Los economistas José de Gregorio, Andrea Repetto, Eduardo Engel y Rodrigo Valdés respondieron a la carta de la directora de la Dipres, Cristina Torres, respecto a los cuestionamientos del proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU).
En una Carta al Director publicada en el diario El Mercurio, los expertos señalaron que Torres no responde a los cuestionamientos al financiamiento de la PGU. Esta misiva se suma a una anterior de los mismos economistas titulada “Sin financiamiento la PGU no es solución”, en la que cuestionan la maniobra del Ejecutivo, señalando que si bien mejorar las pensiones es un tema urgente, “ello no puede ser a costa de aumentar aún más los desequilibrios fiscales, por entendible que pueda ser que el Gobierno busque comprar una victoria política en sus postrimerías”.
Para los expertos, el problema principal es que el Gobierno decidió separar el proyecto principal del que asegura su financiamiento mediante la eliminación, o modificación, de exenciones tributarias, que debe ser votado la próxima semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Y en esta segunda misiva, sostienen que “lo primero es que el gobierno ingresó al Congreso proyectos de gasto y financiamiento separados, arriesgando a que solo se apruebe el gasto. Estamos disponibles a la invitación de la señora Torres a relevar la importancia de que el financiamiento no se entrampe, pero la clave está en el compromiso del Ejecutivo de que eso no suceda, es decir, de no gastar sin financiamiento”.
“Lo segundo -agregan- es que no explica por qué el país puede ahorrar menos en el Fondo de Reserva de Pensiones cuando este tiene por objeto apoyar el financiamiento futuro de las obligaciones fiscales en pensiones. Por transparencia, Dipres debiera publicar el estudio con el que funda su decisión de ahorrar la mitad. De hecho, si se aumentan los beneficios, la carga fiscal crecerá, lo que debería llevar a ahorrar más, no menos”.
En tercer lugar apuntan a que la directora de la Dipres aludió a “provisiones comprometidas en el presupuesto 2022 y el programa financiero para 2023-2026. ¿Reflejan esas provisiones el proyecto previo del que no se aprobó el gasto y tampoco su financiamiento? ¿Qué rol tienen los ingresos fiscales extraordinarios debido al crecimiento de este año a los que se refirió el ministro Cerda en sus declaraciones? Cabe notar que las estimaciones suponen que el gasto se reduce en el periodo 2023-2026. Adicionalmente, ¿Qué sucede con el financiamiento más allá del 2026?”.
“Nuestras dudas siguen siendo válidas. Quizás el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tenga algo que agregar a las aprensiones sobre sostenibilidad que manifestó el Consejo Consultivo Previsional en su informe al proyecto. Estamos de acuerdo con la directora en que enfrentar el problema de pensiones es urgente. Pero no es solución si no conlleva responsabilidad fiscal. Un gesto mínimo del gobierno sería que gastos e ingresos vayan en un solo proyecto, como en la ley corta, además de explicitar qué hay detrás de las estimaciones de financiamiento y pedir la opinión del CFA. Si ello revela que el financiamiento es incompleto, el Gobierno debiera agregar otras fuentes de ingresos”, cierra la Carta al Director firmada por Engel, Repetto, de Gregorio y Valdés.
