Más allá del “derecho al agua”: empoderando al territorio y sus comunidades

Nos encontramos en uno de los periodos de transformación política y social más relevantes de los últimos 30 años. El proceso constituyente se presenta como una oportunidad histórica para cambiar nuestro modelo económico y social, y reformar la relación que tenemos con nuestro medio ambiente. Al mismo tiempo, el proceso avanza en un contexto de gran vulnerabilidad ambiental y una sequía sin precedentes, en que un 53% de las comunas de Chile ya se encuentran bajo decretos de escasez hídrica. El acceso al agua potable es un tema cada vez más urgente y desafiante en nuestro país. 
Son muchas las propuestas que han surgido para asegurar el derecho humano al agua y mitigar los efectos del cambio climático en la nueva Constitución. Entre ellas se cuentan: agregar cláusulas específicas que consagren este derecho, medidas económicas y sociales para la adaptación y reparación, y la priorización del uso del agua para consumo humano. Sin embargo, hay una mirada que no está siendo tomada en cuenta en la discusión pública: la mirada local, ciudadana y municipal. 
Hoy la Convención Constitucional tiene una gran tarea por delante: redactar normas que faciliten la construcción de planes que ayuden a mitigar los efectos de la megasequía, cambio climático y la transformación de un modelo económico que ha destruido sistemáticamente nuestros ecosistemas hídricos y sociales. Y mientras la discusión se mantiene en el “derecho al agua”, ¿cuándo comenzamos a involucrar directamente a las comunidades? En el caso de iniciar un proceso de desprivatización del agua otorgando el control al Estado, nos enfrentamos a la problemática de que el aparato estatal, principalmente la DGA, no tiene ni las herramientas, capacidades o influencia para hacerse cargo de un sistema tan complejo y políticamente controlado por las Juntas de Vigilancia y las Organizaciones de Usuarios de Agua.
De la misma forma, el diseño y puesta en marcha de políticas y proyectos para frenar los impactos ambientales, sociales y económicos de la sequía, no le han permitido al Gobierno o al sector privado entender que la escasez se manifiesta diferente en cada región, comuna y comunidad. No es posible representar las necesidades hídricas de una comunidad mediante políticas verticales y generales, incapaces de comprender las particularidades climáticas y socioeconómicas de cada territorio. He aquí la importancia de involucrar a la ciudadanía en esta lucha, comprendiendo que es ella la que experimenta diariamente la falta de agua y los desafíos que esto conlleva, especialmente en zonas no urbanas y propensas a la desertificación.
Ahora bien, con una escasez hídrica que ya llega hasta la Región del Biobío y con un Gobierno enfocado en inyectar presupuesto en apoyo de la producción agrícola, la responsable de más del 70% del consumo hídrico del país, ¿en qué punto nuestro ecosistema dirá basta? En las zonas urbanas el consumo de agua sigue asegurado, pero esta no es la realidad de las zonas rurales. Es en ellas donde se está viendo la cara real de la sequía, con sistemas de Agua Potable Rural (APR) que han visto sus servicios interrumpidos, debido a napas y pozos que se han ido secando, en donde incluso es posible observar, en regiones como Valparaíso, sistemas de APR que han disminuido su disponibilidad hídrica en un 50%, dejando a vecinas y vecinos con agua por tan solo 5 horas al día.
Las zonas rurales, donde el “mercado del agua” ha destruido la biodiversidad del territorio y la calidad de vida de miles de personas, deben ser el principal foco del trabajo de la Convención Constitucional, y de las posteriores iniciativas de reforma de nuestra gestión hídrica. Si la discusión queda solo en el “derecho al agua” y en paralelo no impulsamos un proceso claro de traspaso de conocimiento y responsabilidades hacia las comunidades y territorios, seguiremos perpetuando modelos en donde solo los grupos con acceso a oportunidades y/o herramientas puedan tomar decisiones y hacerse cargo del control y uso de los recursos naturales. Es momento de que el Estado entienda que el agua debe ser gestionada desde la cuenca, de manera integrada por sus comunidades, con enfoques de protección y empoderamiento de los territorios. En donde la Constitución permita garantizar los derechos de los ciudadanos y los gobiernos locales funcionen como un apoyo hacia la acción comunitaria.
La escasez hídrica en Chile podrá ser combatida cuando la prioridad en el consumo no sea de la industria y, por sobre todo, cuando existan procesos de democratización de conocimiento claros e inclusivos hacia las comunidades. La acción comunitaria en la lucha contra la escasez no es algo nuevo, pero sí requiere del apoyo de gobiernos locales, universidades, ONGs y del Estado. Ya que así podremos promover y fortalecer un tipo de gestión del agua en donde sean los mismos ciudadanos los encargados de proteger sus fuentes hídricas mediante herramientas de colaboración ciudadana que permitan planificar, diagnosticar y restaurar nuestros ecosistemas hídricos desde la cuenca, asegurando el consumo humano y la protección de la biodiversidad presente en nuestro territorio. 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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