Seguridad, delincuencia y narcotráfico en tiempos de campaña



Más allá de lo que destacan los noticieros y las Redes Sociales, es categórico afirmar que la principal preocupación de los chilenos es la seguridad. Así lo demuestra la encuesta CEP, que desde el 2010, ha revelado que los chilenos han marcado la preferencia de “delincuencia, asaltos, robos” en casi el 80% de sus versiones.  
Por estos días de balotaje, es auspicioso que ambos candidatos a la Presidencia de Chile incluyan a la seguridad como uno de sus ejes de campaña, porque significa un diálogo que podría llevar a la sociedad a una reflexión profunda de sus causas y soluciones. No obstante, marcaría diferencias cualitativas aquel aspirante a La Moneda que plantee una conversación amplia, que albergue el fenómeno de manera integral y no solo lo restrinja a su potencial administración o a la dinámica deliberativa del recién electo Congreso. Desde esa mirada, es clave incluir al mundo privado en este intercambio de ideas, debido que este sector tiene un rol importante que jugar. 
Sabemos que el Estado es el garante de la seguridad pública del país y esta máxima se ha convertido en una consigna de campaña; el “monopolio de la fuerza”, lo llaman algunos. Sin embargo, el esfuerzo público ha demostrado no ser capaz de poner atajo a la acelerada evolución delictual y así lo han ratificado eventos como la pandemia, que lejos de frenarlo, incluso lo han sofisticado obligando la adaptación de las organizaciones, según el último Informe del Observatorio del Narcotráfico de Fiscalía. 
Frente a este dilema, son sabidas las limitantes del Estado y su inherente burocracia, restricciones que hacen al sector privado un socio ideal para acelerar y dinamizar procesos o adquisiciones, que mediante convenios de colaboración, podrían significar anticipación a la planificación delictual. Servicios de inteligencia, implementación de tácticas e incluso recursos humanos calificados con importantes estándares internacionales (Certificaciones ASIS), podrían apoyar la gestión del Estado en la desarticulación del crimen organizado en cualquiera de sus dimensiones. 
El contexto actual es propicio para generar esta discusión, así como también conversaciones reflexivas y profundas que permitan encontrar soluciones factibles asociadas a los proyectos políticos de los potenciales gobernantes y no solamente con miras a la captura de votos. Una experiencia como esta, no solo sería valorada por un futuro gobierno y sus ciudadanos, sino que también, significaría un real incentivo para que las empresas chilenas asuman el compromiso y la responsabilidad de profesionalizar la seguridad privada, elevándola a un nivel estratégico en todo el país. 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



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