El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para crear el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), un órgano técnico dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda que tenga la finalidad de identificar los cuerpos de personas desaparecidas que se recuperen de fosas comunes y clandestinas.
La iniciativa, que busca reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, plantea el levantamiento y resguardo de muestras genéticas de familiares de desaparecidos aun cuando no hayan presentado una denuncia formal por el hecho.
“La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: (…) Realizar campañas de toma de muestras referenciales con fines de procesamiento a nivel nacional, que permitan recabar información genética de los familiares de personas desaparecidas o no localizadas, sin necesidad de una denuncia penal”, indica la propuesta.
El documento señala que se deberá contar con la participación constante de las familias de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones civiles, a fin de impulsar el derecho a la búsqueda, a la identificación y a la verdad.
La iniciativa reconoce que en México existe una crisis forense y falta de coordinación entre los estados, que únicamente tienen capacidad para identificar dos de cada 10 cuerpos que reciben, al tiempo que sus instalaciones para almacenar cadáveres tienen una sobreocupación del 40%.
Además, señala que hasta 2019 a nivel nacional existían únicamente 217 laboratorios de identificación y 263 anfiteatros.
Hoy la Presidencia de la República remitió a @Mx_Diputados la iniciativa que propone la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que es una avance ante la crisis forense que vive el país. Aquí el texto completo. https://t.co/dWzHB6gvir pic.twitter.com/BBtx0eC8BL
— Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) April 1, 2022
“Esta deficiencia en la capacidad operativa del Estado para atender la crisis forense se expresa en la falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de pruebas periciales; la escasez de personal especializado; recursos limitados; la falta de criterios homologados para la conservación de los cuerpos; el desconocimiento de la normatividad aplicable en la materia y la insuficiencia de cementerios forenses”, señala la iniciativa.
La propuesta establece que el centro pueda actuar a solicitud de los estados, aunque también tendría la facultad de solicitar a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, incluidas las fiscalías, información forense sobre identificación de cuerpos o restos que tengan bajo su resguardo.
“Para que el centro logre su objetivo, es fundamental y necesario que tenga acceso pleno e inmediato a los cuerpos y restos humanos, indicios biológicos y no biológicos en resguardo o a disposición de las fiscalías, instituciones periciales y autoridades de investigación criminal, así como a la información multidisciplinaria pericial con que cuenten dichas instituciones (bases de datos, informes, etcétera)”, plantea el texto.
“Es importante destacar que no se pretende que el CNIH supla las responsabilidades y obligaciones legales de los servicios forenses de las fiscalías y de tribunales, sino implementar una efectiva política pública de búsqueda forense con fines de identificación, mediante una metodología para la realización de identificaciones masivas, bajo la premisa de que cada entidad federativa que solicite el apoyo del CNIH entregará información y garantizará la apertura para la implementación del enfoque masivo”, añade.
El 17 de marzo pasado, el gobierno federal, a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, reconoció que hay una “crisis forense” en el país. Esto, debido a que hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en servicios médicos forenses o fosas comunes.
A la par, México se acerca a la marca de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas. Hasta la noche de este jueves, el registro público a cargo de Segob contabilizaba 98 mil 524.
La iniciativa de López Obrador implica cambios legales —no constitucionales—, por lo que solamente requiere de mayoría simple para quedar aprobada. Si los partidos políticos le dan prioridad, podrían dictaminarla y votarla en lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril.
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