Duras críticas a la propuesta constitucional deslizó el presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (COPC), Juan Sutil, quien cuestionó el grado de incertidumbre que introduce el texto, al punto que le atribuyó el poder de agravar crisis como la que se vive en la denominada “macrozona sur”, donde la fuerza pública, aseguró, ha dejado de cumplir su rol debido a un “proceso de destrucción institucional de Carabineros y las FF.AA., de deslegitimar el uso legítimo de la fuerza”.
El presidente de los empresarios afirmó, en entrevista a El Mercurio, que este fenómeno está en la raíz del problema, por lo que la declaratoria de estado de excepción “acotado” no ayuda a prevenir los hechos de violencia. “No, no sirve. En Canadá o Estados Unidos, la sola presencia policial inspira respeto, que si alguien se desborda, paga las consecuencias”, señaló Sutil, quien exteriorizó la sospecha de que la policía uniformada ha renunciado a hacer su trabajo por temor a las consecuencias legales. “Las cosas hay que decirlas; a veces Carabineros llega tarde para no verse involucrado en problemas o cuestionado”, aseveró.
“Este proceso constitucional genera tal nivel de expectativa que comunidades que eran pacíficas, han dejado de serlo; personas que eran amigas, ya no lo son, porque están demarcando tierras. Apuradas, antes de que lleguen otros. Cuando el Presidente Aylwin promulgó la ley indígena en los 90, habló de un desmedro en los títulos de merced de 46 mil hectáreas. A la fecha, el estado ha comprado 280 mil hectáreas, seis veces más”, declaró Sutil, quien manifestó sus dudas en cuanto a que la propuesta constitucional suponga algún avance en la resolución del conflicto, uno que también le ha afectado personalmente si consideramos el ataque que sufrió su fundo en Galvarino, región de La Araucanía.
“Por su supuesto, no soy ingenuo, pero no me van a amedrentar ni a callar”, declaró Sutil, “Soy un agricultor más entre decenas de afectados en la macrozona sur, donde hay siete alcaldes amenazados de muerte”, aseveró.
“No sé si logre resolver una demanda que era de justicia, reconocimiento constitucional y cultural, oportunidades, un consejo de los pueblos, un ministerio de asuntos indígenas. No ocurrió y la nueva Constitución tampoco mejora las leyes para enfrentar la violencia, el Presidente ni siquiera contará con el estado de emergencia, que utilizamos para el orden público, de la frontera norte, el combate del covid o los atentados terroristas en el sur”, aseveró, sin antes lamentar que “abre la puerta a que grupos, arrogándose la representación de pueblos indígenas, puedan obstruir cualquier acto, obra, programa, legislación, mediante una consulta indígena”, por lo que “habría enfrentado el problema desde la multiculturalidad y el reconocimiento constitucional de la integración, no desde la plurinacionalidad”, indicó.
“Es bienvenido transitar a un país más cohesionado, con derechos y protección social como los europeos, pero veo riesgos para la democracia, la seguridad, inversiones, crecimiento y empleo”, añadió Sutil, ya que, señaló, “esta propuesta desconoce derechos que pueden tener algunos y consagra privilegios de muy pocos, introduce incertezas a los titulares de derechos de agua que sólo tendrán una autorización temporal, o requisitos de expropiación mucho más laxos para la propiedad y sin que el Estado pague en efectivo y al contado, el valor de mercado. ¿Quién determina el precio justo?”
Toda esta discusión, así como las propias propuestas del texto que prepara la Convención Constituyente, le han restado atractivo a Chile para recibir inversiones. “Hoy Chile no es un país seguro, es cosa de ver lo que pasa en La Araucanía, en Arauco, en Ñuñoa con Egaña Sustentable, en los 6.000 departamentos con permisos otorgados en Estación Central y sin recepción municipal, o proyectos de inversión rechazados por el Consejo de Ministros. Y los nuevos derechos de la naturaleza, sumados a los principios ambientales, harán aún más complejos y costosos los permisos. Así como los cambios laborales, a la titularidad sindical y la huelga, tensionarán las relaciones laborales”, sostuvo, declarando así su sorpresa por la evaluación que hizo Moody’s del texto constitucional: “Me sorprende que Moody’s haga un comentario de ese tipo, porque si gana el Apruebo, tendremos un proceso de adecuación que generará muchísima incertidumbre durante muchísimos años”.
Asimismo, el timonel de la CPC criticó la fragmentación territorial que propone la nueva Constitución. “Chile debe empoderar a las regiones y los municipios, sin que compitan con el sector privado a través de autonomías territoriales, con presupuesto independiente y generación de empresas propias”, recalcó, al tiempo que expresó su inquietud por el grado de división que advierte en la sociedad chilena, algo que exacerbó, a su juicio, una discusión constituyente que se apartó del mandato original de unir a los chilenos.
Por lo anterior es que alabó la propuesta de los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker de rebajar los quórums para reformas constitucionales, una reforma en sí misma que permitiría viabilizar la opción del Rechazo. “La Constitución de vería tener candados, porque si se aprueba esta propuesta constitucional va a requerir muchas reformas, como dicen en el Apruebo. Y si se rechaza, hay que hacer una Constitución buena, que nos una. Puede ser una vía para que la gente sensata en Chile, que es la mayoría, vea compromiso político de todos los sectores con un Estado Social de Derechos”.
“Esta propuesta constitucional divide a los chilenos, el país está absolutamente polarizado, las encuestas dicen que gana el Rechazo o el Apruebo por un pelo. Y si no tiene bases sólidas, pasará lo mismo que con la actual Constitución”, aseveró el empresario agrícola. “Aquí hay inequidades y desigualdades”, sostuvo, pero afirmó que todas ellas se resuelven “con más desarrollo, inversión, empleos de calidad”.
Sutil pidió al Gobierno tomar distancia respecto del proceso constituyente, criticando así a los ministros que ya han expresado su intención de votar Apruebo, lo que consideró una “extralimitación”. “El gobierno debe ser imparcial, como se le exigió al Gobierno del Presidente Piñera en el plebiscito anterior”, al tiempo que criticó aquellas declaraciones de personeros de Gobierno que han descartado avanzar en diversas materias por los obstáculos que impone la actual Constitución: “Las reformas de pensiones, salud, laboral, son materias de ley que se pueden discutir en el Congreso, que es el seno de la democracia”.
Junto con declararse dispuesto a conversar con el Gobierno por la reforma tributaria. “Lo importante es con qué gradualidad se aplican estos impuestos, con qué parámetros se irá mejorando se irá mejorando la recaudación y la carga tributaria”, indicó.
