Bertina Parada, de 62 años, vio por última vez a su hijo, Carlos Alberto Osorio Parada, hace una década. El joven, de 27 años, partió de Sonsonate, El Salvador, con destino a Estados Unidos. Nunca logró su objetivo. Tomó un autobús de Monterrey a la frontera y en algún punto del trayecto alguien lo interceptó y le obligó a bajarse.
Su cuerpo se encontró en las fosas clandestinas descubiertas en abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas. Dos años después, la mujer recibió la noticia: su hijo era uno de los 196 cuerpos encontrados en aquel lugar convertido en símbolo del horror sufrido por los migrantes en su trayecto a través de México.
“Yo ahora lo que pido es justicia y saber la verdad”, dice Parada, que el 19 de noviembre participó en una ofrenda floral en el antimonumento dedicado a los 72 asesinados en San Fernando en 2010 y al resto de migrantes muertos en la ruta. Junto a ella, familiares de centroamericanos que desaparecieron en su camino hacia Estados Unidos. Algunos, como el hondureño Javier Soto, llevan casi 20 años sin ser localizados. De otros, como la salvadoreña Glenda Medrano Solórzano, muerta en la masacre de los 72, sólo pudieron identificarse los restos.
Parada pudo enterrar a su hija. Lamenta que, a día de hoy, no hay una sola condena por aquellos hechos. “Las autoridades, la fiscalía, deben poner personal para que investiguen”, se queja.
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Los migrantes desaparecidos en su camino hacia Estados Unidos son otra de las asignaturas pendientes dentro de la crisis que sufre el país. Una delegación con familiares procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala visitó México esta semana, donde mantuvo encuentros con el comité de la ONU contra la desaparición forzada y con diversas autoridades. Un tema fundamental: la puesta en marcha de la Mesa para la Búsqueda de Personas Migrantes, cuya creación fue anunciada el 10 de noviembre.
La Mesa de Trabajo es una iniciativa de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que ha sido aplaudida tanto por colectivos como por instancias internacionales. En principio, facilitará la coordinación entre CNB con comisiones de búsqueda estatales, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Fiscalía General de la República (FGR), Instituto Nacional de Migración (INM) y otras instituciones. Además, deberá agilizar trámites como el inicio de la búsqueda en vida o las visas humanitarias para los familiares de víctimas de delito.
En 2015 se aprobó el Mecanismo de Apoyo Exterior, un protocolo destinado a apoyar la búsqueda de migrantes desaparecidos. Sin embargo, siempre se quedó corto por la poca participación institucional.
Mejorar este sistema es uno de los retos a corto plazo para la Mesa de Trabajo.
También hay otros asuntos pendientes.
El primero de todos: disponer de una estimación clara sobre cuántas personas migrantes han desaparecido en México.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que existen más de 94 mil 700 personas a quienes se busca. De ellas, 2 mil 621 son extranjeras y otras 20 mil 876 están registradas como “sin nacionalidad de referencia”.
Como “migrantes” están registradas únicamente 43 personas, entre desaparecidas y no localizadas. La cifra es aún más baja si hablamos solo de migrantes en condición irregular. Según el registro de la CNB, solo hay 6 migrantes indocumentados que desaparecieron en México desde 1965.
Esta base de datos se realiza con las aportaciones de las fiscalías, tanto federal como de los estados, así como de las comisiones de búsqueda y las familias. Solo en las fosas en las que se encontró el cuerpo de Carlos Alberto Osorio Parada se hallaron 66 cuerpos que todavía están por identificar. Así que parece evidente que existe un subregistro importante.
“Debemos tener un número de personas migrantes desaparecidas”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización que acompaña a familias de víctimas de masacres como las de San Fernando o Cadereyta.
Delgadillo enumeró también otras tareas urgentes: la primera, que la Mesa de Búsqueda sea eficaz en su funcionamiento y se coordine con las autoridades de los países expulsores, como Guatemala, Honduras o El Salvador.
La segunda, que se ponga en marcha un mecanismo especial con apoyo de la ONU para investigar las masacres contra migrantes. “No se está investigando al Estado mexicano como responsable, se puede hacer en la FGR con apoyo de la ONU”, dijo.
La tercera, apoyo forense para la identificación de restos. Y por último: “No podemos permitir que una madre más se muera sin saber dónde está su hijo”.
Es lo que le ocurrió a Leonor Colindres, madre de Javier Soto, migrante hondureño desaparecido en tránsito en 2003 y quien todavía no ha sido localizado. Jessica, su hermana, pidió a las autoridades mexicanas que “hagan que se respeten sus derechos”.
La visita del comité de la ONU contra las desapariciones forzosas es vista como una oportunidad por las familias tras años de abandono institucional.
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