Cuenta Eduardo Unda-Sanzana, astrónomo de la Universidad de Antofagasta, que entre los habitantes de esa ciudad se percibía un descontento creciente debido a la ausencia de evidencia científica en los planteamientos y programas de las y los distintos aspirantes a cargos públicos. “No había un paso concreto ni desde el mundo político, ni desde los académicos, ni desde la ciudadanía para acercar posiciones”, dice.
Este diagnóstico fue lo que motivó a un grupo de académicos a autoconvocarse para acercar a dos ámbitos que no tenían puentes de conexión: el mundo de la ciencia y el de la política. “La definiría como una plataforma de reflexión y de propuestas”, dice el académico. De esta manera, una de las tareas de este grupo de expertos fue definir ciertas prioridades que debían atender las y los candidatos a cargos de elección popular.
Unda, por su cuenta, ya tenía experiencia en la labor de acercar las consideraciones científicas a las políticas públicas, específicamente en la protección de los cielos chilenos. No fue raro, entonces, que el destacado astrónomo pusiera el foco en el proceso de la nueva Constitución para encabezar una propuesta que ha recogido distintas experiencias e insumos de grupos de trabajo respecto a contaminación lumínica y comisiones asesoras del tema. Así surgió la llamada “Iniciativa de norma constitucional que garantiza y protege a la atmósfera como bien común”, que será presentada esta semana.
Esta norma parte considerando que la apreciación del cielo estrellado es un elemento central de la construcción de cosmovisiones por parte de los pueblos originarios de Chile y que la observación científica del espacio tiene una historia larga y consolidada en Chile, desde que se instaló el primer observatorio astronómico privado en Valparaíso, en 1843, y se creó el Observatorio Astronómico Nacional en Santiago, en 1852. También señala que la atmósfera que forma parte del territorio chileno, es decir su espacio aéreo, “se caracteriza por su excepcional limpieza y transparencia naturales en un amplio rango del espectro electromagnético”.
“Es una norma que busca entregar una protección de primer orden, porque la atmósfera es algo que tenemos con nosotros las 24 horas del día”, explica. “Tenemos una experiencia que abarca más de dos décadas donde ha quedado demostrado que, por una parte, la calidad de los cielos para la astronomía y la calidad de la atmósfera en general se ha ido deteriorando, y las protecciones legales que existen para ese respecto no están dando el ancho”, agrega.
En su primer artículo, la propuesta de norma señala que “el Estado reconoce a la atmósfera, dentro del espacio aéreo fijado por acuerdos internacionales sobre la materia, como un bien natural común, el cual comprende desde el aire que respiran sus habitantes hasta el cielo a través del cual ven el espacio. La protección y restauración de sus características naturales son objetivos de interés público y las tareas necesarias para su logro son deberes del Estado”.
Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de “atmósfera”? Unda explica que la atmósfera abarca desde el primer centímetro después del suelo hasta el espacio aéreo del país. Dice que el concepto se trabajó cuidadosamente desde el ámbito legal, pero se requiere hacer un trabajo de concientización con la ciudadanía. “Debemos ir familiarizándonos más con este concepto que nos resulta un poco ajeno. Es como cuando usamos la palabra cielo, que miramos para arriba y creemos que está lejos de nosotros. Pero la atmosfera no es lo que está muy lejos ni lo que no me afecta a mí: implica desde el aire que respiran los habitantes de un país”.
El articulado de la norma también incorpora deberes. Señala que “toda persona, de forma individual o colectiva, tiene la obligación de que sus actos individuales o colectivos no contribuyan a establecer fuentes permanentes de contaminación atmosférica”. “Es importante hacerlo explícito a este nivel, ya que estamos poniendo fuentes permanentes”, explica el astrónomo. “No se trata de que una persona va a hacer un asado y le va a caer una norma constitucional encima, sino que estamos hablando de una acción o iniciativa productiva que genere algún tipo de emanación que cambie las propiedades de la atmósfera. En este nuevo orden de país que se está proponiendo con la nueva Constitución, la gente debe tener claro que se debe intentar no afectar la atmósfera y limitar el efecto de sus acciones”, dice.
La norma ha sido socializada con instituciones, sociedades científicas y comunidad en general, la cual cuenta hasta la fecha con 164 adhesiones, incluyendo las instituciones Sociedad Chilena de Astronomía, Universidad de Antofagasta, Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, Centro de Astroquímica de la Universidad Austral, Fundación Altura Patrimonio, Sociedad Civil por la Acción Climática, ONG Más Antofagasta, entre otros, además de la adhesión de numerosos académicos de más de diez universidades nacionales.
