Los recientes anuncios de aumento de la inflación y del valor del dólar, y el continuo aumento del precio de algunos alimentos básicos y de insumos para la producción agrícola, una vez más, han despertado la preocupación por los temas de seguridad y soberanía alimentaria. Días atrás, la Facultad de Ciencias Agronómicas (Universidad de Chile) publicó una Nota informativa con el título de “¿Seguridad alimentaria bajo amenaza? Académicas U. de Chile analizan factores y desafíos a futuro” (6 de julio) que fue reproducida por medios electrónicos días después (8 de julio). Por si aún hubiese dudas, el lunes 11, productores de tomates de la región de Arica se tomaron la ruta en protesta por “… el aumento en el costo de producción de los tomates y el bajo precio que pagarían los embarcadores” (ADN, 11 de julio). Sin duda, estos temas están instalados para quedarse, pero la Cancillería y su Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) siguen dando tumbos, y el Ministerio de Agricultura tampoco parece tomar conciencia de que todo esto ya escapa a medidas puntuales de corto plazo en el ámbito nacional.
Claramente, estos temas no son nuevos y -en medida importante- las políticas económicas y comerciales que hemos impulsado por décadas, están en la base de los desafíos de hoy. Es cierto, la pandemia del COVID, la invasión rusa y guerra en Ucrania, y la ruptura de las cadenas de logística comercial los han acentuado. No obstante, debemos enfrentar sus fundamentos con un cambio de dirección en las políticas económicas y comerciales, y su “articulación” con el entorno económico internacional pues -en Chile- la disponibilidad de alimentos es el resultado de, principalmente, el diseño e implementación de las políticas y medidas de apoyo a la producción, los efectos de la apertura económica, nuestra articulación con la economía mundial, y de los flujos comerciales que de ahí se han generado.
Chile es productor, exportador e importador de productos agrícolas y de alimentos, y su disponibilidad efectiva se modificó en las últimas décadas, como resultado de nuestras políticas. Así, el valor de las importaciones de productos agrícolas y alimentos creció de un promedio de $1.423 millones de dólares en 2002 – 2003 a cerca de $9.086 millones en 2020 – 2021. Además, junto al aumento del valor de las importaciones, se diversificó su origen, a medida que se acentuó la apertura económica, y se posibilitó el ingreso de nuevos proveedores internacionales. A su vez, el valor de estas importaciones pasó de representar solo el 8% al 13% del total de nuestras compras internacionales, como resultado -entre otros factores- de la caída en la producción de algunos alimentos, además del aumento y la diversificación del consumo que, a su vez, fue impulsado por el crecimiento poblacional y el aumento de los ingresos.
Si bien las cifras históricas del área de los cultivos anuales empiezan a disminuir antes de que se hicieran presente los efectos de la apertura económica, la declinación del área de cultivo se acentúa a partir de la implementación de los TLC. De hecho, la superficie estimada de cultivos anuales durante el período de 1979/80 a 1981/82 alcanzaba, en promedio, a 1.089.020 hectáreas, y diez años más tarde, totaliza 976.393 Hs. (Base de datos de ODEPA). Claramente, la caída del área de cultivo se acentúa a partir de los años 90s y las décadas que siguen, llegando a menos de la mitad, a comienzos de la década actual (536.477 Hs. anuales). Sin embargo, la disminución de cultivos no es homogénea y afecta en particular la producción de legumbres como lentejas, garbanzos y arvejas, cuya área de cultivo cae de un promedio de 12.129 hectáreas a solo 110 Hs. Al mismo tiempo, la de avena creció de 68.333 a 111.026 Hs., mientras el cultivo de trigo y maíz declina de 566.850 hectáreas, a un área de solo 268.702 Hs. durante el período observado.
Es importante destacar que, a pesar de la caída en el área de cultivos, la producción de alimentos no parece declinar en Chile. Ciertamente, no ha disminuido en todos los productos, debido a los mejores rendimientos obtenidos. Así, por ejemplo, se producen aumentos de importancia en la producción de trigo, cebada, avena, maíz, arroz y papas, pero se reduce considerablemente la de legumbres. Al mismo tiempo, creció el área de producción frutícola, que se elevó de unas 90.000 Hs. en 1976, a más de 321.000 en 2018. Y las plantaciones forestales -incentivadas por el DF 701 de 1974- crecieron en cientos de miles por décadas, para alcanzar a cerca de 2 millones de hectáreas a fines de Siglo XX y a más de 3,1 millones a comienzo de la presente década (Anuario Forestal, INFOR, varias ediciones). Y el sector pecuario no se quedó atrás. Aun cuando la producción de carne de vacuno declinó en las últimas décadas, la de carnes de cerdo y de ave aumentó de 617.300 toneladas (carne en vara) a casi 1,3 millones de toneladas, durante el período de 1998 a 2018.
Entonces ¿qué medidas ha dispuesto el gobierno para enfrentar este multifacético y complejo escenario? Hay ciertamente sectores muy exitosos que enfrentan dificultades para continuar produciendo, debido a la escasez de insumos. También debemos resolver dificultades de logística y acceso a países exportadores de cereales, legumbres, oleaginosas, aceites, y carne de vacuno. Mientras tanto, los precios siguen al alza. Pero más importante ¿Cómo se intenta abordar la “inseguridad” alimentaria que enfrentamos? No olvidemos que, en el mes de abril, el ministro Valenzuela nos dijo en su “Decálogo para una agricultura verde”, que tenía como objetivo “… recuperar al 2026 la producción de cereales, carne, y leche que se ha perdido, según el censo agrícola” (El Mostrador, 12 de abril).
Así las cosas ¿Qué medidas ha dispuesto el gobierno? A nivel nacional, hay promesas de “bonos” para las familias más vulnerables, que les permitiría acceder a alimentos básicos. En cuanto a medidas sectoriales, es posible identificar dos proyectos principales asociados a “seguridad alimentaria”: El primero, el Plan “Siembra por Chile” -dado a conocer por el ministro Valenzuela (abril) como aporte al esfuerzo nacional para reactivar la economía- está dirigido a incentivar la producción de cultivos tradicionales, apoyar a la agricultura familiar campesina, y a robustecer la actividad de las ferias libres. El segundo -anunciado en junio- es la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria, cuyo objetivo sería producir el “insumo central” para la preparación de un Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, y que abordaría también, temas de la contingencia y del corto plazo (Prensa, MINAGRI). Según la información difundida por MINAGRI, habría ocho ministerios comprometidos con este proyecto. Más recientemente (8 de julio) el Ministerio de Agricultura informó que se había iniciado el trabajo de las tres subcomisiones que integran dicha comisión: Disponibilidad de Insumos y Alimentos; Acceso a Alimentos; y Logística. En esta instancia, habrían participado los Ministerios de Economía y Transporte, pero no se informó de la participación de la Cancillería ni de la Subrei, los que deberían jugar un papel clave en temas de acceso a mercado y/o abastecimiento alimentario. El sector frutícola también habría estado ausente del evento. Estas iniciativas parecen haber dejado fuera de la ecuación al componente internacional.
Y todo parece indicar que -al menos por ahora- nos estamos quedando en el corto plazo y en casa. No sorprende, sin embargo, dadas las dificultades que hemos visto para aterrizar y convertir en medidas concretas, la política exterior y comercial propuesta en el programa del candidato presidencial. Sugiero a este respecto que, en lo fundamental, deberíamos garantizar la alimentación de la población, asegurando la disponibilidad y acceso a suficientes alimentos sanos, saludables, y nutritivos, en el marco de un sistema alimentario estable y sustentable. Debemos comenzar por los grupos más vulnerables, pensando en medidas de corto, mediano y de largo plazos, y enfrentando simultáneamente las “aristas” nacionales e internacionales de este desafío. Si alguien cree que podremos enfrentar los desafíos de “seguridad” y “soberanía” alimentaria, sin abordar los temas de desigualdad que se derivan del actual modelo productivo, de la apertura económica, de los compromisos internacionales ya adquiridos, y de nuestra inserción en una “globalización” que se desmorona a pedazos, terminará decepcionado.
Sugiero, una vez más, mirar nuestro entorno y enfrentar el desafío de la seguridad alimentaria en el marco de una propuesta de integración regional para Latinoamérica. Después de todo, en la actualidad, más del 60% de nuestras compras de alimentos ya proviene de países de América Latina (ALADI) y tenemos acuerdos comerciales (TLC) con todos los países de la región. Más importante, los países miembros de la Asociación -como grupo- somos por mucho, excedentarios en la producción y exportación de productos agrícolas y alimentos. El único grupo en el que somos deficitarios, son los productos lácteos.
Un proyecto de esta naturaleza nos permitiría abordar de manera integral, los varios desafíos que deberemos enfrentar en la búsqueda de la “seguridad” y “soberanía alimentaria” y, simultáneamente, crear las alianzas que necesitaremos para enfrentar unidos y con éxito, la reconfiguración del orden económico y político internacional, y reconstruir redes de logística comercial alimentarias sólidas y resilientes.
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