Colaboración entre el Estado y la sociedad civil: es posible, necesaria y urgente



Un estudio de la Fundación Lealtad Chile, Comunidad de Organizaciones Solidarias y Fundación PwC Chile (junio 2020), constata la existencia en Chile de 234.500 organizaciones sin fines de lucro (OSL), que abordan temas de interés público.  Con una altísima valoración ciudadana (70%), congregan a 1,9 millones de voluntarios; y generan 310.000 empleos (3,7% de la fuerza laboral del país, equivalente al 2,1% del PIB).
El hecho que recientemente el Senado haya aprobado por unanimidad una nueva ley de donaciones, es sin duda un fuerte reconocimiento de la importancia de las OSL en la superación de la pobreza, la prestación de servicios de salud y educación a la población menos favorecida, el fomento y capacitación a pequeños emprendedores, la defensa del medio ambiente, el fortalecimiento de los derechos de las minorías y el crecimiento de nuestro acervo cultural y democrático, entre muchos otros, convirtiéndose en agentes de cambio para la transformación social.
Por lo mismo, hubiera sido muy bienvenido que la Convención Constitucional hubiese acogido alguna de las iniciativas que le fueron planteadas para dar reconocimiento constitucional a las OSL (más allá del solo establecimiento del derecho de asociación), así como para consagrar la colaboración público privada, expresada de manera muy significativa en relaciones virtuosas entre el Estado y la sociedad civil. Se podrá argumentar que jurídicamente no es necesario ni lo uno ni lo otro para el funcionamiento de estas organizaciones, pero no hacerlo tiene algo de contraintuitivo, hasta doloroso, y no se aviene con las percepciones y necesidades ciudadanas en estas materias.
Por eso, algunos podrán argumentar también que las OSL no solucionan los problemas estructurales que afectan al país, pero lo que no se puede argumentar es que un niño con cáncer o una persona que ha perdido su casa por una catástrofe, deba esperar hasta años a que el Estado se haga cargo. Pero en ocasiones (y muchas), el Estado no lo hace; o lo hace muy tardíamente, sea por falta de recursos o por las rigideces y demoras que muchas veces lo afectan. Por lo demás, las OSL son especialmente reconocidas en los países más desarrollados y con fuerte acento en un Estado de bienestar.
Desafío Levantemos Chile, la fundación creada por Felipe Cubillos en el 2010, lleva ya más de una década en terreno. Han sido años intensos de trabajo junto a comunidades de todo el país, especialmente rurales, identificando necesidades, sus causas y soluciones. Hemos puesto y dejado nuestros pies –literalmente— en el barro.
A partir de esta experiencia, reafirmamos nuestro diagnóstico de que el Chile que soñamos requiere que actuemos en forma colaborativa y complementaria, como Desafío Levantemos Chile lo ha venido haciendo con el Estado y los privados desde el terremoto y tsunami del 27/F. En este camino, hemos ejecutado más de 2.200 proyectos en las diversas regiones del país, que han contribuido a mejorar la vida de casi 2 millones de personas en las diversas dimensiones de su vida (emprendimiento, educación, cultura y deporte, salud y vivienda).
Desde el terreno y la experiencia, sabemos que la colaboración entre el Estado y la sociedad civil no solo es posible (especialmente bajo modelos replicables y con herramientas estatales de fiscalización), sino que es necesaria y más aún, urgente. La pandemia así lo comprobó: solo durante el primer año del Covid 19, las donaciones privadas en Chile sumaron $257 mil millones de pesos. (UAI: “Filantropía en Pandemia: Donaciones 2020”).
Sin esa colaboración, es muy difícil construir un país y reconstruir lazos de confianza entre todos los chilenos, para entregar herramientas a quienes, en dichos de Felipe Cubillos, son los “más olvidados de la sociedad, pues siempre se ayuda a los que piden y vociferan, pero a los que me refiero, no piden ayuda, solo necesitan una oportunidad”.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



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