Hace casi siete años, Cruz Sánchez tuvo que salir huyendo de su comunidad en la Sierra Tarahumara, junto con los integrantes que le quedaban de su familia. Por negarse a sembrar amapola, el crimen organizado ya había asesinado a uno de sus hijos. Después le mataron a otro. En la huida para salvarse y salvar a los suyos perdió su casa, su tierra, su modo de vida, a sus vecinos, su bosque y el arraigo y seguridad que todo eso genera.
El gobierno no le ha restaurado ninguno de los derechos que el crimen organizado le robó ni se ha esclarecido el asesinato de sus dos hijos. En lugar de eso ha tenido que enfrentar el encarcelamiento de su tercer hijo varón, cuenta Cruz en entrevista con Animal Político.
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El rarámuri pide una ley que reconozca el desplazamiento forzado y la reparación integral para las víctimas. Pero la iniciativa para aprobarla está atorada en el Senado de la República.
Fue en 2015 cuando empezó el desplazamiento de los habitantes de la comunidad donde vivía Cruz, El Manzano, una de las 10 localidades del ejido Rocoyvo, en el municipio de Uriachi, en la Sierra Tarahumara. El poblado estaba integrado por unas 400 personas, dedicadas a la actividad forestal, agrícola y ganadera de autoconsumo.
Integrantes de uno de los carteles del narcotráfico que operan en la zona pretendieron reclutar para sus filas a jóvenes de la comunidad, entre ellos, Carlos Benjamín, de 18 años, uno de los hijos de Cruz Sánchez, y obligarlos a sembrar amapola en sus tierras.
El muchacho se negó y huyó a otro lugar de Chihuahua, donde consiguió trabajo como albañil. Pero extrañaba su casa, su comunidad, así que se regresó. En el camino de retorno a su hogar, un grupo de sicarios rafagueó la camioneta en la que viajaba. Su familia tuvo que ir a reclamar su cuerpo a Cuauhtémoc.
Cruz Sánchez interpuso una denuncia por los hechos y pidió su esclarecimiento. El crimen organizado no le perdonaría el atrevimiento. Más de 50 hombres armados llegaron a la comunidad, el 29 de marzo de 2015, y les tiraron balazos por más de siete horas, cuenta el rarámuri. Mientras las balas pasaban cerca de las ventanas, ellos se quedaron escondidos, agazapados dentro de las casas.
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Joel, otro hijo de Cruz, resultó herido en ese ataque, con tres impactos de bala. La familia tuvo que esperar hasta que cesaron las balazos, entre las 7 y 8 de la noche, para sacarlo con ayuda de la policía ministerial.
No volvieron a su comunidad, ni ellos ni muchos otros de sus vecinos. Unas 30 familias, alrededor de 170 personas, dice Cruz Sánchez, fueron desplazadas de El Manzano.
De acuerdo con el informe 2020 de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solo el año pasado, 9 mil 741, en México, tuvieron que abandonar su lugar de residencia por diferentes motivos, entre los principales está la presencia y amenazas del crimen organizado. En Chihuahua fueron 933 las personas desplazadas, en tres municipios.
Solo este año, la CMDPDH ya lleva contabilizadas más de 36 mil personas obligadas a dejar su casa. Es la cifra más alta desde que esta organización realiza sus estimaciones y casi cuadriplica la del año pasado.
Durante casi todo un año, después de la salida de Cruz y su familia de su comunidad, quienes les ayudaron con alimentos y el pago de rentas de casas fueron las organizaciones de la sociedad civil, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), la Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
El gobierno les dio para pago de vivienda, agua, luz y despensa, solo después de ese año, gracias a que los desplazados solicitaron medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Cruz Sánchez y de los demás miembros identificados de la comunidad indígena El Manzano.
El trabajo se lo tuvieron que buscar por su cuenta. De trabajar la tierra y hacer manejo forestal, tuvieron que emplearse en la construcción.
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Muerte, encarcelamiento y destierro
En 2016 asesinaron a otro de los hijos de Cruz, a Guillermo, quien estaba por cumplir 18 años. Fue a visitar a unos conocidos a la comunidad de San Juanito. Lo levantaron. Apareció muerto. También por ese homicidio el padre puso una denuncia. Hay dos carpetas de investigación abiertas por los homicidios de los hijos de Cruz, pero no hay avances ni nadie detenido por esos hechos.
Al que sí encarcelaron fue a su tercer hijo varón, a Joel. Cruz cuenta que desde que llegó al hospital lo trataron como sospechoso de pertenecer a un grupo del crimen organizado. Ahora ya lleva casi tres años en prisión y con una sentencia de 50 años. Lo acusan de secuestro y extorsión.
“Siempre el fiscal de zona occidente dijo que somos de un grupo contrario al que nos desplazó y que por eso nos atacaron”, explica Cruz.
Para él, el embate del crimen organizado sobre su comunidad representa eso: dos hijos asesinados, uno en la cárcel y toda una vida perdida. “Como desplazado lo pierdes todo, te sacan a la fuerza de tu casa, de tu lugar, sin haber hecho nada. Todo lo que tienes en mente y por lo que luchaste lo pierdes en un momento”, se escucha decir a Cruz en el documental que lleva su nombre y su historia, realizado por la cineasta Teresa Camou Guerrero.
El representante asistente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Joseph Herrero, ha asegurado que en el caso de los pueblos originarios, el efecto social que tiene el desplazamiento por su relación ancestral con el territorio, sus sistemas económicos, sociales y culturales asociados a la tierra, hace que el desplazamiento se convierta en una grave amenaza para las comunidades porque destruye modelos de vida ancestrales, estructuras sociales e identidad y pone en riesgo la desaparición de grupos enteros.
Lo que Cruz, pide, dice en entrevista con este portal, es justicia para sus hijos y reubicación para él, su familia y los que tuvieron que dejar El Manzano.
“Buscamos un re asentamiento en otro lado, donde podamos rehacer nuestra vida, formar otra comunidad, tener una parcelita, sembrar maíz y frijol, como hacíamos allá. Hay partes de la Sierra donde venden y venden barato, pero el gobierno nos quiere dar nada más un solarcito, de 120 metros cuadrados, un cuartito, cuando lo que perdimos es más, mucho más”.
Tal como Animal Político lo reportó en nota del 6 de diciembre, la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado lleva más de un año paralizada en el Senado sin que se fije una fecha para su debate y aprobación. Desde el 19 de septiembre de 2020, cuando la norma recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados por unanimidad, el texto no se ha movido.
La iniciativa prevé que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se haga cargo de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de acciones violentas. Hasta que los senadores no la impulsen, no existe una respuesta integral para un problema que apenas se reconoce desde 2019.
Actualmente hay tres minutas pendientes de debate: una, la que ya fue aprobada por la Cámara Baja y otras dos presentadas por dos senadores: Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, y Nestora Salgado, de Morena, quien es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
La diputada organizó la semana pasada una mesa debate donde se presentó el documental Cruz y se abordó el problema de la falta de una ley que regule y avale la atención a los desplazados.
“Desde este espacio queremos hacer un exhorto a las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos del senado para que se pueda dictaminar esto a la brevedad posible y contemos con una ley que atienda la problemática y permita la creación de políticas públicas que den una atención integral a los desplazados”, exigió León Pérez, integrante de organización de la sociedad civil, Serapaz.
Por su parte la senadora Salgado se comprometió a que insistirá para que se retome la minuta y se dictamen la ley. “Legislar en materia de desplazamiento forzado es una responsabilidad que debemos tomar desde el poder legislativo de forma imperativa”, subrayó.
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