Encarcelamientos en México avanzan en tiempo récord



En el primer trimestre del 2022, el encarcelamiento de personas en México creció a un ritmo récord. En promedio, cada mes se sumaron por lo menos mil individuos más a la cifra total de personas privadas de su libertad, la mayoría de ellos sin un juicio o sentencia.
Al cierre de marzo pasado, el total de personas recluidas en los centros penitenciarios del país ya llegaba a 225 mil 843, la cifra más alta de población penitenciaria en siete años, de acuerdo con un reporte del órgano administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación.
Es una tendencia que inició desde el arranque del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, en vez de ceder, se ha venido acelerando. Con ello se han agravado los problemas de sobrepoblación en penales locales, forzando al propio gobierno a implementar estrategias como la de trasladar reos del fuero común a penales federales, lo que según expertos es potencialmente violatorio de derechos humanos.

De acuerdo con los datos oficiales, al cierre de diciembre del año pasado, la cifra de mujeres y hombres privados de su libertad en las cárceles del país ascendía a 222 mil 369, que ya de por si eran diez mil internos mas que al arranque de ese año. Con ello se llegó a la cifra anual de internos más alta desde 2016. Y en 2022 dicha tendencia ha cobrado mayor fuerza.
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Entre enero y marzo, tres mil 500 personas engrosaron el total de población penitenciaria, cerrando en los ya referidos 225 mil 843 internos. Si la tendencia del primer semestre se mantuviera, el año cerraría con 14 mil internos más que los que había en diciembre del año pasado, llegando hasta 236 mil presos.

Este crecimiento ha ocasionado que la cifra de internos en condiciones de hacinamiento casi se haya duplicado en apenas tres meses. El país pasó de registrar 5 mil 327 internos más por encima del total de espacios disponibles en los reclusorios del país, a 9 mil 311 al cierre de marzo.
El hacinamiento no solo es un problema de saturación de espacios, sino también de readaptación social, pues un elevado número de personas en prisión atenta directamente contra la calidad de la atención e incluso genera riesgos de ingobernabilidad, explicó para Animal Político, José Luis Gutiérrez, director de la organización Así Legal.
“Al haber tantas personas en el sistema penitenciario no se puede cumplir con la reinserción de las personas privadas de libertad. Con tantas personas, los insumos para la salud, para la educación, para el deporte no son una realidad, por lo tanto, este modelo de la reinserción fracasa”, dijo el experto.
Encarcelamiento de mujeres va a la alza
Animal Político ha documentado en notas y reportajes previos, que el encarcelamiento de mujeres está creciendo a mayor ritmo que el de los hombres. En el primer trimestre del año, las mujeres presas pasaron de 12 mil 490 a 12 mil 872, un incremento del tres por ciento, el doble que el 1.5 por ciento que creció la población de hombres al pasar de 209 mil 886 a 213 mil 61 internos, respectivamente.
“Las que más sufren son las mujeres, incluso llegan a vivir una doble condena; una por transgredir las normas sociales y otra jurídica, porque muchos jueces ponen condenas más duras porque parten de estereotipos de género y de inmediato creen que ellas han cometido delitos”, agregó Gutiérrez.
¿Quiénes saturan los penales? Inocentes y pobres
Los datos oficiales del OADPRS muestran que del total de personas presas, al cierre del primer trimestre,  92 mil 736, que equivalen al 41 por ciento, son individuos que se encuentran bajo proceso sin que se les haya probado, con una sentencia, que realmente cometieron un delito. Es decir, se trata de personas que legal y constitucionalmente se les considera inocentes, pues no han enfrentado un juicio.
Dicho de otra forma, 4 de cada 10 personas privadas de su libertad en las cárceles del país son legal y constitucionalmente inocentes, pero sometidos a prisión preventiva.
En el caso de las mujeres, esta situación es particularmente grave porque la cifra de procesadas sin sentencia asciende a 6 mil 727,  un número mayor que la de mujeres condenadas: 6 mil 55. Es decir, a más de las mujeres en prisión no se les ha probado que cometieron un delito.
En noviembre de 2021, Animal Político y la organización Intersecta publicaron un reportaje en el que se documentó que el 90 por ciento de las personas que a diario son ingresadas a los reclusorios no se les ha probado algún delito.
La cifra de personas sometidas a prisión preventiva ha crecido desde que en 2019 se aprobaron las reformas constitucionales,  impulsadas por el gobierno con el respaldo de todos los partidos, para incrementar el catálogo de delitos que ameritan encarcelamiento automático como medida cautelar.
“Vemos un uso y abuso de la prisión preventiva. En México más del 40% de personas están en prisión preventiva, es decir, que no tienen una sentencia de primera instancia. Hay personas en prisión preventiva que llevan más de 10 años esperando una sentencia”, explicó José Luis Gutiérrez, de Así Legal, una organización que defiende los derechos de las personas privadas de su libertad. 
No solo los activistas y académicos critican esta situación. También lo han hecho abogados y jueces, entre ellos el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra de la prisión preventiva automática bajo el argumento de que criminaliza a los más pobres, y a quienes no tienen para costear una defensa adecuada. “Es una condena, sin sentencia que, por lo general, castiga la pobreza”, dijo en octubre pasado.
De acuerdo con los datos recabados en el reportaje referido líneas arriba, el 70 por ciento de las personas que son sometidas a prisión preventiva, en efecto pertenecen a sectores vulnerables, ya sea por su precaria situación económica, bajo nivel de estudios, o ingresos bajos.
“Las personas que están en el sistema penitenciaron son pobres. Son personas que no pudieron pagar un buen abogado y no tuvieron una defensa técnica adecuada que pudiera contribuir a tener su libertad. Muchas de esas personas pobres tampoco pudieron pagar una extorsión, quizá porque un policía los detuvo orinando en vía pública, no pudieron pagar el dinero que les pedía y entonces les fabricaron un delito, como el de robo con la agravante de violencia, por tanto les dan prisión preventiva, lo cual genera que suba la población al sistema penitenciario”, dijo Gutiérrez. 
En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) coincidió en señalar que la prisión preventiva había contribuido a agravar problemas estructurales que padecen las cárceles del país, y que van desde el hacinamiento, hasta la corrupción y el autogobierno. En total, el organismo documentó 20 diferentes tipos de irregularidades en las cárceles del país.
FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
Traslados irregulares
En febrero pasado, cerca de un centenar de mujeres que se encontraban recluidas en penales locales de Morelos fueron trasladadas al Centro de Reinserción Social número 13, un penal femenil de alta seguridad bajo jurisdicción del gobierno federal. Esto pese a que la mayoría de dichas internas no se encontraban procesadas por delitos federales. 
Este tipo de movimientos han sido recurrentes desde el año pasado, con internos que incluso son sacados de penales locales para ser llevados a cárceles federales de otros estados. En una conferencia matutina realizada en abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se trataba de una estrategia enfocada a combatir el hacinamiento que estaba creciendo en algunos centros penitenciarios.
“Como están saturados los reclusorios de los estados y hay condiciones de violación franca de derechos humanos por hacinamiento, por las malas instalaciones, se ha venido aplicando un programa de traslado de presos del fuero común a reclusorios federales. A los reclusorios que se contrataron y cuando hablas de Coahuila por ejemplo ese es un reclusorio federal, entonces hay que buscar la forma de dar atención a los familiares para que sepan de los reclusos”, dijo el presidente.
Sin embargo, de acuerdo con especialistas, este tipo de política resulta potencialmente violatoria de derechos humanos no solo por el hecho de recluir en centros de alta seguridad a personas acusadas de delitos menores, sino porque hay el riesgo de alejarlos aun mas de su lugar de origen. Animal Político publicó que más del 40 por ciento de los internos en penales federales no reciben visitas porque sus familiares no pueden costear los largos trayectos.
José Luis Gutiérrez, director de Así Legal,  dijo que estos traslados podrían además tener otra razón: la necesidad de que se ocupen los centros penitenciarios federales que se construyeron en el sexenio pasado en asociación con inversores privados y que están subutilizados.
Gutiérrez explicó que estos centros federales tienen una capacidad que no ha sido rebasada, pues muchos de ellos tienen el 30% por ciento de su capacidad; sin embargo, los contratos establecen que se debe pagar por todos los espacios.
“Por esa razón, el presidente quiere llenar esos lugares, pero es un gran error, porque lo que está generando es quitar el contacto con el mundo exterior. Está provocando que personas indígenas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas sean llevadas a Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y esta lógica supone un desarraigo con la comunidad y atenta su derecho a la libertad y al contacto exterior”, dijo el activista.
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