El Consejo General del INE discute avaló con seis votos a favor y cinco en contra la suspensión del ejercicio de revocación de mandato, prevista para el próximo 10 de abril, ante falta de presupuesto.
El consejero presidente Lorenzo Córdova, quien elaboró el proyecto, argumentó que un déficit de 2,327 millones de pesos impide avanzar en las actividades del proceso de revocación en las condiciones óptimas.
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“A pesar de los esfuerzos en la adecuación presupuestaria, esta autoridad electoral apenas tendrá capacidad para fondear 1 de cada 3 pesos de lo que costaría la revocación de mandato, lo que llevaría a este Instituto a violar las disposiciones de la Constitución”, expuso.
El consejero Uuc-kib Espadas Ancona cuestionó los argumentos que pedían reajustar el presupuesto del INE para hacer la revocación, aunque dijo que no acompañará el proyecto.
“Se dice falsamente que el INE tiene dinero suficiente para organizar la revocación de mandato de acuerdo con las exigencias legales. Estamos ante no otra cosa que el estrangulamiento financiero de la autoridad que a lo largo de 24 años ha garantizado elecciones libres a la nación”, sostuvo.
Las consejeras y consejeros Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Claudia Zavala también se posicionaron a favor de la suspensión.
‘No hay votación posible’
Murayama señaló que no hay fondos para visitar a la ciudadanía e invitarla a hacerse cargo de la votación en la revocación de mandato, y sin dinero para capacitación y casillas no es posible hacerla.
“Nos dirán ‘abaraten el ejercicio y no pasa nada’, pero sí pasa. Aquí cumplimos la constitución, no caprichos del gobierno en turno. Lo que buscamos es una salida jurídica. Que la Suprema Corte o Tribunal Electoral indiquen cómo salimos de esta inédita situación”, expuso.
En tanto, Norma de la Cruz, Carla Humphrey y Martín Faz Mora votaron en contra argumentando que el INE cuenta con otras salidas y ajustes para realizar la consulta de revocación de mandato.
“Considero que sí se pudiesen realizar algunas actividades previas que no implicarían un gran desembolso en el caso del reclutamiento, selección y capacitación de supervisoras y supervisores electorales, así como las capacitadoras y capacitadores electorales”, dijo de la Cruz.
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