Lanzan libro con ideas para lograr un gran acuerdo constitucional



Este martes se presentó publicación “La IV República. Un acuerdo constitucional para Chile”, que recoge la experiencia de diálogo 32 representantes políticos, académicos y sociales, que conformaron una Convención Constitucional a pequeña escala, donde generaron propuestas en diez temas críticos para la nueva Constitución.
Uno de los objetivos principales de esta experiencia, además de formular propuestas con cierta representatividad, fue observar -como una suerte de “laboratorio”- el comportamiento del debate, la posibilidad de llegar a acuerdos y la complejidad de los temas a tratar.
En ese contexto, representantes de la academia, empresariado, pymes, mundo social, pueblos originarios, alcaldes, entre otros (entre las que se cuentan las ministras de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente entrantes, Antonia Urrejola y Maisa Rojas), buscaron imitar lo que será la Convención Constituyente a través de cinco comisiones que debatieron y alcanzaron acuerdos en distintas materias, en un total de 56 reuniones de trabajo telemáticas realizadas entre abril y mayo de 2021. 
Las propuestas, que se elaboraron respetando las reglas de paridad, el quórum de 2/3 y donde se integró a dos representantes de los pueblos originarios, serán ofrecidas a la Convención Constitucional como un aporte a la discusión. 
Junto con destacar el valor de las propuestas elaboradas y el trabajo de todos quienes participaron de este ejercicio, el director ejecutivo del IDD, Juan Cristóbal Portales, puso en valor el proceso mismo señalando que uno de sus principales objetivos fue demostrar que “es posible sentarse en una mesa con personas que vienen de mundos distintos, que tienen miradas de la sociedad muy particulares, muy diversas, conversar con puntos de vista muchas veces muy divergentes y finalmente llegar a ciertos acuerdos básicos”. 
“Aquí de lo que estamos hablando es finalmente de ponernos de acuerdo en ciertos lineamientos fundamentales, en ciertos marcos generales, de cómo nos queremos relacionar de aquí en más como sociedad y creo que esa es la belleza e importancia de este ejercicio”, concluyó Portales. 
Maisa Rojas, próxima ministra de Medio Ambiente y una de las personas que participó de la propuesta y que actuó como coordinadora de la Comisión de Desarrollo “conómico y Medio Ambiente, destacó lo visionario de la propuesta. “Muchos de los temas que hoy se discuten en la Convención fueron parte de nuestra propia discusión”, sostuvo.
Además, señaló que este proceso adelantó también la importancia de ir más allá de ciertas posiciones personales y avanzar a una propuesta común desde la escucha, el diálogo y los acuerdos. 
Principales propuestas
Entre las principales propuestas presentadas están:
1. Sistema político:
Se propone un régimen presidencial y un sistema electoral mayoritario con distritos pequeños, que las elecciones parlamentarias no se realicen de forma simultánea a las presidenciales, el retorno al voto obligatorio, la existencia de mecanismos de control por parte de la ciudadanía, una reforma a la Administración del Estado y mantener el sistema bicameral. 
2. Descentralización: 
Entre otras cosas, se sugiere consagrar a Chile como un Estado Unitario Descentralizado, que las regiones y las comunas sean entidades territoriales con autonomía política y administrativa, que éstas tengan autonomía fiscal y la creación de una nueva escala de Gobernanza Territorial en la que, por ejemplo, dejen de existir las provincias. 
3. Plurinacionalidad: 
Se acordó proponer el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios consagrando, entre otras cosas, la definición de Chile como un Estado Unitario, Plurinacional y Descentralizado, su representación parlamentaria a través de escaños reservados, que Chile sea reconocido como un Estado multicultural, medidas que promuevan la paridad y representación de pueblos indígenas en el sistema judicial y establecer por ley acuerdos para crear territorios especiales para pueblos indígenas. 
4. Modelo de Estado: 
Se propone señalar que el fin del Estado es propender al bien común y la cohesión social, centrando sus esfuerzos en asegurar el respeto por la dignidad de todas las personas de la comunidad, garantizando su pleno desarrollo, tanto individual como comunitario.
5. Modelo De Desarrollo:
Se propone establecer expresamente el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que sea lícita, que no sea contraria a la seguridad nacional y el bien común, desconcentrando poderes económicos y promoviendo la libre competencia. También conservar el “Estado empresario”, permitiendo que pueda crear empresas públicas por ley, cuando razones poderosas lo fundamenten, lo que no debería ser la regla general, sino la excepción.
6. Medio Ambiente:
La nueva Constitución debe contar con referencias explícitas a nociones como el cuidado y la conservación del medio ambiente, reconocer la relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza, establecer la garantía de que el Estado preservará la biodiversidad y el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, e incluir un principio de justicia o equidad intergeneracional.
7. Autonomías Constitucionales:
Se propone que las entidades que tengan carácter autónomo, a nivel constitucional, deben ser excepcionales y por razones de la relevancia de que su función no esté ligada al poder político de turno y a los ciclos electorales. Éstas son la Contraloría General de la República, el Banco Central y la función constitucional (Tribunal o Corte Constitucional especializado para estos efectos o la Corte o Tribunal Supremo de Justicia).
8. Acceso a la Justicia:
Se propone el reconocimiento de que la principal función del sistema de Acceso a la Justicia es contribuir a producir la paz social, por lo que debe estar al servicio de la ciudadanía y a cargo de garantizar los derechos humanos y las normas constitucionales. El principio rector del sistema debe ser garantizar justicia digna para todas y todos. Se deben establecer también como principios rectores los de un sistema de Justicia Abierta: con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. 
9. Derechos: 

Derecho a la Educación: Se propone señalar que la educación es un derecho humano que faculta y potencia el ejercicio de todos los demás derechos humanos.  
Derecho a la Seguridad Social: Garantizar un sistema de seguridad social solidario, universal, integral, participativo, justo, no discriminatorio, sobre la base de la igualdad.
Derecho a la Salud: Garantizar el derecho de todas las personas que habitan el territorio nacional al mejor nivel de salud física y mental, a lo largo de todo el curso de vida. 
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva: Todas las personas tienen derecho a alcanzar el más elevado nivel de salud sexual y reproductiva, sin discriminación de ninguna naturaleza. Es de especial interés reconocer los derechos de los y las adolescentes a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Derechos de niños, niñas y adolescentes: Que el Estado reconozca y reafirme los derechos de la Niñez, y se comprometa a proteger y favorecer el cumplimiento de estos derechos. 
Derecho a la igualdad de género: La cuál debe ser garantizada en todos los ámbitos de la vida social, especialmente, en materia de empleo, trabajo y remuneración.
Derechos de las personas mayores: Deber preferente del Estado reconocer a las personas mayores como sujetos de derecho efectivos, fortaleciendo y priorizando su cuidado y apoyo para que, en esta etapa del ciclo vital, tengan una vida plena, participativa y autónoma.
Derecho a la Buena Administración: Asegurar una gestión pública de calidad, que considere al ciudadano como centro de su acción y como un legítimo participante en el proceso de formulación, ejecución y control de las políticas públicas bajo el principio de corresponsabilidad social.
Derecho a la Conectividad: Todas las personas tienen derecho a participar en la Sociedad de la Información y es obligación del Estado facilitar no sólo el acceso a la información transmitida electrónicamente, sino que también a la producción, intercambio y difusión de la misma. 

10. Participación: 
Se proponen aspectos como que, dentro del proceso de formación de la ley, se deba considerar una etapa de participación ciudadana no vinculante, y previa a la aprobación de la ley, reconocer el derecho de acceso a la información pública, incorporar iniciativa ciudadana en el proceso legislativo, considerar plebiscitos comunales y regionales, la eliminación de cargos vitalicios o sin límite de edad, entre otras. 
Para mayor detalle e información sobre el proceso, acceder al documento completo en el siguiente enlace: Instituto Desafíos de la Democracia.
Integrantes de la Comisión Constitucional IDD – KAS Chile 
1. Cristóbal Acevedo. Abogado y Master en Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Science in Economic Policy, University College London (UCL). 
2. Consuelo Alvial. Directora Ejecutiva Instituto Libertad.
3. Paula Bedregal. Médica, especialista en Salud Pública y Medicina Familiar del Niño. PhD en Psicología. Profesora Titular del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
4. Maximiliano Bello. Experto en política pública oceánica, asesor ejecutivo de Mission Blue (alianza global liderada por la destacada oceanógrafa Sylvia Earle), consejero de Amigos de los Parques, y ocean champion de la Cop26.
5. Felipe Berríos del Solar: Sacerdote Jesuita. Capellán y fundador de Un Techo Para Chile e Infocap. Fundador Fundación Recrea.
6. Andrea Bravo. Directora por ADP del Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva.
7. Luis Eduardo Bresciani. Director Escuela Arquitectura UC.
8. Camilo Charme. Director de asuntos regulatorios y jurídicos de la Asociación de Generadoras de Chile. 
9. Evelyn Cordero. Presidenta Fundación Arrebol, Investigadora Centro de Investigación Avanzada en Educación UChile, 100 líderes mujeres de El Mercurio 2020.
10. Gloria de la Fuente. Presidenta Consejo para la Transparencia.
11. Catalina del Río. Gerente de control financiero de Inder Spa, el family office de la familia Del Río.
12. Pablo Gutiérrez. Magister en Derecho Regulatorio y ex- Jefe de Relaciones Institucionales de la Superintendencia del Medioambiente.
13. Juan Pablo Hermosilla. Abogado. Profesor titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, y de posgrado en la Universidad Central y Pontificia Universidad Católica de Chile. 
14. Hugo Herrera. Filósofo político. Profesor en la Escuela de Derecho de dicha universidad Universidad Diego Portales.
15. Pedro Huichalaf Roa. Ex subsecretario telecomunicaciones y director ejecutivo del Consejo Chileno de Tecnologías de la Información y Comunicación.
16. Fernanda Hurtado. Gerenta General de la Fundación Generación Empresarial.
17. María Jaraquemada. Directora de Incidencia de Espacio Público, oficial de Programa para Chile y los países del Cono Sur en IDEA Internacional.
18. Rosita Lira. Galerista y Directora de la Galería Artespacio. 
19. Verónica Pinilla. Vicepresidenta Comisión Gasto Público, ex directora Chile 21 área modernización del Estado.
20. Alberto Pizarro Chañilao. Ex director CONADI, académico Escuela Gobierno y Gestión Publica Universidad de Chile.
21. Claudia Pizarro. Alcaldesa de La Pintana.
22. Gonzalo Polanco. Director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.
23. Alberto Precht:  Director Ejecutivo de Chile Transparente. 
24. Rosita Puga. Directora de la Araucanía Aprende y de la Corporación Formando Chile. 
25. Eugenio Rengifo. Director Ejecutivo de Amigos de los Parques y Director de Desarrollo y Asuntos Públicos de Tompkins Conservation.
26. Maisa Rojas. Física y climatóloga. PhD en Física de la Atmósfera de Universidad de Oxford. Profesora asociada departamento geofísica Universidad de Chile. Dirige Núcleo Milenio en Paleoclima del Hemisferio Sur.
27. Alejandro Steilen: Presidente de la Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 
28. Cristina Tapia. Presidenta de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones, ANACPEN. 
29. Julián Ugarte. Director Ejecutivo y Presidente de Socialab. 
30. Antonia Urrejola. Presidenta de la CIDH.
31. Andrés Velasco. Decano Escuela Gobierno London School of Economics and Political Science.
32. Paulina Vodanovic. Consejera del Colegio de Abogados y directora de Horizonte Ciudadano. 



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