La Convención Constitucional es un activo de Chile. Por orden del pueblo chileno, en ejercicio de su democracia reconocida, el Estado llamó a un plebiscito mediante el cual se aprobó su existencia y su funcionamiento. A partir de entonces, el país ha invertido, desde su hacienda (o nuestra hacienda), fondos para el funcionamiento del grupo, a través de costos directos e indirectos, produciéndose incluso un nuevo tipo de lucro cesante, un lucro funcional legal cesante, producto de la inacción creativa legal en espera de los resultados de la Convención, con la visión y la esperanza de que después se hagan leyes que cumplan con esta nueva Constitución, de ser aprobado el producto final, que sean consecuentes con este, sabias, o más sabias; o, de rechazarse, continuar con la legislación actual y el actual estilo de hacer leyes, de acuerdo a la Constitución del 80 y sus modificaciones.
Además, se han creado expectativas en el pueblo, para bien o para mal, por lo cual también se está pagando un costo social alto, en nuestra convivencia dividida, que está resentida, con la esperanza también, de muchos, de ser resarcidos después, con el paso de los años, con los resultados sociales producto de este esfuerzo actual.
En fin, se ha dispuesto de fondos, de infraestructura, como edificios y organismos estatales, tales como Servel, y de recursos ministeriales, de transporte y equipamiento, así como otros gastos diversos.
Por lo tanto, no se trata de una opción, se trata de un deber del Estado chileno, de todo él, y no solo del Gobierno, sino también de todos sus poderes y sus dependencias y de personal, así como de las Fuerzas Armadas y de Orden, y de cada chileno, defender este activo, defendiendo este proceso. Entonces, ahora la Convención es parte del Estado, aunque tenga fecha de vencimiento. Mientras sea legalmente activa, es parte activa del Estado de Chile, como cualquiera de sus otros poderes, y debe reconocérsele y tratársele como tal.
Y defenderlo incluye darlo a conocer, difundirlo, como proyecto, incluyendo sus objetivos, alcances y limitaciones. Debe propugnarse que sus miembros trabajen de acuerdo al espíritu y a la norma que concibieron y generaron este activo.
Lo anterior debe implicar que el Estado, a través de todos sus organismos, incluida la propia Convención, o partir de esta, debe facilitar a la población, y mantenerla, toda la información histórica y actualizada del estado en que se encuentra el proceso constituyente, en tiempo real, de modo que esa información sea fidedigna y transparente, y procurar evitar la generación de toda información falsa y toda actividad que desinforme o tergiverse la realidad de lo ocurrido en, desde, por y con este organismo, bajo responsabilidad civil. La divulgación de la información de hacerse de manera similar a como se divulga la legalidad, a través del Diario Oficial, o mejor aún, convertirlo en parte de esta publicación, obligándolo, a través de una ley relámpago (en lo que el país tiene experiencia), y de la misma forma, legislar contra la desinformación (cosa que evidentemente se les pasó a los legisladores).
Los únicos límites del quehacer del Gobierno en este ámbito y a este respecto, de los cuales debe mantenerse al margen, deben ser mostrar preferencias, opinando sobre la bondad o la inconveniencia de los artículos que sean evacuados por el organismo a través de su gestión objetivo, así como sobre el producto final del mismo, que es lo que hasta la fecha parece cuestionarse públicamente. Concordante con eso, el Estado, en ninguna de sus formas o agencias, debe llamar a votar a favor o en contra de lo obrado por la Convención en su desempeño ordinario, ni dar a conocer su opinión sobre tales actividades colegiadas.
Y esto debe ser lo único que no puede hacer. Todas las sesiones deben quedar grabadas, como respaldo legal, político e histórico de los eventos del proceso.
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