Las dos almas dentro del grupo de constituyentes de escaños reservados es conocida y se evidenció desde el día uno, cuando dividieron aguas entre la candidatura de Elisa Loncon e Isabel Godoy a la presidencia de la Convención Constitucional.
La segunda muestra fue respecto a la forma de la Consulta Indígena. Se había aprobado, primero, la propuesta del grupo de constituyentes donde se cuentan Natividad Llanquileo, la machi Francisca Linconao, Eric Chinga, Wilfredo Bacián y la misma Isabel Godoy, entre otros, que son parte de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular. Sin embargo, el grupo que integran la presidenta Elisa Loncon, Adolfo Millabur y Tiare Aguilera, entre otros, presentó una indicación sustitutiva que terminó imponiéndose a la anterior.
En la primera propuesta se seguían las características que habitualmente tienen las consultas realizadas por el Estado, e incluían propuestas de norma constitucional. La que primó, no. Esta tiene un sistema de fichas didácticas para consultar a los pueblos originarios, que –a juicio de sus detractores– puede caer en el peligro de ser más un proceso de participación que de consulta propiamente tal. Sus impulsores defendieron que la diferencia no es de fondo sino de forma.
Lo cierto es que el tiempo está en contra y dentro de los escaños reservados temen que, con el calendario encima, se torne complejo tener una consulta como la esperada. Así, el tiempo, los recursos y las diferencias por la metodología son los principales nudos. Justo en este escenario, la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular decidió postular a la presidencia de la CC al constituyente diaguita Eric Chinga y, como vicepresidenta adjunta, a Natividad Llanquileo.
En una columna publicada por El Mostrador el 8 de diciembre, Llanquileo afirmó que, de no complementarse la indicación sustitutiva “se incumple la obligación internacional de consultar y se impide la formación de los acuerdos vinculantes. De no corregirse esto, se abren vicios reclamables ante los tribunales ordinarios de justicia y los organismos internacionales de derechos humanos, porque se incumple la obligación de consultar las medidas susceptibles de afectar a los Pueblos”.
Mientras, en el Congreso Mapuche Lafkenche, realizado a mediados de este mes, se dio el respaldo por parte de este sector de pueblos originarios a la actual metodología de consulta. Según citó Ciper Chile, en el marco de ese Congreso, el constituyente Adolfo Millabur dijo que la idea es que “esos mismos contenidos se presenten no en forma de normas constitucionales, con articulados, sino que de manera descriptiva, de tal manera de que superemos esta costumbre que se ha instalado en el Estado chileno cada vez que hace una consulta (…), que va con los documentos redactados (…), solamente para preguntar si le gusta o no le gusta, pero no hemos tenido la posibilidad de decir, nosotros, si es que no nos gusta, de qué manera podrían cambiar las cosas”.
El golpe duro lo dio el constituyente mapuche Victorino Antilef, ahora excoordinador de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad de la CC, quien el 27 de diciembre renunció a ese cargo con duras declaraciones.
“Me he encontrado ante la encrucijada de coordinar una Comisión que pretende impulsar un proceso de consulta que ha adquirido contornos que significan un peligro precedente para los futuros procesos de consulta y un retroceso en la lucha de los pueblos en búsqueda de su dignidad, al transformar flagrantemente la obligación del Estado de consultar las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, en un mero proceso de participación mediante fichas, que por muy didácticas que se pretendan, no cumplen con los estándares internacionales ni en forma ni en su contenido”, apuntó.
Su decisión tensó aún más las cosas entre los escaños reservados y en general dentro de la Convención, que tendrá escasos meses para poder llevar a la práctica este proceso de consulta, que para los escaños reservados resulta clave poder salvar.
El lío de las platas
Este jueves, el Gobierno, a través de la Segpres, ofició a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para traspasar $800 millones, que se habían entregado a la CC para asignaciones, al ítem de participación ciudadana, donde está la consulta indígena.
Fue el 6 de diciembre cuando la presidenta Elisa Loncon dijo que “está en riesgo la participación y consulta indígena, porque no tenemos los recursos para realizarlo, porque no tenemos la colaboración del poder constituido para hacer la participación indígena”, lo que significó un cruce de declaraciones con el Gobierno.
En ese momento, el Ejecutivo aseguró que nunca hubo una petición concreta de la mesa de la CC respecto a recursos para esta consulta, y se presentó el requerimiento de dineros realizado por el órgano constituyente durante la discusión del Presupuesto 2022, entre octubre y noviembre, cuando aún no estaban zanjadas ni la metodología ni las actividades de la Consulta.
El mismo Victorino Antilef, en su declaración del lunes, reclamó que los integrantes de la Secretaría de Consulta Indígena “no tienen ni siquiera asegurados los mínimos derechos laborales, como percibir una remuneración por tan importante labor, tiempo y dedicación, que exige esta justa causa, ni las condiciones necesarias para llevar a cabo sus funciones”.
“Ante la presunta falta de recursos, se ha intentado impulsar por parte de ciertos equipos de constituyentes la entrega absoluta de este proceso de consulta a entes privados, como fundaciones, soslayando la obligación del Estado de implementar y ejecutar la consulta indígena, dejando tanto el procedimiento, resultados e información propia de las comunidades y territorios en manos de agentes que no necesariamente cuentan con la pertinencia cultural requerida, ni la confianza de las comunidades o territorios”, agregó.
Hasta ahora, los constituyentes de Pueblos Originarios están explorando un trabajo colaborativo para poder cumplir con los plazos, como por ejemplo el apoyo de municipios, entre otros espacios.
