La Contraloría General de la República (CGR) emitió su informe final -con fecha del 17 de febrero- sobre una auditoría a la Municipalidad de Colina, respecto al gasto en horas extras y en la contratación de servicios a honorarios del personal municipal. El informe de la CGR -que comprende el periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020- detectó irregularidades en la materia.
Las irregularidades ocurrieron bajo la gestión del exedil de Colina, Mario Olavarría.
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En el documento, Contraloría dio cuenta que la entidad “ha autorizado el uso de un sistema especial de control (libros de asistencia) a funcionarios municipales -incluidos directivos- sin que esta determinación se haya fundamentado en la naturaleza de las respectivas funciones que desempeñan”.
Asimismo, “se determinó la falta de controles en el uso de dichos libros de asistencia, por lo que sus registros no aseguran integridad y confiabilidad de la información allí contenida y, por tanto, no pueden ser considerados como un mecanismo de registro confiable”, añade el texto.
Horas extras
En el periodo señalado, la CGR dio cuenta de horas extras pagadas en exceso a tres funcionarios y pagos improcedentes de remuneraciones.
“Se detectaron horas extraordinarias pagadas en exceso a tres funcionarios, por un total de $228.118, y pagos improcedentes de remuneraciones, asociados a incumplimientos de la jornada laboral del señor Patricio Durán Gatica -actual Director de Desarrollo Comunitario del municipio-, por un total de $2.436.880”, apuntó el órgano contralor.
Contratación a honorarios y pagos a Labbé
La Contraloría también abordó la ejecución del programa comunitario denominado “Tramitación en Terreno de Permisos de Circulación”, que implicó la contratación a honorarios de 30 funcionarios municipales.
En la ejecución del programa, la CGR detectó labores pagadas y no acreditadas, por un total de $2.639.777.
Asimismo, en relación a servidores a honorarios contratados por la Municipalidad de Colina, se detectaron pagos que no se encuentran debidamente respaldados a Cristian Labbé Galilea, por $26.526.004, y a Eduardo Valdebenito Brito, por $1.355.497, respectivamente, por no encontrarse acreditada la efectiva realización de todas las labores contratadas ni aquellas que fueron informadas.
Labbé es exalcalde de Providencia y exmilitar. También fue integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
El 30 de septiembre de 2019, el ministro en visita Álvaro Mesa sentenció a Labbé a tres años de presidio efectivo, además de la “suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena”, por el delito de apremios ilegítimos, el que cometió en noviembre de 1973 contra el estudiante Harry Cohen en pleno periodo de dictadura militar.
El fallo fue confirmado en abril de 2020 por la Corte de Apelaciones de Temuco, tras lo cual presentó un recurso de protección ante la Corte Suprema.
Aparte del caso Labbé, Contraloría detalló irregularidades en contrataciones a honorarios efectuadas por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina a personal de la propia entidad.
En concreto, se verificaron -para el año 2020- pagos duplicados a personal médico, por un total de $65.088.037, “por cuanto desarrollaron sus labores contratadas a honorarios durante parte de la jornada laboral que debían cumplir de acuerdo con los contratos de trabajo que paralelamente tenían con tal corporación”, señala la CGR.
