En la Montaña de Guerrero, las mujeres son “cosificadas como moneda de cambio” cuando las ofrecen en matrimonio, una práctica que en diversas comunidades es considerada “de usos y costumbres”. Tan solo de septiembre de 2020 a agosto de 2021, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, atendió 4 casos de niñas que sufrieron violencia sexual, tras haber sido obligadas a “casarse”, por haber sido “pagadas” a su familia.
Así lo señala su XXVII informe de actividades, el cual describe a la región de la Montaña como una de las más marginadas y pobres de Guerrero y de todo México, donde habitan personas que se identifican como mestizas e indígenas, pertenecientes a los pueblos Na’Savi, Mè´phààl y al Naua.
De las 480 atenciones personales que realizó Tlachinollan, el 56% (268) fueron mujeres, mientras el 44% (212) fueron hombres. La mayoría de ellas, con trabajos no remunerados, pues se dedican exclusivamente a tareas del hogar, a veces bajo amenaza de sus parejas, quienes consideran que su única obligación es cuidar de su casa e hijos.
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En un año, el centro atendió siete casos relacionados con violencia sexual de víctimas menores de edad, quienes provenían de comunidades indígenas Nauas y Na’Savi. Cuatro de estos casos fueron de matrimonios infantiles: niñas que fueron comprometidas en matrimonio.
Acerca de ellos, el informe explica que “lo que antes era una práctica de usos y costumbres, actualmente se ha desvirtuado, ha perdido la dimensión comunitaria, ahora se ha individualizado, y ha prevalecido el criterio mercantil que cosifica a las mujeres, las ha transformado como si fuesen moneda de cambio”.
A ello se suma que, una vez que son “esposas”, sufren de también de violencia física, psicológica y económica, sobre todo en casos en los que tienen hijos.
De acuerdo con los especialistas de Tlachinollan, las raíces del matrimonio infantil son complejas, “pero lo que está de antesala es la pobreza, la falta de empleos, la educación, la migración interna y hacia Estados Unidos, por lo que es necesario que el Estado garantice también el derecho a la educación, la salud y al trabajo de las comunidades indígenas y particularmente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes”.
Sin embargo, señala la organización, “a pesar de que existen diferentes instituciones gubernamentales para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, esta atención en la mayoría de los casos no es adecuada ni suficiente”.
En México, según el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 21 mil 867 menores de edad entre 12 y 14 años que viven en unión libre: 15 mil 900 mujeres y 5 mil 967 hombres. Y de 15 19 años hay 858 mil 297 personas que se encuentran en la misma situación conyugal.
Formalmente casados, el Inegi registró que hay 6 mil 196 adolescentes de entre 12 y 14 años: 3 mil 74 mujeres y 3 mil 122 hombres, mientras que de personas de 15 a 19 años se tienen contabilizados 83 mil 170 matrimonios: hay 62 mil 28 mujeres casadas, y 21 mil 142 hombres.
En el grupo de edad de los 12 a los 14 años, hay 443 personas (223 mujeres y 220 hombres) que ya han enviudado, mientras que en el de 15 a 19 años son 2 mil 423 en esta situación: mil 976 mujeres y 447 hombres.
Divorciados, el Inegi censó a 220 adolescentes de entre 12 y 14 años -120 mujeres y 100 hombres-, así como a mil 336 de entre 15 y 19 años -837 mujeres y 449 hombres-.
A ellos se suman mil 674 jóvenes de entre 12 y 14 años que reportaron estar “separados” -mil 129 mujeres y 545 hombres-, así como 64 mil 937 del grupo de edad de 15 a 19 años en la misma situación -53 mil 840 mujeres y 11 mil 97 hombres-.
Mujeres que rompen la tradición
Algunas comunidades del municipio de Metlatónoc, perteneciente a la región de la Montaña, han comenzado a cambiar sus usos y costumbres, pues decidieron firmar acuerdos para prohibir la venta de niñas.
Desde 2016, en las comunidades Juquila, Yuvinani y Valle de Durazno, autoridades locales firmaron un acuerdo para prohibir esta práctica, aunque este no se hizo valer, y los matrimonios forzados de niñas -que eran pagadas a sus familias hasta por 180 mil pesos- continuaron. Tres años después, las autoridades de una cuarta comunidad de Metlatónoc, San Juan Puerto Montaña, firmaron un nuevo documento, que establece la prohibición de la venta de niñas, y contempla sanciones a quienes lo hagan, por los próximos 200 años.
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Si bien aún no se termina con esta costumbre en la región de la Montaña, el inicio de su erradicación ha sido producto del trabajo de mujeres de las comunidades, organizaciones sociales y autoridades del estado, que han acercado el tema de los derechos con talleres sobre violencia y sexualidad.
La organización Yo Quiero Yo Puedo reporta que, gracias a las asesorías y el logro de los acuerdos con las comunidades, desde 2015 se ha logrado que al menos 144 niñas no hayan sido vendidas o casadas por la fuerza.
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