Diferencias de criterio no deben ameritar persecución penal: INE por denuncia

Las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) calificaron de “muy preocupante” que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pretenda convertir “un diferendo legal en una persecución penal”, con denuncias ante la FGR contra quienes votaron a favor del acuerdo para suspender el ejercicio de revocación de mandato.
Ante ello, rechazaron las denuncias penales contra cualquiera de las y los consejeros, así como toda forma de intimidación y vulneración de su autonomía.
Los consejeros suscribieron un posicionamiento en donde afirmaron que las diferencias de criterio, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.

“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, señalaron.
Aseguraron que en un Estado democrático de derecho “las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.

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— @INEMexico (@INEMexico) December 27, 2021

El 23 de diciembre, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra consejeros electorales que votaron por suspender el ejercicio de revocación de mandato, ante falta de presupuesto.
El legislador morenista denunció, como presidente, a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.
Además, entregó una queja ante el Órgano Interno de Control del INE por presuntas irregularidades y faltas administrativas en las que supuestamente incurrieron algunos servidores públicos del organismo.
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Ante el hecho, el INE recordó que el Consejo General del Instituto, por mayoría, aprobó posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de revocación de mandato.
Agregó que las decisiones del Consejo del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, en la legislación se prevé que éstas pueden ser impugnadas, “como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida”.
Afirmó que serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones.
El 22 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión a la Cámara de Diputados para que el INE no posponga el proceso de revocación de mandato.
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De acuerdo con una resolución de la Comisión de Receso de la Corte, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral pone en riesgo el derecho a decidir si revoca o no el mandato del presidente.
Con esta decisión, el máximo tribunal del país ordenó al INE continuar el proceso de revocación de mandato con el presupuesto asignado, que es de 1,503 millones de pesos, por lo que “deberá ajustarse a ese margen presupuestario en el desarrollo de todas las etapas del referido proceso de revocación”.
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