Gobierno del Presidente Piñera debilita el área Penal del Consejo de Defensa del Estado justo cuando le toca enfrentar más casos de corrupción



Precariedad reclaman abogados del área Criminal del CDE. Dicen que están sobrepasados, que cada vez tienen menos abogados y la demanda de trabajo es creciente, sobre todo con los nuevos casos de corrupción que hay que atender, en representación del Fisco de Chile, como los casos vinculados a las corporaciones municipales de varias municipalidades, y la investigación por corrupción contra el Presidente de la República por el caso del complejo minero/portuario Dominga. 
También reclaman el excesivo criterio político para tomar decisiones, sobre todo por el control que ejerce en el Comité Penal, conformado por tres miembros, el abogado presidente del CDE, Juan Peribonio (RN), que no es penalista, que fue designado por el Presidente Piñera y es de extrema confianza suya, quien es secundado en todo por el abogado penalista –también vinculado a la derecha- consejero Daniel Martorel, dejando así en completa minoría a la abogada penalista y también consejera María Inés Horvitz, cercana al Partido Socialista. 
Respecto a varias causas contra funcionarios municipales aún falta que el Ministerio Público entregue al CDE los antecedentes necesarios para que éste pueda decidir si ejerce acciones penales en representación del Fisco de Chile, o no. En el caso de la Municipalidad de Vitacura y sus corporaciones municipales, todo se ha atrasado, dada el secreto de la investigación decretado por el fiscal a cargo, que aún dura. 
Y en el caso contra el Presidente de la República por el caso minero/portuario Dominga, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a quien le fue entregada la investigación por el Fiscal Nacional Jorge Abbott, aún no ha entregado al CDE información suficiente para que éste pueda tomar una decisión, ni tampoco se ha juntado con la abogada del CDE Luppy Aguirre, encargada del tema. En todo caso, se ve difícil que el CDE –más allá de la protección al Presidente Piñera que le prestan los consejeros del CDE Juan Peribonio y el recientemente designado Alberto Espina- pueda ejercer acción penal contra el Jefe de Estado, porque las acciones penales, aún en el evento de haber existido hechos delictivos, estarían prescritas. 
El tema de la prescripción es una valla difícil de sobrepasar en casos con hechos ocurridos por más de 10 años atrás, como son estos, ocurridos durante el primer gobierno del Presidente Piñera.  Según detallan fuentes al interior del CDE, el principal obstáculo son las maniobras de protección y ocultación llevadas a cabo por el ex fiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra, el que durante la investigación contra el subsecretario Pablo Wagner, no mencionó ni se amplió a las conductas de Sebastián Piñera, no obstante los antecedentes que ya existían, como los sobornos a Wagner por Délano y sus socios, y el hecho que Sebastián Piñera fue quien nombró en el cargo a Wagner, y lo mantuvo en su cargo contra viento y marea. Guerra sacó a Piñera del “escenario”, acotando todo en Wagner, y dejando en la formalización y posterior acusación solo delitos tributarios cometidos por el subsecretario de Minería, excluyendo de su formalización los delitos de soborno y cohecho, con los que se debería haber investigado al Presidente de la República y a los otros dueños de Dominga. Y respecto a Exalmar –donde se hace referencia tangencial a Dominga- se hizo sobreseimiento definitivo, que clausuraría la posibilidad de reabrir ese caso, candado puesto también por Guerra. 
Los antecedentes nuevos (el contrato en inglés con cláusula de tercer pago, dado a conocer por el consorcio mundial de periodistas de investigación) podría dar para una querella criminal contra Sebastián Piñera, pero el candado puesto por el ex fiscal Regional Manuel Guerra lo hace difícil, jurídicamente hablando. Podrían declararse inadmisible la querella.
Seguramente la decisión sobre este tema la tomará primero el Comité Penal del CDE, y luego deberá decidir el Consejo del CDE en pleno, donde actualmente la derecha tiene mayoría.
El informe emitido Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía Nacional entiende que no hay cosa juzgada, pero establece que el delito no está claro, porque no hay antecedentes concretos de que Piñera haya dado instrucciones concretas para que la zona donde se emplazaría Dominga no sea declarara –por Decreto- zona de protección ambiental, o realizado algo concreto para impedirlo (alguna instrucción o algo así). 
En cuanto a los casos de corrupción en las municipalidad, especialmente las controladas por la derecha en el barrio alto, a las que debe sumarse La Florida, solo en este último caso el CDE ya presentó querella (el 25/10), pero no lo hizo contra el alcalde Carter propiamente tal, sino que contra “todos los que resulten responsables” de los hechos ilícitos denunciados, lo que le quita peso jurídico y político, pero así lo decidió el Comité Penal del CDE, liderado por Juan Peribonio (RN).
En el caso de las corporaciones de la comuna de Vitacura, donde el principal inculpado es el ex alcalde Raúl Torrealba, el CDE aún no ha recibido los antecedentes desde la Fiscalía, porque el fiscal a cargo de la investigación declaró el secreto de la investigación, situación que aún se mantiene así.
La (Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda no ha permitido al CDE ampliar su planta de abogados penalistas ni tampoco reemplazar a los que se han ido, por distintos motivos. Por reducción presupuestaria, política de austeridad o por un empeño de reducir al máximo el Estado.
Hoy faltan 4 abogados penalistas, sea por jubilación o por renuncia, a los que deben sumarse los que están con licencia médica, los cuales tampoco pueden reemplazarse por falta de presupuesto para ello.  Es más, después de muchos meses, recién hace pocos días la Dipres entregó las platas para reemplazar a los 4 abogados penalistas de la planta que faltan. 
A lo que debe agregarse los malos sueldos a los abogados penalistas, por lo que varios están buscando otros horizontes mejor pagados, quitándole así musculatura al CDE, la oficina de abogados del Estado de Chile, justo cuando proliferan los casos de delitos cometidos contra el erario nacional. Menos musculatura para perseguir la corrupción.
Abogados mal pagados en CDE, que en teoría no tienen dedicación exclusiva, pero que en la práctica no tienen tiempo para nada más, por la sobrecarga de trabajo, y audiencias eternas en los juzgados de Garantía (como referencia, los abogados del CDE ganan mucho menos que los fiscales que participan en esas mismas audiencias).
Para colmo, dicen las fuentes al interior de CDE que ha generado mucha molestia al interior del organismo, el Presidente de la República nombró como consejero al abogado Alberto Espina, que siempre se dedicó a la política y no al ejercicio de la profesión de abogado, con un excelente sueldo, sin exclusividad e inamovilidad hasta los 75 años, interpretándose como una jugada para cubrirle las espaldas cuando entregue la Presidencia el 11 de marzo de 2022. Espina y Peribonio debieran garantizarle que el CDE no tomará acciones legales en su contra, aunque hubiera mérito para ello.



Source link

Related Posts

Add Comment