La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó ayer y despachó a Sala el proyecto que elimina o reduce exenciones tributarias, presentado por el Gobierno financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), ya aprobada por la Corporación y que pasó al Senado. En la instancia, los parlamentarios aprobaron una indicación de impuesto a los súper ricos.
En concreto, se trata de un impuesto anual sobre el patrimonio de las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, cuyos patrimonios superen los US$5 millones o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año calendario.
Para efectos de establecer si el patrimonio de una persona natural supera el monto señalado, se sumará el patrimonio de sus relacionados y el patrimonio propio se computará a continuación del de aquellos.
Se consideran como relacionados con una persona natural, su cónyuge o conviviente civil y sus hijos no emancipados legalmente. Estos últimos, por su parte, considerarán como relacionados a sus padres.
“A nuestro juicio (…) no se cumplen las reglas de la Constitución”, señaló el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la sesión. “Puede obligar al Gobierno a ir al Tribunal Constitucional”, añadió.
Eliminación o reducción de exenciones
El objetivo de la reducción o eliminación de las exenciones tributarias contempla incorporar a las arcas fiscales recursos por el 0,35% del PIB. Esto se destinará a completar el financiamiento total del proyecto de la PGU, que considera dineros equivalentes al 0,95% del PIB.
Según lo comunicado en el primer informe de la Comisión de Hacienda, se espera llegar a un mayor gasto de 4.2 billones al año 2050, cuando el sistema esté en régimen.
