A fines del segundo mandato de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, la oposición de esa época había detectado un sinnúmero de concursos públicos en diferentes ministerios, con el fin –como acusaron ante Contraloría en su momento– de dejar “instalada gente de su Gobierno”. El actual diputado UDI, Juan Antonio Coloma, acusaba en la ocasión que “lo mínimo que uno esperaría es, primero, que tenga requisitos más estrictos, y segundo, dejar este espacio para el próximo Gobierno, para entender que, cuando se gana o se pierde una elección, se tiene que aceptar el resultado de la ciudadanía”.
Ahora, a menos de cuatro meses de tener que hacer entrega del Gobierno, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo se abrió una serie de concursos públicos, los que consideran tres jefaturas de servicio y ocho cargos administrativos, y previamente se había abierto un proceso para abogado.
El miércoles 1 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial dos concursos para Tercer Nivel Jerárquico Jefe de Finanzas Departamento Finanzas Municipales, el mismo día, se abrió otro para Tercer Nivel Jerárquico Jefe de Departamento Fiscal, en paralelo, se sumaron concursos para ocho cargos administrativos, tres de grado 14, otros tres de grado 15 y dos de grado 16.
Sobre la base de estos antecedentes, la Asociación de Funcionarios de la Subdere sacó un comunicado que señala que “(…) frente a la experiencia vivida en esta materia, en los años recientes, no quedan con la percepción y certeza de la necesaria transparencia para dichos procesos. Este malestar también fue transmitido a la autoridad, y a la vez se señaló, de parte de esta directiva, y a nombre de la Asamblea, la necesidad de que este proceso fuera abordado por el nuevo Gobierno que asume en marzo del 2022”.
El escrito continúa indicando que “que más allá de las dudas y juicio de valor emitidos acerca de este proceso, queremos apelar a la seriedad y sentido de oportunidad que este debiera tener, teniendo en cuenta que, al ser el último tramo del gobierno, no se justifica la realización de este tipo de concursos, puesto que, carece de sentido técnico, administrativo y político, y corre el riesgo de ser visto como una imposición personal con fines sólo ideológicos”.
