¿Qué sentido tiene terminar con el Senado o cercenar las atribuciones de la Corte Suprema?



En la tradición chilena de relaciones político institucionales de primer nivel, es decir, de aquel donde se adoptan las decisiones relevantes para los destinos del país, se pueden identificar con toda claridad y en orden de importancia: a la Cámara de Diputados, al Senado y al Gobierno.
Tal es así, que el primer cargo de relevancia a que aspira todo político que se digne de tal es ser diputado. No hay diputado que no aspire ser senador, y ser senador, hasta antes del descrédito y menosprecio por la actividad parlamentaria, era parte de la carrera para ser Presidente de la República.
El descrédito por la actividad parlamentaria, por una parte, en contraposición al prestigio de la secretarías de Estado, ha determinado que Presidentes de la República como Lagos y Bachelet, por ejemplo, provinieran de ministerios y no del Senado, pero más allá de las consideraciones personales de quienes sirven estos importantes cargos, y de ciertas particularidades de sus carreras, lo cierto es que institucionalmente son y han sido relevantes, sin ninguna duda, la Cámara, el Senado y el Ejecutivo.
El Ejecutivo, robustecido de un superpoder, suele ensayar en la denominada Cámara Baja sus proyectos, en una lógica de antesala a lo que finalmente termina siendo el verdadero espacio de negociaciones, que es el Senado.
Ejemplos de aquello sobran y, por citar algunos, están las negociaciones por el sueldo mínimo o la ley de reajustes del sector público, o la más importante: la de Presupuestos, donde los diputados siempre ven cómo finalmente, y no obstante sus inmolaciones ante la ciudadanía, termina siendo el Senado el que corona la negociación, donde el Ejecutivo siempre se reserva los últimos puntos de incremento, o en buen chileno, más carne para la parrilla, para esa última instancia.
Quienes tuvimos la experiencia de conocer internamente ambas instituciones, bien sabemos que la política en serio se hace en el Senado. Es un poco lo mismo que sucede en el ámbito judicial con los litigios, donde los realmente importantes suben hasta la Corte Suprema, que es donde finalmente se adoptan las decisiones jurídicas relevantes, sirviendo muchas veces las instancias previas de meras acumuladoras de antecedentes.
Desde otro punto de vista, y tomando posición política, el Senado durante los dos gobiernos de derecha encabezados por el Presidente Piñera jugó, en ambos, un rol de verdadero contrapeso y de marcada oposición. Enseguida, el cambio más significativo de los últimos 30 años, que terminó con el sistema electoral binominal, permitiendo tener a la primera siguiente elección una Cámara de Diputados verdaderamente representativa y una Convención Constitucional de la misma naturaleza, provino básicamente del Senado.
Últimamente ha sido el Senado el que ha rechazado el intento gestado en la Cámara Baja de nombrar como ministro del Tribunal Constitucional al exdiputado Gonzalo Fuenzalida, y la pregunta que naturalmente se puede plantear es: ¿por qué se pretende terminar con el Senado si ha sido no solo el espacio institucional relevante, transversalmente hablando, sino que además muy importante para la centroizquierda?
No se entiende tampoco, cuándo gracias al cambio en el sistema electoral, en lo sucesivo el Senado estaría conformado de una manera representativa y no binominal.

Es sintomático y lamentable cómo se ha pretendido cercenar a instituciones por el solo hecho de ser tales, sin mayores consideraciones al rol que han estado desempeñando en nuestro sistema social, como estaba ocurriendo con la Corte Suprema, que a su turno ha sido, de los tres tradicionales poderes del Estado, la verdadera punta de lanza en tutela efectiva de derechos fundamentales, muchas veces al límite de los amarres de la Constitución del 80, destacando la tutela en materias de salud, de medio ambiente, de reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos, y por cierto en la defensa de los derechos humanos.
Como diría un profesor de la Escuela de Derecho que amablemente anunciaba la reprobación de un alumno en temporada ordinaria, “sería conveniente que para marzo lo estudiara o pensara mejor, porque con estas respuestas su examen no está para aprobar”.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



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