponen en peligro la seguridad nacional.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la constitución sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, señaló durante la sesión del pleno de este lunes.
El asunto llegó a la Corte luego que senadores de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusieran una acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de las reformas al artículo 5, fracción XIII de la Ley de Seguridad Nacional; el artículo 167 párrafo séptimo, fracciones I, II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el Artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.
Con estos cambios, que ya había sido publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2019, el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados ameritaban prisión preventiva oficiosa.
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