El 22 de marzo es un día para reflexionar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas concretas para abordar de manera decidida el objetivo de garantizar agua y saneamiento para todas las personas.
Para este año la FAO pone el foco en visibilizar las aguas subterráneas, aguas llamadas invisibles, aguas que no se ven, dado que se encuentran bajo tierra o en los acuíferos, pero que son esenciales en el ciclo hidrológico para la pervivencia de los ecosistemas, la reproducción de la vida, la producción de alimentos, el consumo humano, el saneamiento sanitario y, en algunos casos, actividades industriales. Y es que, las actividades industriales extractivas han puesto en riesgo la seguridad hídrica de un sinnúmero de comunidades, es así que el año 2018 se declaró seca por completo la Laguna de Aculeo en la comuna de Paine, Región Metropolitana y la evidencia de su secamiento recayó nada menos que en el desvío del estero Pintué (2010), incluso, después que se secó la laguna, se siguieron otorgando derechos de agua subterránea ¿A quiénes debería ofender esta situación?
A diciembre del 2021 en nuestro país, 184 municipios habían sido declarados en escasez hídrica, lo que equivale al 47% de la población, uno de los años más secos en la historia del país con déficit de precipitaciones de más de un 50%, embalses hoy llenos hasta el 45% de su capacidad total de almacenamiento y la significativa disminución de los caudales en los principales ríos.
Y es que la crisis hídrica tiene dos razones; una, es la crisis climática global y la otra, el sobreuso del agua que es una situación nacional; los derechos de agua están sobre otorgados, se sobreexplotan, no existe posibilidad ni evaluación de la capacidad de los ecosistemas para regenerarse; en Pichidegua y en otras localidades de la zona central vemos como se planta de forma exponencial, sin ningún límite de extensión territorial, sin un ordenamiento o planificación territorial, sin evaluar ni remediar el impacto hacia las personas y hacia las pequeñas actividades productivas de esos territorios, como por ejemplo la agricultura familiar campesina. En enero de 2022 se aprobó una reforma al Código de Aguas de 1981 que declara el agua, en cualquiera de sus estados, como un bien nacional de uso público y en consecuencia su dominio pertenece a todos los habitantes de la nación, prioriza el consumo humano, el cuidado de los ecosistemas y da seguridad hídrica a quienes reciben los derechos de agua, además, de evitar el no uso y la especulación. Si bien es un importante y necesario avance para abordar la grave crisis hídrica que afecta al país, es insuficiente si no se acompaña de profundas transformaciones institucionales en la gestión hídrica que permitan una mejor distribución del agua en Chile.
Hoy a través de la Convención Constitucional tenemos la oportunidad histórica de hacernos cargo de los graves problemas hídricos que nos aquejan, sabemos que nuestras condiciones de vida deben ser mejores, pero eso no significa que debemos sacrificar a la naturaleza para ello, por eso es que se necesita realizar un cambio al actual modelo económico. Hace años venimos con un sobregiro ecológico y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y de lo poco que nos va quedando y el agua es nuestro principal elemento para funcionar.
Estamos siendo protagonistas y testigos de una convención que se destaca por ser una instancia política construida con representatividad, paridad y diversidad de los territorios, cuestión nunca antes vista en la historia política y constitucional del país y que, lamentablemente, algunos tratan de deslegitimar. Sueño con una constitución ecológica, con especial respeto a la naturaleza, pues a través de ella se obtienen las funciones ecosistémicas que son necesarias para la vida y que sostienen el ciclo del agua. Necesitamos una constitución que no mercantilice el agua, ya que hoy día es considerada un bien económico, mercantil, que se transa en el mercado. Es importante que se le dé la relevancia y reconocimiento como bien natural común, con un valor intrínseco de la naturaleza, un valor que es para la vida y la viabilidad futura del país.
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