Con la Convención Constitucional existe un creciente juicio crítico en la opinión pública que pone en peligro su aprobación en septiembre próximo. Una de sus obsesiones es cambiarlo todo, en especial la estructura del Estado Nacional, desde la Presidencia de la República, el Poder Judicial, el Parlamento (en que la víctima es el Senado) hasta numerosas entidades autónomas. La idea es que no quede títere con cabeza.
El Banco Central funciona con su ley orgánica de octubre de 1989 como una entidad autónoma e independiente, especialmente del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, como consecuencia de la experiencia histórica en que una de las causas de la persistente inflación centenaria era la ayuda del instituto emisor para financiar el creciente gasto fiscal. A partir de 1990 se redujo el problema de la inestabilidad financiera del país y el Central pasó a ser una institución admirada.
Aparte de la impaciencia de la mayoría a cargo del proyecto constitucional, en los últimos dos años, la inflación ha puesto el ojo en el comportamiento económico. Las causas de las alzas de precios son variadas, tanto de origen externo como interno. Entre las últimas se destaca el creciente aumento de la demanda agregada, provocada por el aumento del gasto fiscal (bonos) y el retiro de los ahorros previsionales (los sucesivos 10%). A lo anterior se agrega el estancamiento de la oferta agregada de los últimos 15 años. El responsable público de contener la inflación es el Banco Central, que podrá haber actuado con alguna tardanza, pero no se le puede culpar del fenómeno, pues ha cumplido su papel utilizando las medidas adecuadas, también sugeridas por los especialistas.
Ante el problema han surgido varias iniciativas negativas, como el control de los precios, que demuestra una ignorancia asombrosa de la historia económica chilena, cuando esa experiencia resultó un desastre, por ejemplo en el gobierno de Allende, que mostró que los precios subían a causa del creciente déficit fiscal y no la maldad empresarial, en ese entonces la mayoría estatizados o intervenidos por la autoridad. Otra sugerencia es controlar los precios solo de la canasta básica familiar, pero olvidando que las panaderías vendían muchos de sus productos como si fueran marraquetas y las fiambrerías y similares se transformaron en supuestas panaderías para vender sus productos rebajando sus impuestos declarados. Mala idea, cuando se busca reducir la evasión tributaria.
La mayoría de los constituyentes también han planteado reformas al Banco Central que buscan limitar su autonomía y asignarle tareas adicionales a las que establece su ley orgánica, entre ellas, participar en las políticas de empleo y el cuidado del medio ambiente.
Si bien la institución tiene el deber de coordinarse y participar de las políticas del Gobierno y cuenta con los actuales instrumentos para hacerlo, no es la responsable principal para ejecutar las estrategias ocupacionales, como es el caso de los ministerios del Trabajo y de Hacienda. Sin embargo, la LOC dice que “el Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno”. En la actualidad la relación con el Gobierno está limitada a la participación del Ministerio de Hacienda en las sesiones del Consejo del BC con derecho a voz y a veto en situaciones especiales. Por otra parte, la institución debe presentar al Senado un informe anual con lo realizado en el período.
Su intervención en la preservación del Medio Ambiente sería secundaria, aunque no puede limitarse a regar las escasas plantas del jardín.
La normativa más importante que establece la ley actual es la prohibición del Banco de financiar al fisco en forma directa mediante créditos o ayuda directa, que fue la forma que se utilizó en el pasado y que causó la inflación; esta norma que debe mantenerse en el futuro.
Otra aspiración de los convencionales es intervenir en la designación de los consejeros de la institución, los cuales duran 8 años en sus cargos, nombrados cada 2 años y por pares por el Presidente de la República. A pesar de que el sistema ha funcionado bien, sugieren que la Alta Dirección Pública designe a tres ternas para que el Congreso elija los cargos. Obviamente, el objetivo es reducir el poder presidencial en favor del Parlamento (el que sea). Esta última entidad también tendría la facultad de acusar al Consejo ante la Corte Suprema, aunque las causales no estarían bien establecidas en el proyecto.
Junto al control de la inflación, el Banco Central es responsable de la estabilidad de la moneda y de los pagos internos y externos y, en general, de la estabilidad financiera. Esta última función tradicionalmente ha sido limitada a la política monetaria y el nivel de precios, asignando un papel secundario al tipo de cambio, pese a que es esencial para los resultados de la balanza de pagos, las relaciones externas y la promoción de las exportaciones, tan importantes en las inversiones nacionales y el crecimiento de corto y largo plazo. Si bien es difícil ejecutar las políticas económicas con dos instrumentos simultáneos, debe buscarse un equilibrio entre ambos, a fin de impedir que la primacía de uno provoque crisis como las que ha vivido el país en el pasado.
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