Universidades de regiones extremas y zonas grises del Estado

Strange (2001), constató la conformación de zonas grises del Estado en aquellos territorios que fueron abandonados por la autoridad política y los servicios públicos, para limitarse a incentivar la iniciativa privada en áreas estratégicas para la reproducción de la vida social como la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el transporte, entre otros.  Proceso que, en el caso de las regiones de nuestro país, fue presentado como un camino rápido hacia el desarrollo, producto del abandono de un Estado históricamente centralista y su concepción de los territorios fronterizos desde una perspectiva de seguridad nacional.
En términos educativos este repliegue estatal no estuvo asociado a un incremento significativo en su desarrollo socio-cultural en una serie de regiones extremas, si consideramos el caso de Tarapacá, donde nuevamente obtiene los promedios más bajos del país en la Prueba de Transición Universitaria (PTU) con 473,54 puntos; con comunas como Alto-Hospicio, donde existe una mayoritaria oferta educativa privada, no superó los 457,5 puntos. 
Escenario socioeducativo que impone un desafío no menor para las universidades estatales de región extremas a la hora de recibir estudiantes, muchos de los cuales son primera generación universitaria, pues se trata de instituciones obligadas al auto financiamiento, en una permanente e incesante competencia con universidades nacionales privadas y que hoy también cuentan con gratuidad universitaria.
En este contexto, la Universidad Arturo Prat y otras universidades estatales de regiones extremas, junto al patrocinio del convencional por el pueblo Quechua Wilfredo Bacian, presentarán una “Iniciativa convencional constituyente que crea un estatuto constitucional para las Universidades Estatales regionales y de zonas extremas”,  con el objeto de recuperar y fortalecer  la presencia estatal, laica, pública e intercultural, mediante la promoción de instituciones regionales de educación superior que tengan como objetivo  “la búsqueda de la verdad, el conocimiento, la felicidad, el desarrollo integral de sus territorios, el equilibrio ecológico y el buen vivir”, cultivando para ello “el conocimiento universal y recuperando los conocimientos, prácticas, tecnologías y culturas locales”; instituciones que serán “catalizadoras de la participación de las regiones y de la ciudadanía en la vida nacional en términos de la búsqueda de la equidad territorial, considerando que cada Universidad tiene su especificidad local, territorial e identitaria propia”, y que para la consecución de sus objetivos serán financiadas mediante “el incremento de aportes basales, a partir de nuevos impuestos generales y regionales, como el caso de los royalties mineros, con el objeto de garantizar su funcionamiento, desarrollo y la estabilidad laboral de sus funcionarios y funcionarias, así como abordar su endeudamiento estructural”.
Tomando en cuenta que uno de los riesgos de las zonas grises para las sociedades es el hecho de que las áreas que son abandonadas por el Estado no necesariamente terminan siendo sustituidas por la iniciativa privada, pues también pueden derivar en zonas Para-estatales controladas por el crimen organizado como el narcotráfico, el contrabando, el coyotaje, entre otros ejemplos, con  todo lo que significa para la seguridad integral de las regiones fronterizas. Ante esto, la posibilidad de que en este proceso constituyente se consolide el estatuto constitucional de las universidades regionales extremas, puede aportar tanto o más en términos de regeneración socio-cultural territorios que solamente su militarización, y a un menor costo para el Estado y sus contribuyentes.  

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