Nos enteramos de que 3.400 millones de pesos será necesario destinar para conocer de la situación de la infraestructura de los establecimientos escolares públicos, catastro que se repite con cierta frecuencia producto de la ignorancia que surge de un sistema de inversiones públicas obsoleto y del centralismo en la gestión del presupuesto destinado a la materia. El piloto hecho en desmunicipalizados mostró que en promedio la pérdida de capital alcanzaba a un 14%, mientras que un cuarto de los establecimientos de la muestra presentaba deterioros entre un 25% y 50%. En algún momento conoceremos de los resultados del catastro, no muy pronto, porque la realización de este estudio tropezará con los mismos fenómenos que generan la necesidad de hacerlo, luego las soluciones serán inoportunas, por decir lo menos. ¡Pobre ministerio!
Abordo el tema porque es exactamente el mismo fenómeno el que se verifica con los hospitales públicos, asunto del cual ya hemos hablado. Se invierte, es decir, se capitaliza el sistema, pero luego se le abandona porque no hay mecanismos que permitan ir realizando año a año una actualización del capital, lo que contablemente podría ser parecido a invertir sumas equivalentes a la depreciación de cada período presupuestario. Pero esto no ocurre porque ni siquiera está en la mente de quienes controlan la asignación y ejecución presupuestaria de las inversiones públicas, de las cuales salud y educación representan al grueso de las mismas, pues salvo las Fuerzas Armadas, no hay otros sectores del aparato público que requieran capital importante para desenvolverse.
Y entonces los hospitales –y también las escuelas, supongo– nos sentamos a esperar que se realicen exploraciones catastrales y que se apiade de nosotros algún burócrata del nivel central y nos admita, arbitrariedades mediante, en la lista de espera del acceso a los recursos para financiar inversiones de reposición y reparaciones mayores. Mientras tanto, el tiempo pasa. Es decir, pura destrucción de valor. Y muchas veces interrupción en la continuidad de la prestación de servicios o servicios prestados en las peores condiciones de calidad, en una escuela que se llueve durante meses hasta que se resuelva el catastro y se asignen los recursos para la reparación. Me acordé del ministro de Educación que recomendaba a los profes hacer un bingo.
Entonces, ha llegado el momento de trasformar el modo de hacer las cosas e ir tras una forma de operar este asunto que permita resolver apropiadamente y a tiempo las necesidades cotidianas de capital de los establecimientos. Tan simple como aprovechar este catastro –en el caso de las escuelas– y poner en manos de los gestores locales, una vez normalizada la situación, un presupuesto anual para inversiones en el subtítulo 29, que podría ser equivalente a la depreciación del año anterior, con lo cual las brechas que surgen en el día a día se podrían ir cerrando con la iniciativa puesta en el nivel local. Y ya no será necesario realizar más catastros en lo sucesivo, menudo ahorro de tiempo y dinero.
En el caso de los hospitales no se me ocurre más que plantear un ajuste progresivo, donde el sistema se mueva hacia el nuevo modo de operar las inversiones de reposición cada vez que un establecimiento hospitalario se normaliza. ¿Será capaz de soltar amarras el nivel central?
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