Comerciantes que llevan más de 15 años instalados frente al Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, fueron obligados a retirarse del camellón en donde tenían sus puestos y permanecer más de un mes sin poder tener algún ingreso económico. El argumento que les dieron es “dan mal aspecto”.
El pasado 11 de octubre, cerca de 40 elementos de la policía capitalina los obligaron a quitar sus puestos sin que les mostrarán algún documento oficial que acreditara la autorización del retiro.
Los comerciantes mostraron sus permisos y le explicaron a los policías que sus papeles estaban en regla y llevaban más de 15 años ahí instalados. La respuesta que recibieron por parte de Arturo Gutiérrez, quien se presentó como funcionario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México es que sus permisos no servían, que podían ser revocados y que mejor accedieran o se llevarían sus pertenecías.
“Se quitan o los quitamos”, les dijo de manera violenta y tratando de intimidarlos quien se presentó como funcionario de gobierno.
Así, sin ninguna explicación, se violentó su derecho al trabajo.
Ellos solicitan iniciar una carpeta de investigación por los hechos, se les reubique en el mismo espacio o se les informe por parte de una autoridad y de manera formal por qué no pueden seguir trabajando frente a la universidad, y de hacerlo, contar con un plan de reubicación que los tome en cuenta.
Negociaciones que no avanzan e ingresos afectados
Preocupados por su fuente de ingresos, las personas afectadas han entablado mesas de trabajo con autoridades del gobierno capitalino y la alcaldía Tlalpan para conocer cuál es motivo por el que los retiraron, si los reubicarán o qué pasará, pero hasta ahora el avance es mínimo y sus ingresos se han visto mermados.
Aunque el Tec de Monterrey tiene un enlace con la comunidad y vecinos cercanos a la universidad, el contacto ya no responde, acusan los afectados, quienes dicen que la institución sí les había informado que buscaba mejorar su imagen, pero existía el compromiso de que ellos no serían perjudicados, y que incluso, habría un proyecto que contemplaba puestos metálicos para ellos y así mejorar el entorno.
La señora Victorina Sánchez, una de las afectadas, tenía un negocio de periódicos frente al Tec de Monterrey desde hace más de 35 años. El puesto era de su esposo y cuando él falleció ella tomó su lugar con la venta de revistas, periódicos, dulces y botanas.
Desde que retiraron su puesto pasó casi un mes sin percibir ingresos. Cuenta que desde la pandemia sus ventas bajaron y sus ingresos diarios eran de entre 100 y 200 pesos, pero con el reinicio de clases presenciales sus ventas se duplicaron, pero de pronto le quitaron sus puesto pese a que la Unión de Voceadores tiene un convenio con el Tec de Monterrey y el gobierno que le permitía vender.
Victorina dice que no se le hace justo el argumento de que “dan mala imagen y no se permitirá ningún ambulante”, cuando ellos son trabajadores no asalariados que cumplen con sus obligaciones ante la ley. El sindicato de voceadores ya está al pendiente también de su caso.
Ricardo Olalde es cerrajero y también es uno de los afectados. Llevaba 16 años con su puesto instalado frente al Tec, cuenta con permisos de la alcaldía y la Secretaría del Trabajo, pero ahora de nada valen.
Algunos elementos de seguridad y trabajadores de la alcaldía le han dicho que el Tecnológico de Monterrey quiere limpiar todo lo que está alrededor de su campus.
En entrevista, cuenta que la universidad tiene un proyecto con las autoridades de la Ciudad de México en la que se impulsa una mejor imagen y reordenamiento urbano; sin embargo, asegura que no está tomando en cuenta a la comunidad y al entorno.
El proyecto se llama “DistritoTec” y fue implementado en el campus de Monterrey desde 2014.
“Todo lo que han hecho es beneficio para ellos, donde estábamos ya pusieron macetas. Quitaron la barda y ahora la universidad está al aire libre y decidieron que nosotros damos mal aspecto. En los primeros encuentros les dije que podía hacer mi puesto más pequeño, incluso pintarlo de rosa pastel, el punto era seguir trabajando”.
Él se organizó con sus compañeros y familiares para instalar un tendedero con cartulinas y la gente se diera cuenta de lo que está pasando. El reclamo fue: “Necesitamos trabajar”. Hasta ahora han mostrado apoyo, vecinos, estudiantes, académicos, e incluso las autoridades de la alcaldía Tlalpan, que según Ricardo, les dicen que la orden viene del gobierno central, por un convenio con el Tec.
La dirección de asuntos jurídicos y de gobierno de la alcaldía Tlalpan informó a Animal Político que “los operativos fueron instrumentados por autoridades del gobierno capitalino” y que actualmente se trabaja en la elaboración de un programa de reubicación de personas y familias dedicadas al comercio informal en diversas zonas de la demarcación.
Este medio solicitó conocer la postura del gobierno de la Ciudad de México sobre el retiro de los comercios, por qué se dio la orden y si tiene que ver con un proyecto que tiene en colaboración con el Tec, pero no hubo respuesta.
Ricardo interpuso una denuncia por abuso de autoridad, violación a la normativa del reglamento de vía pública vigente y por violar su derecho humano al trabajo, como lo marca la Constitución en el artículo 10.
Actualmente, los trabajadores no asalariados como ellos tienen un lugar fijo asignado por la Secretaría de Trabajo y las autorizaciones para permanecer en la vía pública las otorga la alcaldía en coordinación con la Secretaría de Gobierno.
De acuerdo con el artículo 27 de su reglamento, la Secretaría del Trabajo podrá cancelar su permiso si se disuelve una unión de la que forme parte, porque dejó de reunir los requisitos, por inhabilitación o violar reiteradamente el reglamento.
Otro de los afectados es el señor Juan Robles Ayala, bolero con un puesto instalado desde hace 18 años frente a la universidad.
Asegura que las cosas no se hicieron bien y ellos no merecían ese trato: “La calle no es de nadie, ni del Tec ni de nosotros, pero era otra la manera de hacer las cosas, quedó bonita la universidad sin la barda y con la remodelación que hicieron; nosotros ofrecimos adecuarnos a su imagen, pero no escucharon, no fue la forma”.
El señor Juan vive de su oficio, e igual que sus compañeros se vio afectado, junto con sus familias, por esta decisión que lo dejó varios días sin trabajar. “Nos dicen que ya no hay vuelta atrás, nosotros solo queremos trabajar”, asegura.
¿Reubicación?
Aún sin un acuerdo formal, los tres comerciantes fueron reubicados, aunque no saben si de manera temporal. Victorina instaló su puesto de periódicos bajo un puente vial, en la calle Puente; la venta poco a poco avanza, pero dice, no es nada comparada con el lugar en donde se ubicaba y los estudiantes y vecinos la buscaban.
No sabe si se quedará en ese lugar definitivamente o qué pasará. Al menos, dice, ya sale para solventar los gastos.
Ricardo no ha abierto la cerrajería desde hace dos meses. Le indicaron que instalara su puesto sobre la calle Puente en una esquina en la que no cabe, estorba el paso peatonal, y además, dificulta el acceso de una rampa para personas con discapacidad.
Como forma de protesta, un par de días se instaló con una pequeña mesa en el lugar que tenía frente al Tec para que los vecinos conocieran lo que ocurre.
Juan está a unos pasos de Ricardo, a un lado de una base de microbuses que hacen que se dificulte la visibilidad de su puesto. Poco a poco la gente los ha ido ubicado nuevamente. Se muestra desanimado de que el gobierno diga “primero los pobres”, pero en los hechos les pone obstáculos para trabajar.
Su puesto es grande y dice que las autoridades ni siquiera lo ayudaron a mover su puesto, pese a que es un adulto mayor.
La esquina donde trabajaban Victorina, Ricardo y Juan ahora está ocupada por unos grandes macetones. Vecinos consultados dicen que se ven bonitas, pero que no les genera ningún beneficio a la comunidad, obstruyen el paso peatonal e impiden el oficio de gente trabajadora.
Un proyecto para mejorar el entorno urbano
El proyecto del Tecnológico del que habla Ricardo se llama DistritoTec, una iniciativa de la universidad proyectada a 15 años y que inició en Monterrey “para recuperar una comunidad entera” ante el panorama de violencia, luego de que los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arrendo, fueran asesinados en una de las entradas del campus Monterrey.
La noche del 19 de marzo de 2010, Jorge y Javier fueron asesinados por elementos del Ejército, quienes enfrentaban a supuestos criminales y asesinaron a los dos jóvenes argumentando que eran delincuentes. Incluso, modificaron la escena del crimen y colocaron armas en los cuerpos de las víctimas para comprobar su supuesto vínculo delictivo.
Lee: ‘FGR quiere que el caso quede en el olvido’, denuncian familias de los estudiantes del TEC asesinados por militares en 2010
Esos hechos marcaron a la comunidad universitaria y nació Distrito Tec, un proyecto que no buscó cerrar el campus ni incrementar la seguridad, por el contrario, planteó “integrar al campus con la ciudad” y quitar todos los muros.
Bajo este plan, según la universidad, se mejoró el entorno urbano, se impulsaron parques de bolsillo −espacios de la escuela cedidos al público−, se promovió una red vecinal, así como un modelo de policía y justicia cívica a través de la participación ciudadana, entre otros proyectos.
Distrito Tec llegó a CDMX en 2019 bajo el nombre “Distrito de Innovación Tlalpan”, al que se sumó el gobierno de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad del Pedregal, la alcaldía de Tlalpan, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, entre otras instituciones que buscan “una transformación urbana, económica y social que genere importantes beneficios para la ciudad y sus habitantes”.
Durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, los puentes del campus Ciudad de México colapsaron y provocaron la muerte de cinco alumnos y dejó a más de 40 heridos. Tras los hechos, la universidad decidió demoler una parte de sus edificios y renovar el campus tomando en cuenta el proyecto Distrito Tec, según señala en su página Reconstrucción Tec.
La idea, destaca, es integrar el campus al entorno, mejorar las condiciones peatonales, ambientales y de movilidad.
La Secretaría de Educación capitalina informó, a través de una solicitud de información, que el convenio de colaboración entre la universidad sobre Distrito de Innovación Tlalpan, otras instituciones y el gobierno capitalino se firmó el 11 de marzo de 2019 y solo reporta los acuerdos alcanzados hasta abril de 2020. Entre ellos está conformar un comité técnico y la planeación de estrategias de acercamiento e involucramiento vecinal con apoyo de la alcaldía.
Animal Político solicitó a la institución educativa conocer los avances del proyecto, qué negociaciones ha tenido con los vecinos, qué acercamiento tuvo con los comercios que fueron retirados y si Distrito de Innovación Tlalpan contempla su reubicación junto con las autoridades del gobierno capitalino y la alcaldía, pero hasta el cierre de la edición de esta nota no hubo respuesta.
El pasado 6 de septiembre, la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, realizó un recorrido por las nuevas instalaciones del Tec. Durante su visita, el vicepresidente de la institución región CDMX, destacó que “el nuevo campus convive con la comunidad y sociedad que lo rodea y detona la transformación de todo un entorno”.
Victorina, Ricardo y Juan forman parte de esa comunidad de Tlalpan desde hace más de 15 años, pero no se les involucró en los cambios, siguen a la expectativa de su reubicación y con la misma consigna: “Solo queremos y necesitamos trabajar”.
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