El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que aplicó la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el organismo para 2022.
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El INE calificó de “injustificado y arbitrario” el recorte, pues dijo, los recursos fueron solicitados “para la realización de ejercicios democráticos de participación ciudadana, entre ellos la revocación de mandato, conforme con lo resuelto en la controversia constitucional, en la que la Corte refirió que el organismo debía solicitar en el Presupuesto de Egresos la asignación de recursos necesarios para este tipo de procesos”.
Señaló que con la reducción “injustificada”, la Cámara de Diputados “obstruye la función constitucional del Instituto, como lo es la realización de la revocación de mandato”, y acusó al Congreso de darle un “trato diferenciado respecto de otros órganos constitucionales autónomos, a los que no les aplicó reducción alguna”.
Con ello, dijo que la realización de la revocación de mandato, conforme a los parámetros legales previstos, es “imposible”, pues requiere de condiciones similares a las necesarias para una elección presidencial.
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“Al impedir al INE realizar la revocación de mandato, conforme con los principios y reglas constitucional y legalmente establecidas, con motivo de la reducción presupuestaria, se afecta directamente el ejercicio de los derechos humanos políticos-electorales de la ciudadanía”, expresó el Instituto.
Con el ajuste en el presupuesto, el organismo señaló que cuenta con mil 275 millones de pesos para la realización de la revocación.
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