Este miércoles el Centro de Investigación Periodística (Ciper) realizó un reportaje que revela que la candidata a senadora, Karina Oliva (Partido Comunes), contó con el equipo mejor pagado entre todos los candidatos que compitieron en la carrera por la gobernación de la región Metropolitana en mayo pasado.El informe elaborado con base en el registro del Servicio Electoral sobre gastos de campaña señala que siete asesores de la fallida candidatura del Frente Amplio, todos militantes de Comunes, presentaron boletas por un total de 137 millones de pesos.La lista la encabeza el ex jefe de campaña de Oliva, Martín Miranda, quien cobró 8 millones mensuales (considerando cinco meses de campaña legal, incluida la segunda vuelta): en total, 40 millones de pesos.Luego, Luis Romero encargado territorial del Distrito 14 cobró 10 millones de pesos solo por trabajar en la segunda vuelta (un mes), mientras que Jorge Ramírez, presidente de Comunes, recibió 15 millones de pesos en la primera ronda y 1,2 millones en el balotaje por “la preparación comunicacional de la candidata, generación de minutas de contenido temático y preparación de debates”, según explica Ciper.Los cuatro primeros recibieron un pago superarior al de asistentes mejor pagados de anteriores campañas presidenciales y sólo en las candidaturas de 2017 de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez hay valores similares, dice el reportaje.El ex jefe de campaña de Karina Oliva, Martín Miranda, conversó con Ciper y sostuvo que los siete colaboradores mejor pagados son todos militantes de Comunes porque, ante la falta de financiamiento y la tardanza en la aprobación del crédito bancario, fue difícil encontrar personas dispuestas a esperar entre seis a ocho meses para recibir su pago “y sin certeza de que eso fuese posible”.Según Ciper la declaración de gastos de la primera vuelta Oliva fue aprobada por Servel e incluye un gasto total de $590 millones. De esos, $409 millones los reembolsa el Servel con recursos públicos, que van a pagar $125 millones de un crédito en BancoEstado y otros $284 millones para cubrir las boletas y facturas que no fueron pagadas.
