El juez federal Lino Mirabelli citó hoy a indagatoria a las amigas de la primera dama Fabiola Yáñez que estuvieron presentes en el festejo del 14 de julio de 2022, entre ellas a su ex asesora Sofía Pacchi, quien en las últimas horas trascendió que pidió su sobreseimiento de la causa por considerar que no existió delito, por lo cual no ofreció reparación económica como los demás testigos. Las amigas restantes de la primera dama son: Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Stefanía Dominguez. Pacchi, quien tiene su defensa a cargo de Fernando Burlando y Fabián Amendola, consideró que no hubo delito porque en la fecha del festejo tenía un contrato vigente como “asesora en comunicación y protocolo”. “La situación de Pacchi se enmarca dentro de las actividades expresamente dispensadas de cumplir con las restricciones y que por ende quedan fuera de la realización de la acción típica imputada”, detalla el escrito.La presentación de sus abogados detalla que fue contratada el 25 de marzo de 2020 para trabajar junto a Yañez por doce meses, pero el contrato se extendió hasta el 31 de diciembre de 2021. De acuerdo con el contrato, Pacchi debía “asistir en la vinculación con los medios de comunicación nacionales y extranjeros en la coordinación de actividades periodísticas e institucionales”. Finalmente, su defensa se presentó esta semana ante el juez con una presentación imprevisible. El escrito que presentaron especifica: “Se encuentra sobradamente acreditado que el hecho que se le imputa a nuestra defendida no encuadra en una figura legal, por lo que resulta ajustado a derecho resolver en forma definitiva su situación procesal”.En tanto, las hermanas Fernández Peruilh habían pedido que se inicie un incidente para ofrecer una reparación económica y el juez les contestó que la presentación debían hacerla ante la Fiscalía y las citó para el 28 de junio. En el caso de Stefanía Dominguez fue citada para declarar el 30 de junio; la estrategia de su abogado, Mauricio D’Alessandro, es insistir en una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente que el juez de primera instancia y luego la Cámara Federal rechazaron. Ahora debe definir la Cámara de Casación.
