A Carlos Escobar, la empresa Autobuses México Puebla Estrella Roja lo aisló y separó de sus compañeros cuando se enteró de que tenía VIH. Sus superiores no lo dejaban tomar en vasos de la compañía o que tocara la comida, lo obligaron a realizarse una prueba sin su consentimiento y violaron su derecho a la intimidad sexual difundiendo fotos privadas. Cathya, quien laboró en el mismo lugar, dejó su empleo porque no se le respetó su puesto tras regresar de su incapacidad por maternidad y porque no podía ejercer su derecho a lactar.
Ambos exempleados mantienen procesos abiertos contra la empresa por discriminación y violencia laboral, presentados ante el Conapred, la Procuraduría del Trabajo e incluso la Fiscalía General de Puebla.
Animal Político buscó a Estrella Roja para conocer su postura sobre estas denuncias. El área de comunicación respondió que, por el propio resguardo de la privacidad y los derechos de los denunciantes, no abordaría públicamente los casos o a través de vías que no sean las estrictamente legales.
“El reconocimiento y protección de la dignidad de las personas es prioritario y constituye un valor de la empresa que prevalece por sobre cualquier tipo de condición, rasgo o característica específica”, añadió, y reiteró su compromiso con los derechos humanos de todos sus colaboradores y su disposición para asegurar un canal de expresión y denuncia de cualquier tipo de acción o conducta que pueda vulnerar de alguna forma la dignidad e integridad física y/o psicológica los trabajadores.
Este viernes, envió a sus empleados el comunicado que puede consultarse aquí.
Las denuncias
“Fue un infierno”. Así describe Carlos su experiencia en la empresa, donde soportó cinco años por miedo y la necesidad de tener servicio médico.
En 2017, cuando tenía 28 años, Carlos acudió al IMSS por un malestar estomacal y solicitó a la doctora que lo atendió un justificante por llegar tarde al trabajo. En el documento, la doctora señaló su condición seropositiva, sin que esto fuera necesario o estuviera relacionado con su dolencia. Al ver la hoja, la supervisora del call center donde laboraba le pidió que se realizara exámenes para comprobar que no tenía nada. Carlos sí tenía VIH, pero lo negó por temor.
A partir de ese justificante médico, lo cambiaron de lugar para alejarlo de sus compañeros. También comenzaron a difundir que estaba enfermo e iniciaron las agresiones por ser homosexual y los apodos, e igualmente empezaron a cargarle más el trabajo y a cambiar sus horarios y descansos sin previo aviso.
En ese entonces, el área de call center de Estrella Roja compartía oficinas con otra empresa que autorizó a la Secretaría de Salud a hacer una jornada de vacunación contra la influenza. Todos los empleados fueron notificados y vacunados. De 18 personas de Estrella Roja, la supervisora Elizabeth Castillo mandó a dos a vacunarse, entre ellos, a Carlos. Él aceptó, pero se le hizo raro que el médico tuviera una hoja prellenada con sus datos. Lo vacunaron y, sin su permiso, también le hicieron una prueba rápida de VIH.
Al regresar a su área de trabajo, su supervisora le exigió conocer los resultados de su prueba. “Hay mucha gente enferma allá afuera y anda enfermando a los demás”, le dijo, pero él se negó.
Aguantar o irse
Carlos reportó esto al área de quejas y recursos humanos de la empresa. La respuesta de la gerencia comercial fue burlarse de él y decirle que estaba exagerando, que se estaba tomando las cosas personales y que aguantara o mejor se fuera.
Él decidió quedarse y aguantar los malos tratos y la discriminación, porque necesitaba el trabajo principalmente por los servicios del IMSS y para obtener sus medicamentos.
En 2019, la empresa lo acusó de robo y lo despidió, con el argumento de que había solicitado la devolución de boletos de viaje a su tarjeta personal. Carlos pidió que le comprobaran la acusación, pero no lo hicieron. Ante esto, interpuso una queja ante el Conapred y denunció despido injustificado ante la Procuraduría del Trabajo.
Estrella Roja trató de llegar a un acuerdo económico y él se negó. Finalmente, el gerente de la empresa le dijo que tenía que firmar una hoja para aceptar que es homosexual y “poner a todos sobre aviso” de que está enfermo. Esa fue la condición para reincorporarlo, pero él no aceptó y recurrió nuevamente a las instancias defensoras de sus derechos.
Tras una quincena perdida, la empresa lo llamó para que regresara a trabajar, ahora al taller mecánico para atender a los operadores. A esta vacante le correspondía un sueldo mayor al que tenía en el call center, según el contrato que Carlos firmó y ratificó el área de recursos humanos. Sin embargo, el ajuste jamás se hizo.
En esa área, pasó un tiempo laborando tranquilamente, hasta que en noviembre de 2021 fue víctima del delito de violación a la intimidad sexual. Un día, dejó abierto su WhatsApp en la computadora, aplicación que usaba para descargar imágenes e información que enviaban los operadores, pero uno de los supervisores revisó sus conversaciones y llamó a otros empleados para que vieran fotografías privadas e íntimas.
Al día siguiente, uno de los coordinadores le avisó que le pondría un acta administrativa por las imágenes, mientras que el jefe del taller le gritó que era un “enfermo” y “degenerado” y que la empresa había detectado que veía pornografía. Los mecánicos se burlaban de él, lo albureaban, le faltaban al respeto y lo tocaban cuando pasaba.
Carlos denunció que habían revisado sus conversaciones y que un compañero se las había mostrado a los demás. No pararon las burlas y las humillaciones. Después, uno de los ingenieros lo alertó de que sus fotos íntimas y conversaciones se habían mandado a todos los correos de los empleados.
“Eres un pendejo, te pusiste de pechito”, le dijo uno de los coordinadores, pero el único error de Carlos fue no cerrar su WhatsApp.
Ante los hechos, acudió a la fiscalía de Puebla a interponer una denuncia por el delito de violación a la intimidad sexual. Se sentía muy mal, y tanto era su estrés, que a finales de diciembre tuvo una parálisis y lo hospitalizaron.
Procesos contra la empresa
Los primeros 15 días de enero, agentes del Ministerio Público le marcaron para dar seguimiento a su denuncia y le informaron que acudirían a la empresa para hacer los periciales correspondientes y tomar fotografías. A él eso lo angustió, pero le dijeron que no se preocupara porque estaba protegido como víctima. Sin embargo, eso tuvo consecuencias: cuando terminó su incapacidad y regresó a trabajar, le avisaron que tenía restringido el acceso a varias áreas del taller y finalmente, el 18 de febrero, lo despidieron argumentando “baja productividad”.
“Me piden firmar una renuncia voluntaria con un párrafo que decía que la empresa nunca me discriminó ni me violentó bajo ninguna circunstancia; obviamente, no lo firmé (…) Sentí mucho coraje, todo fue un infierno”, cuenta.
“Cómo es posible que una empresa pueda vulnerar tanto tus derechos humanos, pueda exponer tu condición de salud, condicionarte y humillarte por tu orientación sexual, publicar tu intimidad sexual y que no le hagan nada”, cuestiona.
Los procesos contra la empresa están estancados y el MP presiona a Carlos para que confronte a las personas a quienes acusa, lo que lo revictimiza. Toda la situación ha mermado su salud física y psicológica, así como su autoestima.
“El MP me presiona para que me quede en medios alternos (reunirse con un mediador y lograr un acuerdo con la empresa); si no acepto, me dice que declararán la no acción penal y archivarán mi carpeta. De pronto, todo se frenó cuando antes me dijeron que había pruebas suficientes para proceder”, advierte.
Carlos no ha logrado regresar a trabajar. Piensa que ya tiene las puertas cerradas en el sector por las referencias que da Estrella Roja, empresa que tacha de excluyente.
“Yo seguiré luchando por mi caso y por visibilizarlo, por mucho tiempo tuve miedo, pero ya no tengo miedo. No pienso ocultar quién soy para tener acceso a un trabajo digno y poder ser respetado, tener VIH o ser homosexual no te resta capacidades (…) No soy Carla, Canela, ni Carlita, como me decían en la empresa. Soy Carlos”, afirma.
Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional donde más discriminación se percibe, con un índice de 28.4, seguido por Colima, con 25.6; Guerrero, con 25.1; Oaxaca, con 24.9; Morelos, con 24.4, y Estado de México, con 24, según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017).
“Parece que me castigaron por embarazarme”
Cathya Perry también laboraba en Estrella Roja. Entró en 2019 al área de compras y se encargaba de adquirir todos los insumos de las unidades. Sus problemas comenzaron cuando un año después avisó que estaba embarazada.
Su jefa le avisó repentinamente que la cambiarían de área porque la empresa estaba realizando movimientos. Ella estuvo de acuerdo ya que seguiría con el mismo sueldo y mismos descansos. Llegó al área del taller, donde se encontraba Carlos.
Para una embarazada, el taller era una zona riesgosa debido a que había aceite y podía resbalarse. Ahí le tocaba subir a las unidades y revisar que estuvieran limpias y sin ningún desperfecto visible. Meses después nació su bebé, regresó de su incapacidad y ya no tenía su puesto: otra vez, cambios.
Ahora, Cathya tenía que trabajar fines semana, sin un día fijo para descansar y rolando turnos, algo complicado para una mujer lactante. “Yo les decía que tenía una bebé y no podía estar rolando turnos, no es que no quisiera trabajar, acepté el cambio de área y solo quería un horario fijo para organizarme y lactar”.
Le dijeron que no le podían ofrecer otra cosa. Habló con el entonces jefe del taller, Mario Pimentel, con la subdirección y recursos humanos, y la respuesta fue la misma: “Es lo que hay si quieres. Tú piensa y decide”.
Durante un mes, roló turnos y para ella era difícil cumplir con su lactancia. Había un baño para el personal que laboraba en dos pisos y extraer su leche se complicaba; también, quién cuidara a su bebé sábados y domingos.
“Por más que insistí y di argumentos, no me hicieron caso, y en general así es con las mujeres. Mi percepción es que es una empresa machista y muy misógina, tan es así que hay muy pocas jefas. Si estás en un área como el taller, donde hay más hombres, no te bajan de tonta”, dice.
A ella no le respetaron el puesto laboral bajo el cual la contrataron, en compras, y cuando ocurrió el segundo cambio nunca se generó de manera formal la nueva descripción de su puesto. El tercer cambio ocurrió el primer día que regresó de su incapacidad.
“Parece que me castigaron por haberme embarazado y yo nunca tuve broncas con los cambios de puesto, pero ya como mamá, que me degradaran de posición, me pusieran a rolar turnos y hacerme trabajar los fines de semana sin un día fijo de descanso, todo se me complicó. A veces también necesitas un poquito de empatía del lugar donde trabajas, pero acá todo fue al revés”, cuenta.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2020, en México residen 21.8 millones de mujeres ocupadas; 73.8% son madres, en su mayoría con uno o dos hijos; 28.6% de ellas practican la lactancia materna exclusiva; 40.2% la practicaron durante los primeros seis meses y 46.9% la practicaron hasta los 12 a 15 meses. La Ley Federal de Trabajo protege a las mujeres y contempla su derecho a lactar y que cuenten con recesos para extraerse leche y tener espacios adecuados para ello.
De acuerdo con Cathya, dentro de la empresa hay mucha rotación debido a las malas condiciones laborales y a la vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores.
El proceso legal que interpuso Cathya porque no se le respetó su puesto laboral y se violaron sus derechos para lactar continúa estancado, igual que el de Carlos. Sus abogados le dicen que Estrella Roja interpone amparos, pero ella piensa que la empresa “ha soltado dinero” y se ha valido de influencias para que su proceso se prolongue.
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