La comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional aprobó esta jornada la propuesta presentada por los escaños reservados que busca crear una “Comisión Territorial Indígena” con la finalidad de una participación activa en la política de restitución de tierras.
Cabe señalar que esta instancia busca generar consensos entra la transición de constituciones en caso de que gane la opción Apruebo sobre el borrador de la Convención Constitucional en el plebiscito de salida a realizarse el 4 de septiembre.
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La iniciativa tuvo 22 votos a favor, uno en contra -Cristián Monckeberg (RN)- y abstenciones -Eduardo Castillo (Col. del Apruebo), y Lorena Céspedes y Javier Fuchsloyer de INN-; en tanto el resto de los convencionales de Vamos por Chile y Fuad Chahin (Col. del Apruebo) no emitieron su voto.
Proyecto
La norma plantea que a partir de un año de la implementación de la nueva Constitución, el Presidente de la República debe crear vía decreto la “Comisión Territorial Indígena”. Esta debe garantizar el financiamiento estatal, infraestructura, asistencia técnica y administrativa en la retribución de tierras.
Asimismo, la instancia tendrá un funcionamiento de ocho años, con una prórroga de cuatro, y su objetivo principal es: “Elaborar catastros y establecer mecanismos concretos de solución, planes, políticas y programas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, los que deberán ser cumplidos y ejecutados por los órganos competentes”.
Además, esta comisión “contará con la colaboración e información que se requiera a los órganos del Estado con competencias en estas materias” para cumplir sus objetivos. La instancia tiene un plazo de tres meses -tras su constitución- para proponerle al Mandatario un reglamento de funcionamiento que definirá los procedimientos, sumado a las fuentes y registros que podrán acreditar la ocupación o posesión de tierras.
La Comisión Territorial estará integrada por representantes de los pueblos y naciones indígenas -elegidos por sus pares-, miembros del Estado y personas “personas de reconocida idoneidad” nombrados por presidencia.
También contará con una secretaria técnica ejecutiva la que estará conformada por “personas de comprobada experiencia académica o profesional”, a su vez, la instancia puede invitar a organismos internacionales como observadores del proceso.
Ahora, la incitativa debe ser aprobada por los 2/3 del Pleno de la Convención Constitucional y así estar presente en el borrador de la nueva Constitución.
