La Fiscalía General de la República (FGR) está dispuesta a liberar a Emilio Lozoya Austin. La institución que dirige Alejandro Gertz Manero avalará la suspensión temporal de los procesos en contra del exdirector de Pemex en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, si este logra llegar a un acuerdo de reparación del daño con la empresa productiva del Estado.
Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Político que la cancelación definitiva de los procesos en contra del exfuncionario estaría sujeta al cumplimiento total de los puntos que se pacten en los probables acuerdos reparatorios que Lozoya alcance con Pemex, así como a la colaboración que brinde en los juicios que se inicien a partir de sus denuncias.
En caso de que haya un incumplimiento de los acuerdos reparatorios o de que estos no se pacten en la siguiente semana, la fiscalía pedirá que se proceda con la presentación de pruebas y el juicio correspondiente. La FGR había solicitado al juez una pena conjunta de más de 50 años de prisión en contra del exfuncionario, derivada de ambos casos.
Los fiscales consultados explicaron que para el Ministerio Público no hay duda —finalizada la fase de investigación— de que Lozoya es culpable de dos cargos de lavado de dinero, uno de asociación delictuosa y uno de cohecho. Es decir, desde el punto de vista de la FGR, una absolución no es posible, por lo que las rutas solo son dos: salidas alternas a su procedimiento o enfrentar el juicio.
La defensa del exfuncionario ha preferido optar por una vía que, aunque implica el reconocimiento de la culpa y con ello la reparación del daño, le evitaría enfrentar un juicio y, sobre todo, continuar en prisión. La FGR no se opone a esta ruta, como confirmaron las autoridades consultadas, siempre y cuando Pemex esté conforme con el monto que se le ofrezca y los plazos para ello. Sin eso, no es posible consumar ningún tipo de salida alterna.
En caso de que Pemex y la defensa de Lozoya logren ponerse de acuerdo, se solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un pronunciamiento al respecto, ya sea a favor o en contra de dicha solución. Esto, debido a que la UIF también funge como parte ofendida dentro de ambos procesos penales.
Durante el tiempo en el que Santiago Nieto encabezó la UIF, dicha institución se mantuvo en contra de que se facilitara a Lozoya el acceso a una medida alterna al juicio. La actual administración de Pablo Gómez al frente de la UIF no ha manifestado hasta ahora algún posicionamiento.
En caso de que tanto Pemex como la UIF estén de acuerdo, las partes deberán presentarse en audiencia para ratificar, en cada uno de los procesos, las condiciones de la posible salida alterna. Será responsabilidad del juez federal Artemio Zúñiga resolver si dichos acuerdos no contravienen disposiciones legales y si las condiciones pactadas son suficientes para darlos por buenos.
La organización civil TOJIL, experta en temas anticorrupción, envió al juez esta semana una petición en la que le pide no avalar dichas salidas alternas, tras considerar que no son compatibles con el marco legal vigente. Es decir, que sería ilegal aplicarlas en estos casos pues, argumenta, se debe privilegiar el interés público, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.
¿En qué consisten los arreglos?
Lozoya está bajo proceso por dos casos. Uno es el asentado en la causa penal 211/2019, donde se le acusa de haber recibido casi 3 millones y medio de dólares en sobornos de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de que a la postre Pemex comprara con sobreprecio su planta Agronitrogenados. El otro, abierto con la causa 261/2019, es el relacionado con los pagos ilegales por casi 10 millones de dólares que la constructora Odebrecht le hizo a cambio de favorecerla con contratos.
En el caso de Agronitrogenados, Lozoya busca frenar el juicio a través de un acuerdo reparatorio con Pemex, es decir, con el pago de un monto económico que se acuerde entre las partes y se considere que cubre la totalidad de los daños y perjuicios causados. Fue exactamente el tipo de salida alterna que logró el empresario Alonso Ancira, dueño de AHMSA, quien pactó la devolución de casi 220 millones de dólares en un periodo de tres años.
Dicho acuerdo deberá quedar asentado en un documento firmado por las partes. Además, se acordará qué bienes o recursos servirán como garantía de pago, así como la forma y el periodo en el que se cubrirá el monto total pactado. Una vez consumado el arreglo, se procedería con la suspensión del proceso penal, cuya extinción definitiva quedaría sujeta hasta que se cubra el 100% de la cantidad acordada.
Respecto del proceso de Odebrecht, la solución es más compleja. En este caso, donde se imputan a Lozoya tres delitos, se requiere de la concesión de un criterio de oportunidad (una especie de perdón legal) que le permita no enfrentar un juicio por los ilícitos que cometió. Esto, bajo la lógica de que debe aportar información que permita procesar a personas imputadas en delitos de mayor gravedad.
Un elemento fundamental que requiere la concesión de dicho criterio es que haya una reparación del daño. Por ello es que, antes que nada, el exdirector de Pemex debe alcanzar un acuerdo con la empresa petrolera por un monto que se considere suficiente y en un periodo viable de pago.
Pero además, Lozoya estará obligado a comparecer en el juicio o los juicios que se inicien en contra de las personas a las que denunció, y a que se reúnan las evidencias suficientes que prueben que sus acusaciones eran sólidas y se obtengan las sentencias condenatorias correspondientes. Es decir, su proceso quedaría suspendido por meses o incluso por años hasta que lo anterior ocurra, quedando a salvo la facultad de la FGR de cancelar el acuerdo si considera que no se han cubierto los requisitos.
Negociación en marcha y pendientes
De acuerdo con autoridades del caso, sigue en curso la negociación entre los representantes y abogados de Lozoya (incluido su padre, Emilio Lozoya Thalmann) con las autoridades de Pemex, para tratar de alcanzar un acuerdo reparatorio en los dos procesos penales. Hasta la publicación de esta nota, todavía no se sellaba ningún acuerdo.
El juez Artemio Zúñiga solicitó a las partes que sea en la semana del 25 al 29 de abril cuando le notifiquen si existe un arreglo, luego de que el pasado 11 de abril los abogados de Pemex decidieron, de último minuto, replegarse ante un preacuerdo que ya estaba sobre la mesa y pedir más tiempo para buscar un nuevo arreglo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta semana que fue él quien instruyó que no se cerrara un pacto con Lozoya hasta que no se estimara el daño patrimonial real que habrían dejado los hechos irregulares en los que incurrió el exfuncionario federal. A juicio del presidente, los 10 millones de dólares que Lozoya pretendía acordar se quedan cortos respecto del daño patrimonial. Además, el primer mandatario recordó que Lozoya debe cumplir con entregar las pruebas de los hechos que ha denunciado.
Con independencia de los dos procesos que están en marcha, Lozoya aún enfrenta otras indagatorias relacionadas con posibles malos manejos y lavado de dinero. El año pasado, por ejemplo, la UIF lo acusó formalmente de participar en una trama delictiva en la que fueron lavados más de 3 mil millones de pesos provenientes de Odebrecht con fines potencialmente ilícitos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), por su parte, ha presentado varias denuncias por los daños patrimoniales que dejaron diversos contratos en la gestión de Lozoya, entre ellos, los concedidos por plantas de fertilizantes como el caso Fertinal.
Los acuerdos reparatorios y el criterio de oportunidad que se están negociando actualmente no protegerían a Lozoya de acusaciones que eventualmente resulten de las otras investigaciones.
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