Para el nuevo gobierno uno de los temas más importantes y urgentes por resolver es la necesidad de regular la permanencia y selección de los inmigrantes que ingresan al país. Los ejecutivos anteriores no tuvieron éxito en sus políticas para impedir la masiva entrada de extranjeros e impedir la llegada de indocumentados que generan problemas en la sociedad. Las primeras semanas del Presidente Boric reflejan la actualidad de este asunto y la necesidad en formular una política consistente.
Entre las materias que se enfrenta está la elección de los postulantes para ingresar. No se trata de una realidad que solo experimenta Chile, sino es mundial, como lo ha vuelto a manifestar el conflicto de Ucrania. Cada vez es más frecuente que los países desarrollados, incluso algunos latinoamericanos, establezcan mecanismos de preferencia entre los deseosos de encontrar una mejor calidad de vida. En las últimas décadas la inmigración en el país ha sido masiva, pero con insuficientes controles, a pesar que en un período reciente el flujo ha disminuido, a causa de los problemas socioeconómicos que ocurren.
Una de las dificultades que se enfrentan es la disparidad de los postulantes que es necesario seleccionar, así como la discusión sobre los derechos a ingresar.
Un mecanismo de regulación es la existencia de visas para incorporarse, respondiendo a la diversidad mencionada. En Chile existe una variedad de este requisito. La mayoría de los indocumentados actuales ha llegado como turistas o por pasos fronterizos. Se pueden mencionar algunas, más serias que una tómbola:
Turismo y negocios, son casos de permanencia transitoria y de interés para la sociedad, pero necesariamente se debe establecer un período máximo de duración, así como requisitos que lo justifiquen como una reserva hotelera o compromisos empresariales.
Sujetas a contratos o visas de trabajo, que tienen una duración máxima de uno o dos años, renovables. Su aporte es claro.
Estudiantes, de intercambio o con becas, mientras dure su permanencia en los estudios. No se discute su contribución.
Refugiados o con asilo político, que deban aprobarse antes de ingresar.
Reunificación familiar. Fomentados por las cadenas de llamada, que son tan propias del proceso migratorio, generando continuidad en el futuro.
Niños que han quedado al cuidado de parientes mientras el inmigrante se establece; requieren normas especiales para tener acceso a los servicios sociales, incluso si los padres están indocumentados. Las madres embarazadas también son una situación preferente.
Zonas fronterizas. Permisos para realizar trabajos de corta duración mediante visas de ida y vuelta, como es el caso de la Zona Norte, entre ellas Colchane y la proximidad Arica-Tacna, de mutuo beneficio.
En todos estos casos se requeriría disponer de antecedentes o documentación que certifiquen alguna de estas condiciones.
Las experiencias que ocurrieron con las exigencias que hubo con venezolanos y haitianos permiten sacar enseñanzas útiles.
Otro aspecto que necesita definición es si los antecedentes para el ingreso deben obtenerse en Chile o en los respectivos consulados en el extranjero, problema que se relaciona con los derechos de los inmigrantes, materia que ha sido discutida en el país como irrestricta, según algunos “iluminados” de la Convención Constitucional.
Las expulsiones de personas indeseables para nuestra sociedad y las normas para procesar estos casos, cuando en el exterior tienen antecedentes penales relacionados con drogas, tratas, vulneraciones financieras o abusos comprobados a terceros. Las diferencias políticas e inconsistencias de los tribunales de justicia hacen difícil un consenso. La burocracia las dificulta aún más, como lo reflejó la ministra del Interior con expulsiones venezolanas.
En el presente hay una serie de países en que no se requiere visa para ingresar, no solo europeos o de Norte América, lo cual constituye un elemento adicional para la confusión política, el desorden burocrático y la indocumentación.
Una eficiente política requiere establecer convenios o acuerdos con los países que tienen una mayor importancia en el tráfico de extranjeros, situación en que Chile está muy atrasado. Son urgentes los acuerdos con los países latinoamericanos, especialmente limítrofes son urgentes. El caso de las entradas desde Bolivia de ilegales y las “reconducciones” o principio de no devolución, que impiden el retorno a ese país, es ilustrativo de la necesidad de buscar un trato oficial, en vez de estar construyendo “zanjas” para imposibilitar la permanencia de los extraños.
Ser requiere una mayor claridad en el trámite de nacionalización de los extranjeros, hoy sometidos a una burocracia impropia y desorden administrativo, que no permiten acoger a muchos casos que representarían un aporte significativo para Chile.
La política de extranjería también requiere de normas y acciones que faciliten la integración de los foráneos en diferentes campos, sobre todo en la educación, la salud, la vivienda, el sistema financiero y la vida comunitaria. ¡Si vas para Chile no serás un extraño!
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