Expertos en derecho, acceso a la salud, presupuesto y rendición de cuentas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga público si se cuenta con un plan para fortalecer al sistema de salud y dar atención a la población sin seguridad social a través del IMSS-Bienestar, en sustitución del Insabi, así como transparentar si existen indicadores, objetivos y plazos definidos, a cuánto va a ascender el financiamiento y de dónde va a salir el dinero para que todo esto se lleve a cabo.
Después de que el presidente anunció que a partir de mayo se dará semanalmente una conferencia para informar sobre el fortalecimiento del sistema de salud, analistas, activistas y abogados dijeron que el problema es que hasta la fecha no se conoce la estrategia que se piensa seguir ni cómo se ejecutará.
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“Dicen que van a ir informando semana a semana, pero ojalá se pudiera conocer un documento, porque si no nos pueden hablar de avances y no vamos a saber con qué comparar si sí se están alcanzando las metas o no”, dice Judith Senyasen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En ese plan que no se ha hecho público y no se sabe si se tiene, se tendría que tener muy claro a quién se va a atender y con qué servicios. “No se puede argumentar que este nuevo modelo se va a apegar al del IMSS Bienestar, porque este no tiene tercer nivel de atención, entonces habría que saber qué va pasar con los hospitales de especialidad de los estados, si los va a absorber la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSAHE) o quién”, cuestiona Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo Cero Desabasto e integrante de la organización Nosotrxs.
Lo otro que debería conocerse en ese plan es de dónde va a salir el presupuesto para financiar la atención a la salud de las personas sin seguridad social. “El presidente habló en la conferencia donde anunció que esta tarea va a recaer en IMSS-Bienestar de que se necesitaban 200 mil millones de pesos, pero nadie ha explicado de dónde van a salir”, subraya Senyasen Méndez.
Castañeda sostiene que es muy importante saber en quién va a recaer la financiación. Con el Seguro Popular una parte de la cuota social la aportaban los estados, y hasta el momento no se ha precisado si ahora habrá aportación estatal para atender a esta población, ni cuál va a ser la ruta del presupuesto.
“Una de las grandes fallas del Seguro Popular es que tenía grandes agujeros, no era trazable la ruta del dinero y de ahí se hicieron grandes fortunas en los estados, eso puede pasar ahora, aunque sea la federación la que se encargue de financiarlo, si no se tiene etiquetado y no hay trazabilidad”, dice el coordinador de Cero Desabasto.
La rectoría de los servicios es otro punto importante que no se conoce. Todavía no es claro qué funciones seguirán teniendo las secretarias estatales de salud ni las jurisdicciones sanitarias. “Qué le toca a cada quién es algo que debería estar en un documento público”, advierte Castañeda.
Lo que se sabe hasta el momento
En las conferencias del presidente y otros actos públicos lo que se ha anunciado es que se hará un censo por estado para conocer con qué se cuenta y qué hace falta. “Se supone que ya hay censos, al menos en los tres estados donde va a arrancar este esquema de otorgar servicios de salud a la población sin seguridad social a través del IMSS-Bienestar, que son Nayarit, donde ya arrancó, Tlaxcala y Colima, pero tampoco se han hecho públicos los resultados de esos censos”, señala Janet Oropeza, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
En esos estados también se están realizando mesas de trabajo para hacer la transición de los servicios al IMSS-Bienestar, pero no se conocen los alcances y acuerdos de estas.
“Todo eso se debería hacer público, para saber cuál es la demanda de recursos en esos estados. Si van a ir estado por estado, que al menos se vaya publicando eso y la ruta de cómo van a ir avanzando. A Nayarit, por ejemplo, ya enviaron 125 médicos para el IMSS-Bienestar, pero qué porcentaje es eso de todos los que se requieren, pues no se sabe”, dice Oropeza.
Los acuerdos que ya se firmaron con los tres estados en los que se eligió que arrancaría la estrategia tampoco se han hecho públicos. Sin embargo, David Sánchez Mejía, abogado especialista en derecho a la salud solicitó y obtuvo vía transparencia el relativo a Tlaxcala.
Este acuerdo, del que Animal Político tiene copia, se firmó entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de su director Zoé Robledo y la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, pero en este documento tampoco se muestra un plan claro ni cómo va a avanzar la transferencia de recursos y servicios de la entidad al IMSS. Los compromisos establecidos son generalidades.
El acuerdo dice, por ejemplo, Tlaxcala se compromete a brindar al IMSS las facilidades que resulten necesarias para el intercambio de información, a fin de permitir la transferencia de infraestructura médica y financiera, con el objetivo de llevar a cabo la prestación de servicios de salud, a través del programa IMSS-Bienestar.
El IMSS se compromete a realizar un diagnóstico de la información proporcionada por Tlaxcala para analizar los alcances y requerimientos para la operación del Programa IMSS-Bienestar en el estado.
Los ejes sobre los que se desarrollarán las acciones que ejecutarán las partes se enfocarán en el aprovechamiento y optimización de: recursos financieros, infraestructura de las unidades y personal adscrito.
No hay nada respecto a plan de ejecución, rutas o metas, ni cómo se va a resolver lo del presupuesto. Lo que sí dice y preocupa, señala Sánchez Mejía, es que las partes se comprometen a ejecutar las gestiones que resulten necesarias para que Tlaxcala transmita de forma gratuita al IMSS, los derechos de propiedad, la posesión, y, en general, cualquier facultad que tenga sobre las unidades de salud, libres de todo gravamen, así como sin limitaciones de dominio, controversias y conflictos.
La transmisión de la propiedad de las unidades de salud incluirá también la infraestructura y equipo médico que se encuentre en estas.
“Es decir el estado se compromete a hacer todas las gestiones para transmitir de forma gratuita los derechos de propiedad y sin gravámenes, el gobierno estatal entonces está asumiendo el compromiso de deshacerse de todo su patrimonio sin recibir un centavo por los hospitales, los aparatos y además si hay algún tema de litigio, sanciones o prediales, los tendrá que solventar”, explica el abogado.
Lo complicado es, dice Sánchez Mejía, qué pasará si este acuerdo no se cumple o se rompe. “El estado está transmitiendo sus bienes y si se rompe el acuerdo se queda sin nada, no hay en este acuerdo una cláusula de salida, entonces cómo se van a proteger las entidades”.
Además, señala, el acuerdo es con el IMSS, pero los servicios los va a operar el IMSS-Bienestar. “Eso también genera dudas, porque no son los mismo, el IMSS maneja un patrimonio derivado de las cuotas obrero patronales, el IMSS Bienestar saca sus recursos de un subsidio federal, cómo saben los estados que su infraestructura no se va a usar para otras cuestiones distintas a la signadas en el acuerdo”.
De nada de lo anterior hay claridad. Lo que está imperando, coinciden los entrevistados, es la opacidad y los anuncios mediáticos, pese a que ya se tuvo un fracaso con el Insabi, del que tampoco se conoció nunca un plan de ejecución para brindar servicios de salud a la población sin seguridad social.
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