Desde la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI, los Derechos Humanos realizaron una verdadera ampliación del campo de batalla de aquello que era éticamente admisible en política. Los llamados derechos de primera y segunda generación, libertades, derechos civiles y sociales básicos, que tienen su génesis en el siglo XVIII y XIX, fueron fortalecidos desde la práctica jurídica-legislativa, decantando en la aparecieron los tratados internacionales sobre la materia, una red de protección internacional que incluye distintas cortes internacionales, los Estados comienzan a reconocer en sus distintas constituciones estos derechos, y comienza el arduo trabajo para el reconocimiento de los derechos humanos de tercera generación, los llamados derechos de los pueblos o de la solidaridad.
Esta constante ampliación del campo de acción de los derechos humanos, nos hizo creer que las batallas ganadas estaban aseguradas en un cien por ciento y con gran sorpresa nos dimos cuenta de que eso no es así. Durante los últimos años hemos visto un creciente y alarmante discurso en contra de los derechos humanos de primera y segunda generación, derechos los cuales hace un par de años considerábamos completamente incuestionables.
Hemos sido testigos de cómo, un creciente porcentaje de la población está dispuesta a hipotecar sus propios derechos, en razón de discursos vinculados a la seguridad, el orden, la libertad económica y la condena a la violencia callejera. Estos discursos han aprovechado el miedo para atacar justamente esos lugares que considerábamos que no necesitaban defensas, y que por lo mismo, se han dejado indefensos.
Este es el panorama con el cual asumirá el gobierno el presidente electo Gabriel Boric, quien durante la campaña presidencial alzó la consigna de que la esperanza le gane al miedo y resultó, triunfó en las urnas, pero ahora es necesario capitalizar la esperanza y reforzar las defensas a los derechos humanos que hemos dejado debilitadas. Es necesario tomar medidas al respecto, y la mejor medida es educar. Si nos apegamos a la Declaración de las Naciones Unidas Sobre Educación y Formación en Materia de Derechos Humanos, distinguimos que la educación en esta materia comprende tres grandes dimensiones: educar sobre, por medio y para los derechos humanos.
Estas tres dimensiones cumplen roles distintos. El primer rol apunta a conocer cuáles son, que los sostiene, su historia y cómo se protegen. El segundo es incorporar los derechos humanos a la práctica misma de educar y ser educado. Por último, educar para los derechos humanos, es instruir a la sociedad para que no solo disfruten y ejerzan sus derechos, sino que también respeten y defiendan los de los demás.
Pero a pesar de cumplir roles distintos, las tres apuntan a un mismo fin: el de promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos, con todas las consecuencias que se derivan de aquello. Una sociedad informada no solo reduce el espacio para que se cometan abusos, sino que también el espacio en el cual los discursos que buscan hipotecar estos derechos tienen cabida, otorgándole a la sociedad civil las herramientas necesarias para que pueda ejercer como un verdadero ente de control de las actuaciones del Estado, sus agentes y los políticos en estas materias.
Es necesario que la esperanza deje de ser un mero slogan y se concrete en las medidas para erradicar el miedo a perder lo esencial y que, en cuatro años más, no nos enfrentemos nuevamente a la posibilidad de ver nuestros derechos hipotecados.Es necesario satisfacer el derecho a ser educado en derechos humanos y el próximo gobierno tendrá que asumir ésta inmensa tarea que, se deberá emprender lamentablemente, con treinta años de desventaja, pero que ya no puede esperar más.
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