Recién egresado de la prepa y a casi un mes de cumplir 19 años, un lunes 21 de marzo de 2011 Samuel Guzmán Castañeda salió de la central camionera de San Luis de la Paz, Guanajuato, rumbo a Dolores, en busca del “sueño americano”: ayudar a su familia de 11 hermanos, a sus papás y crear una escuela de futbol para jóvenes.
Luego de enterarse de que, en apariencia, los dos hombres que iban a cruzarlo a él y a otras 24 personas a Estados Unidos, habían sido secuestrados, para su hermana Evelina Guzmán comenzó una etapa en la que “los minutos, días y años se hicieron eternos, y siguen siéndolo”, relata en entrevista, ahora como parte del Colectivo Justicia y Esperanza.
Evelina describe a Samuel como el más centrado de sus hermanos, que tenía las cualidades de todos juntos. Pasaba la mayor parte del tiempo estudiando y jugando futbol. Para ella, tomar las riendas de la búsqueda ha implicado muchos retos porque “no desaparece solamente la víctima directa, desaparece una también, es una doble desaparición; quien sale a buscar deja un hueco en la familia: yo tengo que dejar a mis hijos, me he divorciado como diez mil veces de la misma pareja; la persona que busca se ausenta de su casa”.
Durante 11 años se ha enfrentado a la negativa de diferentes autoridades, inconsistencias y vacíos en la investigación, rechazo de la fiscalía para la búsqueda con el argumento de que no les corresponde, cambio de personas encargadas, pérdida de expedientes y datos, ausencia de registros, y muchas otras que el Comité para las Desapariciones Forzadas (CED) también documenta en el informe de su visita a México como desafíos específicos de las desapariciones ocurridas en contexto migratorio, que requieren la adopción de medidas particulares, más porque “hasta ahora, no existe una cifra real al respecto”.
“Empezamos a ver que era mucha la magnitud de las personas que estaban desaparecidas: 22 de aquí de San Luis de la Paz y dos hermanos Quintin, del estado de Hidalgo; 26 personas en total ya con los coyotes”, recuerda Evelina Guzmán. Ahí empezó su andar para poner denuncia en San Luis de la Paz, de la que después ya no hubo registro, en Guanajuato y en San Luis Potosí, porque era la ruta que habían tomado.
“Habíamos estado viviendo lo rutinario, lo de siempre, una vida normal, una vida con problemas económicos pero no tan fuertes. Después, vinieron muchas inconsistencias, muchas omisiones a las que nos enfrentamos… no sabíamos cómo reaccionar, no sabíamos qué hacer”, cuenta.
En abril de ese mismo año fueron descubiertas las fosas de la segunda masacre de San Fernando –el asesinato de al menos 193 personas—, entre las que después fue identificado el cuerpo de uno de los hombres que llevaba al grupo. Ahí comenzó la organización de las familias para que cinco hombres de entre ellas fueran a buscar a Tamaulipas a los migrantes que habían salido de Guanajuato. Sin haber podido encontrarlos allá, y después de enfrentar un clima adverso, ellos se separaron de la búsqueda. Las familias continuaron hasta formar el Colectivo Justicia y Esperanza.
“El contexto de migración es muy poco visible. Cuando alguien desaparece, vas a buscar en el mismo estado, porque sabes que desapareció ahí; para nosotros es un reto enorme el que estemos buscando en todos los estados porque no sabemos dónde desaparecen”, señala Evelina.
Ahora que, además, ha tenido contacto con personas originarias de Centroamérica que buscan a familiares que desaparecieron en su tránsito por México, sabe que si las familias mexicanas han vivido tantos atropellos, “es mucho mayor el reto para los compañeros de Centroamérica para entrar al Estado mexicano, y que no responda a sus peticiones ni siquiera para visas humanitarias, que siempre están negando”.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), señala que el principal desafío en torno a las personas que desaparecen en contextos migratorios es que las familias puedan tener acceso a los mecanismos de búsqueda e investigación:
“Si desaparece una persona en un contexto de movilidad humana o de solicitud de protección internacional, cómo puede una familia que está fuera de México acceder a la búsqueda y a la investigación para que efectivamente, sean buscadas por las instituciones, y para que no queden en la impunidad los casos”.
Mecanismos incompletos
Como parte del colectivo Justicia y Esperanza, Evelina Guzmán asegura que en la actualidad, la pelea entre cárteles ha comenzado a afectar más a quienes migran hacia el norte, porque “si entran en territorio estadounidense, los agarra la patrulla y los avientan”. Recuerda el caso reciente de cuatro migrantes que terminaron cerca de Piedras Negras, y ante una petición de ayuda al consulado, la respuesta fue que debían esperar al día siguiente porque las oficinas ya estaban cerradas. Sin posibilidad de trasladarse y expuestos, fueron secuestrados y liberados a cambio de un rescate.
“Necesitamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) esté en todas las mesas que hemos tenido, para que entiendan que debe haber una colaboración: cómo los consulados pueden apoyar en cuanto pasa esto; dejaron a la deriva a cuatro personas, los dejaron a que fueran víctimas del crimen organizado… sabemos que nadie nos obliga a migrar, la necesidad es la que obliga, pero cómo empezamos a ayudar a que en el momento no seamos presa fácil; esos albergues que tanto mencionan, y de los que tanto se enorgullecen, no nos están funcionando de nada”, reclama.
Aunque ya establecido, el Mecanismo de Apoyo Exterior, creado a partir de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, debería contar con lineamientos que aseguren la coordinación de cinco instancias: la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“Esto implica que cualquier familia pueda utilizar consulados o embajadas para denunciar desde donde esté, para que no se duplique, porque si ellos van ante su propio consulado, después la comunicación es entre consulados y nunca llegaba a México, nosotros lo documentamos durante varios años. Este mecanismo lo que hace es abrir una puerta de justicia y de búsqueda para estas familias de la representación de México en el extranjero: embajadas y consulados”, explica Delgadillo.
La FJEDD ha ingresado ante este Mecanismo 124 casos mediante un acuerdo de palabra con la FGR, pero su operación tendría que estar disponible para que el acceso a la búsqueda e investigación mediante consulados y embajadas esté abierto a quien lo solicite directamente. “Tiene que ser una política pública reglamentada, por eso estamos pidiendo que la SRE emita los lineamientos, pero la deuda está desde el 2015”, agrega.
Aunque bajo el liderazgo de la CNB se empezaron a trabajar, el primer borrador dejaba fuera gran parte de las facultades de la Fiscalía para búsqueda e investigación, así como la facilidad de otorgar las visas humanitarias desde embajadas y consulados. Después de casi ocho meses de esa última versión, siguen siendo revisados.
“El Comité lamenta que el Plan Estratégico y los espacios y mecanismos creados carezcan de operatividad: la Mesa de Búsqueda todavía no funciona y no se ha conformado el Grupo de Trabajo Interinstitucional Especializado. La eficacia del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación ha sido limitada por falta de lineamientos para la coordinación con las embajadas y consulados, de los cuales depende su aplicación”, señala el CED de la ONU en el informe de su visita a México.
Además, subraya la urgencia de que todos los agentes de la SRE, la FGR, las fiscalías estatales, las comisiones de búsqueda, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos y el INM cumplan con sus funciones y asuman un papel más proactivo y protagónico para que las víctimas de desaparición en contexto migratorio puedan acceder a sus derechos.
También ya creada, la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas carece de una operatividad cotidiana: “No nos vamos a entrampar otra vez en la omisión de los lineamientos; es necesario que se emitan lo más pronto para que se puedan empezar a trabajar las estrategias diferenciadas para la búsqueda de personas, para el centro, norte y zonas específicas… Sabemos que las principales dificultades para que salgan están en la SRE, la FGR y el INM; son las tres instituciones a las que les falta un poco más entender cuáles son las recomendaciones que ya ha tenido México para personas desaparecidas migrantes”, dice Delgadillo.
El 9 de noviembre de 2021, la Secretaría de Gobernación anunció la creación de la Mesa, con la finalidad de que sea un espacio permanente de articulación, intercambio de información y colaboración entre familias, organizaciones civiles, organismos internacionales, instituciones del Estado mexicano y extranjeras para articular esfuerzos en la búsqueda. Anunció que otros dos mecanismos serían el Grupo de Trabajo Interinstitucional para búsqueda por patrones de personas, que reunirá a múltiples institucionales nacionales, y el Mecanismo de Apoyo Exterior, cuyos lineamientos serían enviados para ser votados en el Sistema Nacional de Búsqueda.
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No hay estadísticas certeras
Además de obtener de manera reciente el expediente de investigación completo y trazar un plan de búsqueda, apenas a principios de abril, Evelina y las demás familias de los 24 migrantes de San Luis de la Paz lograron que su registro quedara completo, cada uno con su folio, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), después de que la CNB, y específicamente su área de análisis de contexto, acudiera al municipio.
“Yo me imaginé que sí estábamos en el registro, y resulta que no. Obviamente que si para el estado (de Guanajuato) no estábamos, y de ahí mandan la información al nivel federal… apenas la semana pasada logramos y completamos el registro, y ya cada una tiene su folio, después de 11 años”, cuenta Evelina. A ella, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato la registró como tal apenas hace dos años; entre 2016 y 2019 perdieron sus documentos.
Para el CED, aunque el RNPDNO contempla la categoría de personas en situación migratoria irregular, la información no refleja de manera fidedigna los casos en los que desaparecieron durante su tránsito por el país. “Además, las personas en situación migratoria irregular en general no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares por temor a ser detenidas y deportadas, o porque desconocen los mecanismos para hacerlo”, describe el informe.
Desde 1965 hasta hoy, el RNPDNO únicamente tiene el registro de 43 personas migrantes desaparecidas, y cuando se específica la categoría de situación migratoria irregular, el número desciende a sólo seis: cuatro nicaragüenses, un venezolano y una guatemalteca. Desde enero de este año, en total se registran 10 personas migrantes desaparecidas, pero solo una cuando se específica situación migratoria irregular. El registro no refleja a las personas mexicanas desaparecidas en un contexto migratorio. Entre enero y abril de 2011, el RNPDNO muestra el registro de 19 personas que permanecen desaparecidas en San Luis de la Paz.
El subregistro de desapariciones de personas migrantes no permite medir el impacto de las iniciativas en la materia, asegura el Comité. A esto añade la falta de cooperación interinstitucional, que impide obtener datos y pruebas relacionados, particularmente cuando operan redes criminales transnacionales de tráfico y trata de personas. La ausencia de análisis de contexto, perspectiva transnacional y abordaje multidisciplinario impacta en los resultados de las búsquedas e investigaciones.
“Este tema lo viene arrastrando como un incumplimiento el Estado mexicano desde el primer informe que dio el CED (2015). Ahí ya se señalaba que existían desapariciones forzadas de personas migrantes, hablaban ya del contexto muy delicado que no había sido atendido en el norte de la República, sobre todo alrededor de San Fernando, y una de las recomendaciones fue la obligación de tener una estadística real del número de personas desaparecidas. La repiten ahora porque hasta este momento no tenemos conocimiento cierto de cuántas son”, señala Ana Lorena Delgadillo.
Además de los informes de la CNDH entre 2008 y 2010, que hablaban de cerca de 20 mil secuestros de migrantes en dos periodos de seis meses, no existen cifras reales y “es muy delicado porque entonces no tienes idea de la magnitud del fenómeno y dejas en una tremenda desprotección a esta población; ni siquiera la CNDH, que antes lo hacía, ha actualizado las cifras o los informes para documentar el número de personas secuestradas y desaparecidas migrantes en México”, añade.
En su informe, el CED indica que desde 2016 se han interpuesto 124 denuncias por desaparición de personas migrantes, a través de los consulados de México en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero “solo representan una parte de los casos documentados; los testimonios recibidos demuestran que si las víctimas no impulsan las investigaciones con la Unidad de Migrantes de la FGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la FGR y las fiscalías locales sólo realizan gestiones documentales y los casos no avanzan”.
“Tras 11 años de esperar, ahora sí ya empezamos la búsqueda”
Después de años de exigencia, el año pasado Evelina Guzmán y las otras familias de los migrantes desaparecidos lograron que se presentara un plan para dar seguimiento a la búsqueda en vida de las 24 personas. Comenzaron en Nuevo León en febrero, siguieron en marzo en Tamaulipas, abril fue en Guanajuato y en mayo, Coahuila.
“Ya llevamos una ruta; sabemos que está mal elaborado, sobre todo por la poca información que la Fiscalía le dio a la Comisión (Nacional de Búsqueda) pero estratégicamente hay que hacerlo así: aceptar lo que nos están dando para decirles cuáles son los huecos, qué no han estado haciendo y qué faltaría. Hemos logrado que, tras 11 años de esperar, ahora sí ya empezamos la búsqueda”, relata Evelina.
Además, de manera reciente, pudieron tener la copia de la averiguación previa federal y están dando seguimiento de las diligencias que se hicieron y las que no. “Ha sido uno de los grandes logros, tenerla ya en físico, que son 28 tomos; toda la información en la que se pudo haber avanzado muchísimo son el primero y el segundo, los demás son relleno”, agrega.
También han logrado, al fin, tener la certeza de que las autoridades ya cuentan con todas las muestras genéticas, pues los servicios periciales habían perdido las de nueve familias. Aunque Evelina sabe que ha sido un proceso revictimizante, destaca que por eso es importante la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses (pendiente por ley desde 2017), que tenga toda la información necesaria para hacer confrontas y cotejos entre diferentes estados, porque suelen tener bases de datos distintas.
“Lo que ha pasado en la práctica es que lograr cada pequeño paso es una hazaña tremenda: requiere de muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo lograr lo más mínimo”, lamenta Ana Lorena Delgadillo, de la FJEDD, quien lo atribuye a la falta de voluntad, así como de coordinación y capacitación.
Además, asegura, se requiere que la CNB tenga una vinculación directa con instituciones de Centroamérica y de otros países que reciben denuncias por desaparición de personas migrantes, como fiscalías locales, oficinas de relaciones exteriores o procuradurías de derechos humanos.
“También hemos dicho que ya hay esfuerzos iniciales en Centroamérica que no se han aprovechado, por ejemplo, que el equipo argentino de antropología forense inició con un Proyecto Frontera, que permite la creación de bancos de información forense en Centroamérica y en algunas ciudades de tránsito de México”, explica Delgadillo.
Como en Centroamérica no están concentrados los datos de migrantes en un solo lugar, el proyecto genera un convenio, como ha hecho en El Salvador, para documentar casos y después cruzar la información con la que existe de masacres de migrantes o morgues en Estados Unidos. Tener una mayor vinculación con ellos y con bancos forenses de Centroamérica ayudaría porque son espacios claros donde se está concentrando información de migrantes desaparecidos. La Mesa de Búsqueda permitiría eso, por ejemplo.
A esto se suma que el estigma que pesa sobre las personas migrantes desaparecidas, también señalado por el CED, se promueve desde autoridades del Estado mexicano, que ha decidido asumir el problema de la migración como un problema de seguridad nacional, y no desde una lógica de derechos humanos como una situación humanitaria a resolver. Esto ha implicado, subraya Delgadillo, que México ocupe mayoritariamente su Guardia Nacional para la detención de personas migrantes.
Para la FJEDD, el informe del CED es una oportunidad para el Gobierno mexicano de dar, finalmente, una respuesta a las casi 100 mil familias que son víctimas de desaparición en México, pero desde una política integral de Estado, que no puede depender únicamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la CNB.
Evelina Guzmán sigue en espera de esa respuesta: “Todavía tengo esa esperanza, a veces lo sueño, y sueño que está vivo, y me quiero quedar con eso de seguirlo buscando. Nos tocó en la Brigada Nacional, que participamos en febrero y marzo, que encontraron a dos centroamericanos que tenían ocho y tres años desaparecidos. Me quedo con eso de que si seguimos buscando, los vamos a encontrar y ojalá que sea en vida, y si no, también, pero mínimo tener la certeza de que él está ya aquí con nosotros”.
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