La Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado lleva más de un año paralizada en el Senado sin que se fije una fecha para su debate y aprobación. Desde el 19 de septiembre de 2020, cuando la norma recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados por unanimidad, el texto no se ha movido.
La iniciativa prevé que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se haga cargo de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de acciones violentas. Hasta que los senadores no la impulsen, no existe una respuesta integral para un problema que apenas se reconoce desde 2019.
Organizaciones de la sociedad civil como Serapaz o la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) acompañan a las víctimas y defienden mejoras en el borrador de la norma.
No hay cifras oficiales sobre cuántas personas fueron desplazadas en México. La CMDPDH lleva contabilizadas, solo este año, más de 36 mil personas obligadas a dejar su casa. Se trata de la cifra más alta desde que esta organización realiza sus estimaciones y casi cuadriplica las más de 9 mil registradas el año pasado.
Los estados más castigados son Michoacán, Chiapas, Guerrero y Zacatecas. En total, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), dependiente del Consejo Noruego para los Refugiados, tiene contabilizados 357 mil desplazados internos, aunque la cifra podría ser mucho mayor.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el primero que reconoce el problema, ya que los anteriores negaban incluso la existencia de desplazados internos. Ahora falta el siguiente paso: aprobar la ley y dotar de presupuesto a las instituciones para poder atender a las víctimas.
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“Se registraría a las personas, se les atendería en el lugar donde están. Habría mecanismos de prevención y alerta temprana, se buscarían soluciones duraderas junto a las comunidades”, dice en entrevista Andrés Ramírez, coordinador general de la Comar y la persona que estará a cargo de la atención institucional a los desplazados.
Ramírez explica que la aprobación por parte del Senado de la ley es un paso clave, pero que también están pendientes establecer una estructura (sobre la que ya están trabajando), dar luz verde al presupuesto y poner en marcha un diagnóstico que estará en manos del Consejo Nacional de Población (Conapo).
La gran pregunta es por qué el proyecto quedó atorado en el Senado cuando tenía el aval de todos los grupos en la Cámara de Diputados. “Parece que han tenido otras prioridades”, dice Ramírez.
Actualmente hay tres minutas pendientes de debate: una, la que ya fue aprobada por la Cámara Baja y otras dos presentadas por dos senadores: Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, y Nestora Salgado, de Morena.
Animal Político quiso hablar con la presidencia de la comisión de Gobernación, en manos de Mónica Fernández Balboa, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. El actual período de sesiones está por concluir y esta iniciativa no está en agenda, por lo que parece que las víctimas de desplazamiento forzado deberán esperar nuevamente.
“Es bueno que se reconozca, pero parece que hay resistencia a hablar de un conflicto interno porque obliga a hacer”, dice Álvarez Icaza. En su opinión existe una resistencia a la aprobación definitiva por varias razones. Las principales: los problemas presupuestales y la falta de propuestas concretas sobre qué hacer con los afectados.
Ramírez, por su parte, dice que la Comar ya está trabajando en un lobby a dos niveles. Por una parte, con el Senado, para acelerar la aprobación de la ley. Por otra, con la secretaría de Hacienda, que es quien tiene la última palabra en el ámbito presupuestario. Sus dos grandes preocupaciones: que no haya duplicidades y que no sea necesaria una reforma constitucional.
Según el coordinador general de Comar, poner en marcha la división de desplazamiento forzado costaría unos 250 millones de pesos en el ámbito operativo y entre 50 y 70 para desarrollar la estructura. Por el momento las conversaciones se mantienen en privado y no hay fecha para el debate sobre la futura ley.
Aunque es habitual que una norma quede estancada en el camino, en este caso hablamos de un proyecto que debería tener impacto sobre miles de personas obligadas a abandonar su casa por efecto de grupos armados. La iniciativa no toma en cuenta el desplazamiento forzado causado por otros detonantes, como los desastres naturales.
“Es un buen punto de partida, pero hay cosas que mejorar”, dice Pablo Cabada, investigador de la CMDPDH. La primera, que “reconoce solo de 2010 en adelante”, cuando hay constancia de desplazamientos desde 1970. Solo un ejemplo: esta redacción dejaría fuera a las comunidades que tuvieron que dejar sus lugares de residencia durante la represión posterior al levantamiento del EZLN en 1994.
La segunda, la propuesta de crear una cédula de identidad única, “una piedra en el zapato para todos los gobiernos”, en opinión de Cabada. Por último, la necesidad de “definir mejor las causas” que provocan el desplazamiento.
León Pérez, integrante de Serapaz, subraya que “es algo histórico” que se planteé una propuesta de ley para atender el desplazamiento forzado interno, pues, de concretarse, “sería el reconocimiento por parte del Estado de que hay una crisis humanitaria en el país, que hasta ahora no está siendo reconocida”.
Sin embargo, el activista coincide con Cabada en que hay “cosas que mejorar” del proyecto.
“Vemos como algo positivo que la iniciativa (de Segob) recoge muchas necesidades que están marcadas desde los estándares internacionales. Sin embargo, nos preocupa que no se plantee un protocolo de atención específico para las víctimas, para las personas desplazadas ”, dice el integrante de Serapaz, que agrega que “tampoco están bien definidas las responsabilidades de las autoridades que atenderán a las víctimas”.
Este lunes, a las 15.50 horas, tendrá lugar en el Senado un diálogo entre el Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado e integrantes del poder legislativo. El objetivo del encuentro, explica León Pérez, es “escuchar a las y los legisladores y saber por qué no está avanzando esta iniciativa de ley tan necesaria”, y plantearles la necesidad “de que se instale una comisión de diálogo permanente entre legisladores y organizaciones vinculadas al tema del desplazamiento forzado interno”.
El encuentro podrá ser visto a través de las redes sociales del Canal del Congreso y del Senado de la República.
Una despensa no es suficiente
Cabe recordar que el pasado 11 de noviembre, representantes de comunidades tanto el sur de México, como en el centro y norte del país que sufren desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia, y más de 20 organizaciones de la sociedad civil anunciaron una alianza nacional para dar visibilidad a esta problemática y exigir su reconocimiento como víctimas.
Tres días después, el 14 de noviembre, tuvo lugar un encuentro en la capital mexicana de estas organizaciones, en el que también participaron Serapaz, la Red TDT, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, donde los representantes de estas comunidades pidieron a los legisladores la “aprobación urgente” de una Ley en materia de desplazamiento forzado interno, que reconozca la tipificación del delito y a las personas desplazadas como víctimas.
“Queremos que se nos reconozca como víctimas y queremos que el Estado nos provea de una vivienda digna, porque en nuestras comunidades lo dejamos todo”, dijo en aquel encuentro Joaquina Cantor, desplazada de Zitlala, en Guerrero.
“Nadie sale de su vivienda por gusto, sino por salvar la vida y la de los hijos y la familia -añadió-. En nuestras comunidades, el crimen organizado saca a los niños de 12 años para que hagan trabajos forzados. Y eso el gobierno no lo está viendo. Al contrario, nos está criminalizando”.
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Marcelo Soto, integrante de un colectivo que representa a 80 personas que tuvieron que abandonar viviendas y ranchos en la sierra de Chihuahua, explicó que el crimen organizado, además de sus negocios habituales de tráfico de drogas, se apoderó también de los bosques y las minas, provocando la expulsión de cientos de personas de esas zonas.
“El crimen organizado lo controla todo”, lamentó. “Y muchos hemos perdido nuestras propiedades y el trabajo de toda una vida”, recalcó.
Julián Méndez Córdova, en representación de desplazados de El Guanal, en Ocosingo, Chiapas, señaló que no hay un reconocimiento explícito de las autoridades de los tres niveles de gobierno de que, en efecto, existe un problema de desplazamiento interno en México que afecta a miles de personas. Y tampoco se está visibilizando que estas víctimas, una vez expulsadas, quedan a la deriva sin acceso a una vivienda digna, ni a políticas públicas de empleo, educación, o salud.
“Las autoridades no nos escuchan. Piensan que con una despensa ya nos atendieron. Y nosotros lo que pedimos es justicia”, subrayó.
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