El 20 de enero de 2017 la vida de Roberto González y su familia nunca volvió a ser la misma. Entonces, él tenía 41 años y vivía con su esposa y su hijo de 10 años en Playa del Carmen, Quintana Roo. Ese día, un perro del fraccionamiento había entrado a su departamento y asustó a la perrita ciega que tenía en casa. Tuvo un intercambio de reclamos con su vecina, la dueña de la mascota, pero el incidente menor tardó solo unos minutos en tener un desenlace terrible.
La vecina regresó con su esposo, Rodrigo Galán, quien enfurecido tocó la puerta y en cuanto Roberto abrió, se le lanzó a golpes, según se observa en el video de la cámara de seguridad del lugar. Roberto no volvió a aparecer en la imagen porque después de caer al suelo, las patadas y los golpes que recibió le provocó lesiones en la columna vertebral que lo dejó inconsciente e inmóvil de manera instantánea.
Han pasado cinco años y decenas de cirugías a las que Roberto ha sido sometido para salvarle la vida. Sin embargo, las lesiones impiden que su cerebro pueda enviar las señales al resto de su cuerpo, por lo que perdió movilidad del cuello hacia el resto de su cuerpo, es decir, tiene paraplejia.
#JusticiaCotidiana | Cuando resolver los conflictos que afectan cada día al ciudadano, no importa
El camino ha sido tortuoso desde entonces en todos los sentidos. Sobre todo porque el caso sigue en impunidad: cinco años después, el presunto agresor no ha sido juzgado.
Roberto interpuso dos demandas, una civil y una penal, explica su abogado Alejandro Aguirre en entrevista. La primera, por daño material, que llegó a fin a principio de 2021, con una sentencia de responsabilidad civil que le obligaría al presunto agresor, Rodrigo Galán, el pago de 3 millones de pesos como pago por las intervenciones quirúrgicas que Roberto a enfrentado tras la agresión.
Sin embargo, Galán recurrió a apelaciones y amparos para no hacer efectiva la pena, lo que le dio casi un año de extensión del proceso. Y solo hasta agotados los procedimientos, a final del año pasado la sentencia fue confirmada por lo que deberá proceder el embargo de bienes.
En la parte penal, se avanzó hasta la vinculación a proceso es decir, el juez encontró elementos suficientes para que fuese sometido a un juicio, y le impuso como medida cautelar retenerle el pasaporte y que acuda a firmar cada mes, para evitar una fuga. Y la primera audiencia de juicio oral en 2020, pero a través de amparos y el uso de todos los medios de impugnación posibles, el presunto responsable ha logrado frenar el juicio por otros dos años. En este abril de 2022, Roberto y su abogado están a la espera de otra fecha de audiencia.
La ausencia del Estado
Roberto pide justicia en su caso, para también evitar el riesgo de que ese hombre pueda agredir a alguien más de esa manera. “No esperen a que mate a alguien”, dice.
“Que se haga justicia, es lo único que pido. Necesito cerrar este círculo, porque esto me destrozó la vida. Antes practicaba triatlón, ahora tengo que estar pidiendo ayuda para todo. A nadie le desearía pasar por esto. Me ha costado muchas lágrimas, angustia, desesperación. He tocado fondo, pero aquí estoy”, dice Roberto al teléfono.
A cinco años de los hechos, pese a los videos, y a que Roberto acudió a la vía legal, simplemente no hay consecuencias. “Qué más prueba necesitan que yo”, reclama al referirse al sistema de justicia “tan deficiente. No es posible que se tarden tanto. Es decepcionante”.
Tampoco encontró eco en Presidencia. En 2018, Roberto fue trasladado en una ambulancia con su entonces esposa, a la casa de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con la esperanza de que su caso no quedara impune. Su esposa fue recibida por quien sería secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien le prometió dar seguimiento al caso, pero después de ese encuentro no volvieron a tener comunicación.
Y aunque tras la agresión fue atendido en el Instituto Nacional de Rehabilitación, una institución pública, su situación requiere de terapia permanente que ya no fue posible seguir recibiendo en el sitio, según argumentaron los médicos, por falta de personal y presupuesto ante las medidas de austeridad del gobierno federal, explica Rosalía González, hermana de Roberto.
Pero la condición de Roberto necesita terapias a diario, por eso es que entre los tres hermanos solventan el pago de un lugar particular en la que recibe terapia de 9 a 6 de la tarde, además del pago de dos cuidadoras porque él requiere atención las 24 horas para atender necesidades fisiológicas, vigilar sus signos, alimentación, suministro de las 24 pastillas que debe tomar a diario, además de los traslados a las terapias.
Tras la agresión, el matrimonio de Roberto también concluyó, en medio de confrontaciones de quien entonces era su esposa con la familia de él. En la demanda de divorcio, ella solicitó la petición de una pensión alimenticia, que la jueza fijó en 3 mil pesos.
Sin embargo, explica el abogado de Roberto, Alejandro Aguirre, se trató de una determinación incorrecta, dado que su representado es parapléjico y, por tanto, legalmente está materialmente impedido para realizar cualquier trabajo y obtener alguna remuneración. Por lo que le es imposible hacer dichos pagos.
Al momento, Roberto acumula una deuda de más de 70 mil pesos de pensión y por el incumplimiento, le han impedido ver a su hijo de 15 años. Por ello, explicó Aguirre, interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura contra la sentencia de la jueza, pero que tampoco ha avanzado.
Roberto tampoco ha podido conseguir ni el programa social de este gobierno dirigido a personas con discapacidad. En dos ocasiones ha dado sus datos a los servidores de la nación, el personal que inscribe a los solicitantes a programas sociales, ni siquiera por su evidente situación ha tenido alguna respuesta. La última vez le pidieron que acudiera a una oficina para hacer el trámite.
Por lo pronto él y su familia tienen la esperanza en una cirugía que, aunque no está aprobada por la FDA, se ha realizado en Tailandia, y cuyo costo asciende a 2 millones de pesos, que podría ‘reconectar’ una parte de la columna para intentar conseguir movilidad en los brazos. De ser exitoso, podrían intentarlo con las piernas. Aunque aún faltan una serie de costosos análisis para considerar si es candidato y luego conseguir el dinero para pagar el procedimiento.
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