El Tribunal Electoral Federal votará esta noche un proyecto que prevé ordenar a la Secretaría de Hacienda otorgar al INE los recursos necesarios para que el árbitro electoral cumpla con su obligación de organizar y ejecutar la consulta de revocación de mandato.
El proyecto de sentencia, elaborado por la ponencia del magistrado Felipe Fuentes, echa atrás el acuerdo del INE en el que se aprobó posponer la organización de la consulta revocatoria por insuficiencia presupuestal.
La propuesta argumenta que el árbitro electoral no tiene facultades para postergar el ejercicio, y le ordena efectuar ajustes a su presupuesto para cumplir su obligación.
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Sin embargo, en caso de no contar con recursos suficientes, dice el proyecto, el INE podrá solicitar presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y ésta deberá dar trámite a su petición.
“Con base en los argumentos expuestos, esta Sala Superior determina revocar el acuerdo impugnado para el efecto de que el INE explore otras alternativas de gestión presupuestal para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato y garantizar la participación ciudadana.
“Asimismo, se vincula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en caso de que el INE haga una solicitud de ampliación presupuestaria para atender el procedimiento de revocación de mandato, dé respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud”, indica el proyecto al que tuvo acceso Animal Político.
Para vincular a la SHCP, el proyecto de Fuentes Barrera cita la jurisprudencia electoral 21/2002, que indica que las autoridades están obligadas a acatar las sentencias electorales cuando, independientemente de que no tengan el carácter de responsables, deban desplegar actos para que las mismas sean cumplidas por los actores.
El proyecto también cita la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que prevé que la SHCP autorice ampliaciones presupuestales para a fin de que las instituciones cumplan mejor los objetivos de los programas a su cargo.
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“Específicamente, respecto de los entes autónomos como es el INE, en su artículo 60, (la ley) dispone la posibilidad de autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y programas a su cargo, precisando la necesidad de informar a la Secretaría para efecto de la integración de los respectivos informes”, dice la propuesta.
Al tratarse de una sentencia en última instancia de un órgano jurisdiccional, si ésta es aprobada por la mayoría, deberá ser acatada por las autoridades vinculadas.
El INE ha sostenido que el presupuesto requerido para la consulta revocatoria de mandato es de 3 mil 830 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados le autorizó sólo 813 millones en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
El árbitro electoral ya hizo ajustes presupuestarios que le permitieron ampliar los 813 millones de pesos a una bolsa de 1 mil 503 millones, que continúan siendo insuficientes.
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