Sin analizar previamente si sus perfiles eran los adecuados y sin haberles impartido una capacitación especializada, el comisario en jefe de la Guardia Nacional (GN), el general Luis Rodríguez Bucio, ordenó que 101 expolicías federales de caminos – relevados de sus puestos por militares – sea comisionados, ahora, a tareas de investigación y combate al secuestro.
En un oficio fechado el pasado 31 de enero y del que Animal Político tiene copia, Rodríguez Bucio instruyó al titular de la Dirección General de Seguridad en Carreteras, Jorge Alberto Trejo Terrazas, para que informara a sus elementos que, a partir del 1 de febrero, quedaban adscritos a la Dirección General de Investigación y comisionados a la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE).
Dos de estos elementos, que pidieron reserva con su identidad, confirmaron que les avisaron del cambio de un día para otro, y que no han recibido preparación o curso especial alguno para indagar secuestros. Animal Político solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (a la que pertenece tanto la GN como la CONASE) información sobre las razones de estos cambios y la capacitación que se ha impartido a los elementos, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
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La lista de cambios incluye 101 nombres de inspectores, oficiales, agentes y subagentes que estaban desplegados en estaciones de vigilancia carretera en 17 estados: Durango, Aguascalientes, estado de México, Yucatán, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Nayarit, Sonora, Hidalgo, Michoacán, Campeche, Coahuila, Morelos, Sinaloa y San Luis Potosí.
Son exagentes federales que hasta antes de la desaparición de la Policía Federal estaban adscritos a la División de Seguridad Regional, responsable de la seguridad en carreteras y vías federales (antes Policía Federa de Caminos). Con la extinción de la Policía Federal y el surgimiento de la Guardia Nacional, estos elementos civiles pasaron a la nueva corporación y fueron agrupados en los llamados Batallones de Seguridad en Carreteras e Instalaciones; esencialmente se mantuvieron realizando las mismas funciones.
Sin embargo, desde el año pasado y por instrucciones de su alto mando, la Guardia Nacional comenzó un proceso escalonado de relevos de todos los policías civiles que estaban en las funciones de vigilancia carretera para reemplazarlos con elementos provenientes exclusivamente de la policía militar. Este medio informó que, al cierre de enero pasado, dichos relevos ya se habían completado en 12 estados y, para el cierre del primer semestre de 2022, se esperaba completar el proceso al cien por ciento.
Los agentes civiles relevados han sido progresivamente desplazados hacia entidades donde aun no se han dado los cambios, pero una vez que se concluya con dicha estrategia, todos serán asignados a otras direcciones. Varios de ellos han comentado que no saben que ocurrirá y que las nuevas asignaciones, como la que ahora se documenta al área de secuestros, se dan de último minuto y sin aviso una planificación previa.
Para los exagentes federales de caminos que no alcancen a ser reubicados en otras direcciones, la Guardia Nacional ya alista un programa de retiro voluntario que se estará poniendo en marcha en los próximos meses.
En su momento este medio ha intentado obtener de parte de la Guardia Nacional alguna respuesta en torno a las razones por las cuales se decidió reemplazar a todos los agentes civiles de las tareas de seguridad en vías federales e instalaciones como aeropuertos, pero hasta ahora no se ha recibido alguna respuesta. Públicamente tampoco se ha anunciado los objetivos de este plan.
Puede ser ineficaz y hasta riesgoso, advierte experto
La investigación de un secuestro requiere de policías de altísima especialización, advierte el excomisionado general de la Policía Federal y maestro en Ciencias Penales Manelich Castilla Craviotto. Requiere, primero, de dominar las técnicas de investigación policial y, a partir de ahí profundizar en la adquisición de habilidades y conocimientos enfocados a la atención de secuestros.
“Los agentes de secuestro no pueden ser improvisados, necesitan una capacitación en temas como manejo de crisis, negociación. Deben tener perfiles empáticos, saber de atención a víctimas. El secuestro es el delito más grave de todos, que destruye no solo a la víctima directa sino a muchas indirectas. Un policía que investiga secuestros debe tener empatía, conocimiento de manejo de crisis y muy importante: análisis e investigación”, indica el experto en entrevista.
No obstante, uno de los agentes que se encuentra en la lista de los que fueron reasignados dijo que ni él ni sus compañeros han recibido ninguna preparación especial para atender delitos de secuestro. Los conocimientos que tiene son en materia de investigación policial pero enfocado a temas de tránsito, transportes de mercancías, y similares.
“Es algo para lo que no estamos capacitados. Se requiere tener preparación en materia de
análisis táctico, operaciones encubiertas, técnicas de sonsacamiento, fotografía y video encubierto. Se debe tener un perfil y capacitación para ser negociador o perfilador criminal. Labores totalmente distintas a las que desempeña un oficial de la dirección de seguridad en carreteras de la Guardia Nacional”, dijo el policía que pidió no publicar su nombre por temor a represalias.
Castilla Craviotto, quien en su momento también estuvo a cargo de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, dijo que hay policías de caminos que sí tienen las capacidades para desempeñar funciones de investigación policial. No obstante, el experto sostuvo que no se trata de una realidad general, y que cada designación debe ser analizada para ver si la persona en cuestión cuenta con un perfil.
Ese sería el primer paso, porque luego vendría la capacitación enfocada en la atención, investigación y manejo de secuestros. Es una tarea que no es ajena a la extinta policía Federal – que en el pasado ha comisionado a agentes a las unidades especializadas en combate a secuestros con buenos resultados – pero que sí requiere de una preparación de cada agente.
“Es un área de altísima especialización. El trabajo no termina con la liberación de la víctima si no con el seguimiento de los grupos que se dedican a esto. Por eso se necesita que las asignaciones sean las correctas. Si esto solo se está decidiendo porque tienen a un grupo de policías que ya no saben donde colocarlos y los están asignando a la fuerza a este tipo de tareas, el asunto no va a funcionar”, dijo el experto.
Castilla advirtió que una investigación de secuestro que no esté bien trabajada desde la investigación de gabinete hasta la de campo puede resultar peligrosa tanto para los propios agentes, así como para las personas privadas de su libertad. En 2009, por ejemplo, un operativo de rescate mal diseñado, ejecutado e implementado dejó un saldo de cuatro personas muertas en una casa de seguridad en Xochimilco, Ciudad de México. Entre las personas fallecidas estaba la víctima del plagio, la empresaria Yolanda Cevallos Coppel.
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Informe identifica fallas en formación y capacitación
El Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, presentado ayer en el Senado de la República, identificó irregularidades y contradicciones en los supuestos programas de formación, capacitación y evaluación en el proceso de conformación de esta nueva corporación.
Por ejemplo, el informe detalla que en junio de 2019 la corporación había indicado – en respuesta a una solicitud de transparencia – que los elementos provenientes de las fuerzas armadas con los que se constituyó la corporación recibirían cursos de 584 horas de duración en total. Sin embargo, en agosto de ese mismo año indicó que el curso sería en realidad de 385 horas, es decir, 199 horas menos.
En noviembre de 2021, detalla el informe, la Guardia Nacional reportó que se había dado el curso de capacitación policial inicial a 2 mil 274 efectivos, y alguna preparación especializada a 16 mil 916 efectivos. Las cifras son muy lejanas al estado de fuerza total de esta corporación que ronda los cien mil efectivos.
También hay rezagos en cuanto a la certificación obligatoria con la que deberían de contar todos los elementos de dicha fuerza para acreditar que cuentan con los conocimientos, habilidades y aptitudes para desempeñar bien la función policial. En mayo de 2021 el 90 por ciento de los elementos carecían de dicha certificación, en una clara violación a la ley de Guardia Nacional. Para noviembre del año pasado se reportó que la cifra había crecido a 20 mil 995 efectivos con el CUP, cifra que ele informe considera poco realista y que, además, apenas representa la quinta parte de todo el estado de fuerza.
El informe indica que estas irregularidades cobran relevancia si se toma en cuenta que la conformación de la GN se ha hecho esencialmente con militares que son reclutados y comisionados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, con personas que no son reclutadas bajo criterios de un estándar policial, sino como soldados.
“No se ha construido por tanto una corporación civil como lo establece la Constitución”, concluye el informe.
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