A un año de aprobadas las reformas al Código Penal y la Ley de Salud locales para despenalizar el aborto hasta la decimasegunda semana de gestación, publicadas el 6 de julio de 2021, en Hidalgo se han realizado al menos 301 interrupciones legales del embarazo, el 98% a mujeres que no contaban con derechohabiencia en servicios de salud federales.
De acuerdo con datos recabados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) mediante solicitudes de información, en 2021 el estado sumó 121 abortos legales, mientras que en el primer trimestre de 2022 registró 180. Del total de solicitantes, la mayoría lo hizo en Pachuca y mediante el régimen combinado de mifepristona y misoprostol.
La organización de acompañantes Di Ramona, con sede en el estado, asegura que, según le informó la Secretaría de Salud local, para mayo de este año la cifra habría crecido a 480.
Aunque organizaciones y acompañantes consideran significativo el avance en el estado en cuanto a la garantía de acceso al aborto, Daniela Téllez, de Di Ramona, destaca la concentración en la capital como muestra de la necesidad de que exista mayor alcance del servicio en todo el estado: actualmente, este se garantiza en 15 hospitales y una clínica, en una entidad con 84 municipios.
Sin embargo, de acuerdo con la respuesta entregada a GIRE, son 11 las instalaciones hospitalarias donde se registraron las 301 interrupciones: el Hospital Obstétrico y el Hospital General de Pachuca concentraron 115 y 95, respectivamente, es decir, el 69%. Las otras nueve sedes se ubican en Actopan (1), Huichapan (1), Valle del Mezquital (33), San Bartolo (2), Tulancingo (2), Apan (34), la Huasteca (6), Tula (11) y Cinta Larga (3).
Jazmín Marcelo, acompañante independiente, destaca que por lo menos se trata de una distribución equilibrada en todas las regiones del estado: la Sierra, el Valle del Mezquital, la Huasteca y el Centro.
En tanto, el rango de edad mayoritario entre las mujeres y personas gestantes que accedieron al aborto, de acuerdo con las solicitudes gestionadas por GIRE, fue de 20 a 24 años, al cual pertenecía una tercera parte, es decir, 104 de quienes accedieron a este derecho, seguidas por las de 25 a 29 años (72) y las de 15 a 19 (58).
Aunque en menor medida, el estado también garantizó abortos a mujeres provenientes de otros estados: ocho del Estado de México, cuatro de Tlaxcala, tres de Puebla, dos de Querétaro, una de San Luis Potosí y una de una entidad no especificada.
Téllez apunta que luego de un año, aunque la despenalización ha generado un clima de mayor certeza y seguridad, así como una reducción del miedo en quienes deciden abortar, aún prevalecen pendientes como el alcance en las zonas más alejadas del estado y la difusión proactiva por parte de las autoridades.
Por ejemplo, desde que la despenalización fue aprobada, las integrantes de Di Ramona supieron, por parte de los servicios del estado, que no habría difusión específica sobre el acceso gratuito al proceso, por lo que de manera independiente consiguieron financiamiento para poner en marcha el proyecto ILE Hidalgo, una plataforma y línea telefónica exclusivamente creada para la difusión de la interrupción legal del embarazo en la entidad. Mediante ella, a lo largo de este año se han realizado 812 atenciones: 392 llamadas, 387 vía Facebook y 33 vía Instagram.
Marcelo coincide en que es importante reforzar la difusión en el sentido de que todas las mujeres sepan que ya es legal, qué hospitales las pueden atender, cuáles son los requisitos y cuáles son las causales que se mantienen legales más allá de las 12 semanas, como lo eran desde antes. Como acompañante independiente, ella organiza círculos para mujeres que necesitan abortar o han abortado, donde pueden hablar abiertamente del tema, o sanar alguna situación o sentimiento específicos.
Las reformas al Código Penal de Hidalgo definen el delito de aborto como la interrupción del embarazo después de la decimosegunda semana de embarazo, caso en el que aún se castiga con seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días de multa. Las excepciones a esta penalización son los abortos involuntarios, cuando el embarazo es producto de una violación, hay riesgo para la vida de la mujer o el producto presenta alteraciones congénitas.
En tanto, la modificación a la Ley de Salud local establece que las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en Hidalgo deberán proveer la interrupción legal del embarazo en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres en los supuestos permitidos en el Código Penal y a solicitud de la interesada, y especifica que en el caso de las instituciones públicas, el servicio debe ser gratuito.
Aunque prácticamente no ha existido rechazo o negación al proceso, aclara Marcelo, aún prevalece la falta de información: “No solo que sea legal, sino, por ejemplo, que es gratuito, porque muchas todavía tienen el temor de cuánto les va a costar. Es algo que no se ha difundido mucho. Se dice que el aborto es legal, pero no se está diciendo si también es gratuito o seguro. No sabemos que los medicamentos también los proporcionan los servicios de salud”.
Valentina Gómez, investigadora jurídica de GIRE, subraya en entrevista la importancia de que los datos estadísticos de las interrupciones realizadas puedan estar disponibles para consulta pública, como en la Ciudad de México. Hasta hoy, el gobierno de Hidalgo no tiene información accesible sobre cómo y dónde interrumpir legalmente el embarazo, ni los datos estadísticos que proporcionó vía transparencia.
“Es importante que los estados los transparenten para saber cómo están brindando los servicios y qué obstáculos están enfrentando”, enfatiza Gómez.
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En las respuestas que el gobierno estatal proporcionó a GIRE, detalló también que la mayoría de las 301 interrupciones se practicó en la sexta semana de gestación (93), mientras que 184 de las personas que accedieron eran solteras y 88 vivían en unión libre. Si bien el método más utilizado fue la combinación de mifepristona y misoprostol (182), 67 se llevaron a cabo únicamente con misoprostol y 52 mediante aspiración manual endouterina (AMEU).
En tanto, de las 301 interrupciones contabilizadas hasta el primer trimestre de este año, en 35 casos se trató de menores de edad: 17 en 2021 y 18 en 2022. La mayor cantidad (7) se realizó a las ocho semanas de gestación.
Del total de mujeres y personas gestantes que interrumpieron su embarazo, la mayoría tiene educación media superior (128) y la principal ocupación reportada fue actividades del hogar (119).
Después de acceder al aborto, el 32% de todas ellas optaron por el implante subdérmico como método anticonceptivo, mientras que el 28% eligió otros; al 40% no se le proporcionó ninguno.
El balance a un año
Además de que las mujeres que necesitan un aborto hoy tienen más certezas en Hidalgo, mediante una narrativa que ha virado de un delito a un derecho, existe más libertad y caminos para acercarse o preguntar por las vías legales, asegura Daniela Téllez.
Además, aunque las cifras oficiales reflejan pocas solicitudes de otros estados, en el caso de quienes acuden a Di Ramona para un aborto acompañado en casa o algún otro lugar seguro, entre 30% y 40% reside en otros estados. “Al final, la agenda de la despenalización social en gran parte la han impulsado las acompañantes. Un buen acompañamiento derriba estigmas; es lo que ha impulsado la idea de que el aborto seguro es posible en casa, con quienes te sientas segura y cómoda”, afirma Téllez.
Esto aplica incluso cuando se trata de una interrupción legal, explica, pues al menos en las realizadas con medicamentos, solo la primera toma se hace dentro del hospital o clínica, y las mujeres se llevan el resto del medicamento para tomarlo después. Esa experiencia es diferente en soledad que con el apoyo de una colectiva.
Por eso, para Di Ramona fue un tanto inesperado —aunque no negativo— que la despenalización provocara que muchas más mujeres se acercaran a ellas para un acompañamiento, en lugar de privilegiar acudir a los hospitales.
“Muchas personas que acuden al hospital reciben un trato muy somero, hacen la valoración y listo, pero siempre queda la duda de cómo voy a saber si el procedimiento avanza bien, si tengo los síntomas. Por eso están teniendo el procedimiento con nosotras. Los abortos con medicamentos se convierten en abortos en casa, no hay seguimiento más que en casos de violencia, para acompañamiento psicoterapéutico, o para métodos anticonceptivos posteriores”, sostiene Téllez.
La implementación del aborto legal y gratuito no estuvo exenta, en un principio, de aspectos negativos. Por ejemplo, cuando Di Ramona recién había lanzado ILE Hidalgo, recibió muchos reportes de cobros injustificados y canalización a laboratorios muy específicos. Con el tiempo, y después de hacer llegar esos reportes a las autoridades, dejaron de recibir noticia de ese tipo de acciones.
Ahora, la cuestión más urgente, asegura, es la falta de medicamentos en algunas de las instalaciones que proveen el servicio, sobre la que han tenido conocimiento también gracias a la plataforma ILE Hidalgo. Acusa que esto es parte de una situación de desabasto más generalizada, que no solo impacta en el acceso al misoprostol, sino a tratamientos para VIH, anticoncepción, esquemas para personas trans, diabetes, cardiopatías y padecimientos oncológicos.
“Hay un problema del abasto de medicamentos dentro del sector de salud. Si bien estamos en un contexto donde es posible acceder al misoprostol (en farmacias), la realidad es que no todas las personas están en posibilidad de pagarlo. Es una cuestión preocupante, y nos hemos enterado incluso a través del mismo personal de salud”, asegura.
Además del alcance para todos los municipios y la información por parte de las autoridades estatales, Téllez recuerda que despenalizar socialmente una acción que ha persistido en el imaginario de la sociedad como un delito toma muchísimo más.
En general, aún prevalece, incluso en el sector salud, la falta de conocimiento de los esquemas y protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, así como de una mejor actualización.
“No basta con que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Tiene que ser digno y accesible. Si sigue quedando lejos, habiendo complicaciones, si no hay difusión del tema… hay muchas personas, por ejemplo, que todavía no saben que abortar es su derecho”, añade la activista.
Desde la creación de Di Ramona, la organización ha acompañado 2 mil 354 abortos. Desde la despenalización, de julio de 2021 a mayo de 2022, han registrado 917, de los cuales 320 corresponden a este año, el doble que los servicios estatales.
Para Jazmín Marcelo, es necesario hacer mayor incidencia en los hospitales, porque si bien hay personas que prefieren procesos de acompañamiento de manera particular y en casa, es importante invitarles a utilizar en mayor medida el servicio en los hospitales, “justo para que nosotras podamos solventar esa demanda de chicas que recurren a nuestro apoyo, y que también de esa forma podamos vigilar que los procesos se estén llevando a cabo de manera adecuada, que estén garantizados y exista siempre el material”.
Otra labor que las colectivas han reforzado a partir de la despenalización, explica, es impulsar redes con otras entidades donde esto todavía no se ha conseguido, como el Estado de México o Puebla, para acompañar sus procesos de lucha y definir cómo pueden sumar fuerzas para que el derecho al aborto sea una realidad en todo el país.
“Que suba la marea. Van nueve estados; esto tiene que apresurarse. La gran lección que nos deja Estados Unidos es que la lucha sigue aunque haya logros en el ámbito legal. Se tiene que seguir trabajando en la vigilancia y en que se garanticen los servicios”, apunta Téllez.
ILE Hidalgo, el proyecto de Di Ramona que surgió como respuesta a la falta de difusión por parte del estado, proporciona información y orientación para acceder al aborto legal, seguro y gratuito en los servicios de salud estatales en la línea telefónica 771-473-7943 de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, así como en los perfiles de Facebook e Instagram que llevan el mismo nombre. “No vamos ni a la mitad de estados (en despenalización); todavía hay mucho por hacer”, concluye Marcelo.
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