Ya desde el momento en que, inesperadamente, el presidente Piñera anunció el envío de un proyecto que crearía la Pensión Garantizada Universal (PGU) las Administradoras de Fondos de Pensiones, a través de voceros de su Asociación Gremial, salieron a manifestar su satisfacción con la medida. Es obvio que así haya sido: nuevamente el Estado sale a salvar a la industria previsional, como antes ocurrió cuando se implementó el Pilar Solidario.
Es innegable que la medida de implementar la PGU es una noticia positiva, en el sentido que genera un ingreso adicional a pensionados y personas que, sin estarlo, cumplen el requisito de edad. Sin embargo, no debe perderse de vista el hecho que quienes hasta hoy son beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria (PBS) verán incrementado su ingreso en $9.000. A su vez quienes están actualmente percibiendo el Aporte Previsional Solidario (APS), verán incrementado el aporte estatal en un valor promedio de $65.000.
Sin embargo, más allá de lo señalado precedentemente, el tema de fondo es que la implementación de la PGU está, de nuevo, dejando en un sospechoso segundo plano la Reforma Previsional pendiente. Es más: se está creando la percepción que dicha reforma quizás no es tan urgente. No contribuye mucho a clarificar el futuro en esta materia el zigzagueante discurso del presidente electo sobre la materia: ha variado, según se desprende de sus palabras, la prioridad que tiene dicha reforma como asimismo su decisión respecto al futuro de las AFP. Y respecto a prioridades – y esto parece ser un vicio trasversal – la autoridad de turno debe entender que “prioridad” significa “cosa que se considera más importante que otra (s)”. Por definición entonces, no puede haber un listado de prioridades, largo como lista de supermercado. Y si existen fuertes restricciones presupuestarias, entonces las “prioridades” tendrán que ser ¿tres, cinco? Si dejamos fuera de esta lista corta la Reforma Tributaria – porque es la llave que permite otras – entonces muy probablemente el futuro gobierno debería centrarse en pensiones, salud, empleo y orden público. Y no puede haber más. No coincido en que Educación deba, nuevamente, estar en esta lista corta. Se ha canalizado una gran cantidad de recursos a este sector en las últimas administraciones y algunas decisiones en la materia son francamente discutibles, como la gratuidad casi universal. No siempre se puede canalizar más recursos a quien grita más y más veces sale a la calle. Los pensionados no pueden hacer ni lo uno ni lo otro.
La Reforma Previsional es necesaria tanto respecto a los actuales trabajadores como a quienes se encuentran pensionados. Está claro que para los primeros una cotización del 10% de sus remuneraciones no les permitirá alcanzar tasas de reemplazo superiores al 40% de sus remuneraciones históricas. Respecto de los actuales pensionados, específicamente bajo las normas del DL 3.500 de 1981 y en la modalidad más utilizada – retiro programado – es urgente modificar tres aspectos:
El horizonte de las Tablas de Mortalidad, limitándolo a valores realistas, según las expectativas de vida calculadas por el INE.
La Tasa de Descuento aplicada por la Superintendencia de Pensiones.
El mecanismo de recálculo anual, que fija por 12 meses la pensión, lo que expone al pensionado a la eventualidad que precisamente coincida la fecha de dicho recálculo con una baja valoración de la cuota del multifondo en que se encuentre. Por cierto, no debería corresponder al usuario del sistema tener que estar eligiendo en qué multifondo estar. Es una lotería.
En materia previsional la incorporación del Sr. Marcel como Ministro de Hacienda puede ser vista tanto como una eventual noticia positiva, como así también considerarse con cierta reserva. Si bien presidió, hace ya 15 años, una comisión de “expertos” en materias previsionales, también debe sopesarse el hecho que tanto esta comisión como la Comisión Bravo, que entregó sus conclusiones en 2015, coincidieron en mantener la capitalización individual como base del sistema previsional.
Por de pronto no podemos saber si la elección del Sr. Marcel como Ministro de Hacienda fue o no una buena decisión. Los “mercados” se mostraron satisfechos con la nominación. Eso ya debería ponernos en alerta.
El presidente electo ha designado, extraoficialmente hasta ahora, a Claudia Sanhueza como Subsecretaria de Hacienda. Ella integró también la Comisión Bravo y se mostró entonces partidaria de un sistema mixto que sume componentes solidarios y de capitalización. El problema es que esta fórmula hasta aquí ha sido altamente funcional a los intereses de las AFP, porque la inyección creciente de recursos fiscales para pagar beneficios previsionales ha servido para ocultar el hecho cierto que las pensiones pagadas por el sistema creado por José Piñera Echeñique son, derechamente, miserables. La demanda, vigente, por retiros desde los fondos previsionales, se explica por cierto por las urgencias derivadas de la pandemia, pero también porque las personas se dieron cuenta que retirar fondos desde la AFP tiene un efecto que ha sido magnificado por la autoridad y los “expertos”. Una sola cifra al respecto: para una persona jubilada por retiro programado, por cada millón de pesos retirado su pensión bajó en promedio $4.500. Entonces mejor hago el retiro y, si no tengo urgencias lo dejo ahorrado, incluso en la misma AFP, pero bajo mi administración.
Corresponde entonces a la iniciativa del presidente electo, sus ministros con injerencia en la materia y al parlamento que se constituirá a partir de marzo próximo, materializar con urgencia una Reforma Previsional que se construya a partir del reconocimiento que el actual sistema, cuya base es la capitalización individual y por tanto las AFP, sólo sobrevive porque es subsidiado por el Estado de Chile.
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